Erik González / CAMBIO 22

Playa del Carmen, a 13 de noviembre de 2024. – Todo parece complicarse en el caso de una madre quien fuera acusada por su expareja por el delito de corrupción de menores y consumo de drogas y bebidas alcohólicas antes, durante y posterior al parto de su hija la llevo a ser detenida sin el debido proceso y en la actualidad sin poder acceder a la convivencia con su hija resguardada en el DIF de Solidaridad.

Este caso, como muchos en los que esta involucrado el tema de la patria potestad de los hijos entro dos tutores se ve involucrada la corrupción de las instituciones judiciales y juzgados donde se supone impera la impartición de la justicia de forma imparcial.

Como lo comenta la víctima, su abogada y la red de apoyo de mujeres que sufren violencia vicaria, desde el simple hecho de girarle una orden de detención por el supuesto delito de corrupción de menores hacia su propia hija por ser una persona que consume drogas, en particular marihuana, al momento de estar alimentando a su hija que a la fecha tiene un año de edad y le fue arrebatada de manera injusta y violenta por parte de las autoridades en los juzgados familiares, cuando solo ella iba en modo de presentación y de conocer el tipo de denuncia que giraba en contra de ella.

La red de apoyo de madres violentadas, quienes al conocer el caso se sumaron para dar apoyo a la victima quien solo pide le sea devuelta su hija y que no quede en manos del supuesto padre biológico de la misma con el cual la acusada solo tuvo una relación sentimental que duro muy poco por problemas de violencia. El día de su detención en la cual solo estuvo presente la abogada de la acusada  y la madre de la acusada fueron violentados sus derechos ya que al solicitarle a la niña para realizarle una supuesta prueba de dopaje para determinar si en el cuerpo de la infante existan restos de THC, la acusada se percato que la intención era separarla de su hija para ser entregada a supuesto padre con el que no comparte ni los apellidos.

De manera violenta, refiere una de las madres de esta red de apoyo, a Nalley “N” fue amagada, esposada de manos y pies, como si se tratara de un criminal de alta peligrosidad; la abuela materna trato de retener a la menor pero de igual manera fue detenida por agresiones contra la autoridad y ambas fueron dispuestas a la Fiscalía General del Estado para ser procesadas de manera inmediata y a Nallely ser trasladada al Ce.Re.So. de Cancún como si ya hubiera sido sentenciada.

Claramente en todo este proceso se pueden ver una serie de inconsistencias y una red de corrupción hacia dentro de los juzgados y la FGE ya que este caso se tuvo que abordar desde la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, el GEAVIG y otros elementos y no tratarlo como un proceso penal. La forma en que pretendían arrebatarle sus derechos hacia su hija quien la ley nos dice debe ser quien debe tener la patria potestad por naturaleza, entre otras irregularidades.

Afortunadamente gracias a la intervención de su abogada quien logro revertir la detención y que saliera en libertad ya que no se se habían violado muchos de los derechos de Nallely, y  un juez quien dictamino que la menor fuera a resguardo de DIF Solidaridad con visitas controladas hasta que se resuelva este caso.

La red de apoyo de madres violentadas, la acusada y su abogada exigen que se aclare el proceso y hacen un llamado al Gobierno Estatal para que intervenga y pueda limpiar esa red de corrupción que persiste en el sistema judicial del Estado.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

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