Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

La productividad del Congreso de Quintana Roo está en entredicho, quienes integran la XVII Legislatura pasarán sin pena ni gloria porque solo llegaron a ese puesto de elección popular en busca de satisfacer sus intereses personales y de grupo, para lo cual solo bastó avalar el último año de gobierno de Carlos Joaquín González y de ponerse a las ordenes del nuevo gobierno de la 4T, la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo no existe a tal grado que por obedecer las instrucciones de la gobernadora para disminuirle presupuesto a los órganos autónomos, incluyendo al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les recordó el principio de no regresividad.

En una primera controversia constitucional del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad, la SCJN resolvió que el Congreso no puede reducirle el presupuesto al Poder Judicial, como lo aprobó en diciembre pasado, lo que obligó al Congreso a reformar su reforma y sacar al Poder Judicial de la lista de los organismos a los que si les puede quitar presupuesto cuando se le de la gana a la gobernadora.

Ahora, el Poder Judicial, presentó otra controversia constitucional, ya aceptada, para que la SCJN analice su petición que le aprueben 300 millones de pesos más para el 2023, como lo solicitaron en su anteproyecto de presupuesto y que no se metan con los salarios de los magistrados que rebasan el supuesto salario que recibe la gobernadora.

En los asuntos de Uber y conflicto limítrofe entre Yucatán y Quintana Roo también tuvo que intervenir el Poder Judicial de la Federación, porque el Congreso del Estado no tiene la capacidad de resolver los asuntos con acciones legislativas claras que beneficien a la sociedad quintanarroense, además, con la intervención del PJF se ha demostrado que las personas legisladoras de Quintana Roo ignoran para qué sirve la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como se interpreta, porque si los jueces federales han resuelto de forma adversa a las decisiones del Congreso es porque la ignorancia de quienes integran la legislatura y sus asesores en materia constitucional es evidente.

En agosto próximo se cumple un año que inició actividades la XVII Legislatura, la cual ha tenido más de diez meses para legislar en favor del pueblo de Quintana Roo, pero sus integrantes están más ocupados en negociar su reelección o saltar a otro puesto de elección popular que legislar, porque se les debe recordar que son personas servidoras públicas y que se les paga para legislar y no para hacer relaciones públicas.

Diez meses ya fueron suficientes para que se hicieran reformas legislativas eficientes para atacar la violencia que todos los días desangra a Quintana Roo; el tema de la movilidad no se ha resuelto de manera integral, el deterioro al medio ambiente sigue, los feminicidios están a la orden del día, el campo quintanarroense se encuentra olvidado, los servicios estatales de salud destinan el presupuesto a otros rubros, menos para atender los requerimientos de hospitales y centros de salud de la entidad.

¿Entonces a qué se dedican las y los diputados?

Recientemente, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, analizó el desempeño de quienes integran la XVII Legislatura al revisar las iniciativas con los que se demuestra que estuvieron prácticamente inactivos durante período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional.

De las 337 iniciativas recibidas al 31 de mayo de 2023, solo 77 concluyeron en un decreto, es decir, solo el 23 por ciento, las demás se encuentran en trámite o simplemente fueron enviadas a la congeladora. Dos de cada 10 iniciativas han pasado al pleno.

En el segundo periodo ordinario de sesiones que abarcó del 15 de febrero al 29 de mayo fueron presentadas 142 iniciativas, de las cuales el 14 por ciento son de carácter cívico.

Hay un grupo de diputados que se dedican a declarar sobre cualquier tema que es de interés para la ciudadanía, pero al revisar su trabajo legislativo, éste no existe.

La asociación civil, observó que se presentaron un gran número de propuestas de carácter cívico y de conmemoración, con temas diversos como el de establecer el día de Manatí, el día de las personas de talla baja del Estado de Quintana Roo, el día del Policía de Quintana Roo, el día del Emprendedor Quintanarroense, el día del tlacuache, pero en materia legislativa no hay trabajo, incluso sobre las necesidades sociales que están implicadas en esos días propuestos.

Entre las leyes o reformas aprobadas se encuentra la Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia del Estado de Quintana Roo, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad, Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad.

La Ley de Seguridad Ciudadana es un proyecto que salió de la oficina de la gobernadora, el cual las diputadas y los diputados no le hicieron ninguna adecuación, la aprobaron tal como les llegó, entonces dónde está el trabajo de la diputada morenista Mildred Concepción Ávila Vera, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, así como de los demás miembros de esa comisión.

A Mildred Ávila Vera ya no le interesa el Congreso, ahora trabaja por la presidencia municipal de Cancún, donde dice que tiene capital político desde que fue destacada activista del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Renán Sánchez Tajonar, coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y dirigente estatal de ese partido en la entidad desde el pasado 5 de marzo, se dedica a su campaña proselitista por la presidencia municipal de Cozumel, donde despacha desde su casa de atención ciudadana como diputado, por lo que el trabajo del Congreso se lo encarga a sus asesores, que saben de todo, menos de legislar.

 

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