Una Mirada Sobre la Violencia Contra las Mujeres en Quintana Roo

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

En el estado de Quintana Roo, ubicado en el extremo oriente de México, se encuentran centros turísticos de talla internacional como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres, Cozumel, entre otros, mismos que en los últimos años han sido escenarios de violencia sistémica contra mujeres con delitos como feminicidios, violencia vicaria, violencia doméstica, trata de personas con fines de explotación sexual, pornografía infantil, sin que esta crisis en la seguridad de las mujeres sea una prioridad para las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal.

De acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2025, se registraron en el país 721 feminicidios, de los cuales 16 se perpetraron en Quintana Roo, el 2.2 por ciento del total nacional; sin embargo, éstas y otras cifras de incidencia delictiva del referido organismo del gobierno federal han sido cuestionadas por organizaciones civiles e instancias académicas y de investigación, debido a que no concuerdan con los casos de los cuales tenemos conocimiento tanto por relación directa con las familias, así como lo publicado en medios de comunicación.

El gobierno federal, constantemente cambia la metodología para documentar la incidencia delictiva, con la finalidad de esconder los fracasos de sus políticas públicas en materia de seguridad pública, a tal grado que hay feminicidios que se reportan como suicidios, como fue el caso de Agostina Jalabert, víctima de feminicidio en el año 2023, en Playa del Carmen, a pesar de que la Fiscalía contaba con evidencias forenses que probaron el delito de feminicidio, lo que permitió que el responsable se diera a la fuga.

Mientras la tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres durante 2025 fue de 1.06 a nivel nacional, en Quintana Roo esa tasa llegó a 1.53.

El municipio de Benito Juárez, donde se encuentra el centro turístico de Cancún, ocupa el número 9, con siete feminicidios, de los 20 municipios del país que aglutinan el 27.3 del total de feminicidios de México.

En Quintana Roo, de enero a diciembre de 2025, se reportaron 25 mujeres víctimas de homicidio doloso, el 1.2 por ciento de las dos mil 74 víctimas del mismo delito a nivel nacional.

Una cifra que no desciende desde hace muchos años en Quintana Roo es la tasa de homicidio culposo por cada 100 mil mujeres. De enero a diciembre de 2025, Quintana Roo ocupó el primer lugar con 15.81, lo que representó 165 casos, mientras que a nivel nacional los casos llegaron a tres mil 196 con una media de 4.69.

En las estadísticas de víctimas mujeres de trata de personas, Quintana Roo, sigue ocupando el primer lugar con 485 durante 2025, cifra que representa el 58.2 de la incidencia de ese delito en todo el país, según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En medio de esta violencia generalizada contra las mujeres en el estado, caracterizado por una fuerte movilidad de población nacional e internacional, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la asociación civil Maya sin Fronteras, hacemos énfasis en la violencia vicaria cuyas denuncias han ido en aumento en los últimos años, ya que a partir de 2022, se incluyó la figura en la legislación local, sin embargo, ni la Fiscalía de la entidad ni el Poder Judicial están preparados ni existe voluntad política para procurar y administrar justicia con un enfoque que beneficie a las víctimas, persiste la negligencia, el tráfico de influencias y la impunidad.

En los casos de violencia vicaria documentados en Quintana Roo hemos identificado diversos patrones entre los que destaca que los victimarios son hombres ligados al poder político y económico de los principales centros turísticos de la entidad, lo que les permite, por medio del tráfico de influencias invisibilizar a las víctimas.

Quintana Roo le sigue atrayendo divisas, inversiones extranjeras por medio del turismo a México, pero también es un campo propicio para la violencia contra las mujeres, la trata de personas, la pornografía infantil y la impunidad.

Organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya documentan lo que pasa por estas tierras, mientras que a las autoridades locales ya optaron por la indiferencia.

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