Unidos

• Entre prisiones preventivas oficiosas, bloqueos de cuentas, fiscalías interesadas, jueces incompetentes, y la tremenda Corte, estamos indefensos y desamparados

Macario Schettino / CAMBIO 22

Continúa la destrucción de la legalidad en México, como usted sabe. Aunque nunca hemos vivido en un Estado de derecho, propiamente hablando, nos acercamos bastante a partir de 1995. Treinta años después, se destruyó al Poder Judicial y se ha reemplazado con “jueces” electos mediante un proceso absurdo, amañado, y en estricto sentido, ilegítimo.

Es posible que algunos de los elegidos tengan algo de conocimiento de su puesto, pero abundan ejemplos de personas que llegaron a decidir sobre temas que desconocen, sin idea de los procedimientos, e incluso, de las leyes sobre las que tendrían que basar su decisión. Las sesiones de la Corte son de pena ajena.

En México, la ley jamás ha sido el eje sobre el que funciona la sociedad. Desde el primer virrey, optamos por administrar la aplicación de las leyes para evitar conflictos inmanejables. Refrendamos esa actitud en el siguiente siglo y desde entonces mantuvimos una relación lejana con la Corona y con sus leyes. Aunque nos encanta el formalismo, y a la menor oportunidad redactamos constituciones, o las ampliamos sin medida, lo de cumplir lo escrito no se nos da.

Como en cualquier sociedad, la ley es un instrumento de última instancia. La convivencia diaria se rige por costumbres y tradiciones, y es sólo cuando éstas se rompen que se hace necesario recurrir a las leyes y a los cuerpos que las hacen cumplir. En nuestro caso, esa última instancia no ha sido (salvo en el periodo mencionado al inicio) utilizada con frecuencia. Las policías no gozan del respeto de la población, ni tienen tampoco mucho interés en aplicar la ley. Antes de llegar al extremo, nos guiamos por la máxima de que vale más un mal arreglo que un buen pleito.

En consecuencia, hemos sido un país de negociaciones permanentes, que cuando no nos gustan llamamos “transas”. Si alguien quería invertir para producir autos, tenía que negociar con el gobierno, cuyos representantes negociaban coimas o de plano participaciones. Defender la propiedad de un terreno llevaba a negociar con autoridades, notarios, invasores y, frecuentemente, se facilitaba la negociación a balazos. Negociamos la paz social, la economía, el “desarrollo urbano…” Todo.

Fuente: El Financiero

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