Un Sector Privado Dividido y sin Rumbo

Darío Celis / CAMBIO 22

EMPIEZA A ARRECIAR el proceso de elección del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Mañana se abre el registro de candidaturas y se cierra el próximo día 11. Del 14 de noviembre al 5 de diciembre los aspirantes realizarán campaña, y en la segunda semana del próximo mes se llevará a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria, donde se votará al sustituto de Francisco Cervantes.

Como ya se apuntó en este espacio, hay cuatro personas interesadas: los que seguro se registrarán son los expresidentes de la Coparmex y del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), José Medina Mora y Juan Cortina, respectivamente.

La otra es Sofía Belmar, presidenta de Prudential Seguros y epresidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Y el cuarto es el expresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza. Se avizora un jaloneo de pronóstico reservado porque el sector privado está totalmente dividido.

Hay grupos que ya no les interesa tanto la interlocución con la 4T y se están aferrando a Cortina y Medina Mora.

Antonio del Valle Perochena, uno de los tres presidentes del poderoso Consejo Mexicano de Negocios (CMN), no quiere a una mujer en el CCE y empuja con todo a su amigo desde la infancia, Cortina.

Pero varios grupos industriales no lo quieren, porque no es conciliador y lo ven mal, porque no es hábil políticamente.

Ninguno de los dos, ni Cortina ni Medina Mora, cuentan con el respaldo total de las cámaras y asociaciones ni tampoco han tendido puentes.

Ambos son ultraderechistas y sus seguidores le están cerrando mezquinamente los espacios a Belmar y a Carranza.

El factor Carlos Slim Helú también está pesando.

Todo está revuelto a, prácticamente, un mes de la elección, y va ser difícil lograr un candidato de unidad.

Pero gane quien gane en la elección, la presidenta Claudia Sheinbaum se va sentar con él o con ella. Sin embargo, una cosa será sentarse para la foto y otra muy distinta tener diálogo.

EL SINDICATO DE Sobrecargos de Aviación de México (ASSA de México) atraviesa un momento decisivo. Las elecciones internas que se llevarán a cabo del 1 al 10 de noviembre podrían marcar un punto de inflexión: o bien abrir la puerta a una renovación genuina, o confirmar el retorno de viejas prácticas. Una candidata es Teresa Torreblanca, cuya postulación ha desatado controversia. Se señala que su proyecto carece de una ruta clara, y que enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en su situación gremial. Otras candidaturas también generan inquietud, como la de Rafael Munguía, que  enfrenta señalamientos por inconductas laborales y una trayectoria sindical irregular, mientras que el resurgimiento de figuras asociadas a Alejandra Barrales y Ricardo del Valle, ambos exsecretarios generales, que tendrían en Beatriz Griselda Mejía, a su candidata, lo que despierta el temor de un regreso a los años del uso político del sindicato poniendo en riesgo su soberanía, autodeterminación y autogestión. Con ese panorama, las elecciones de noviembre no sólo definirán quién encabece la dirigencia, sino el rumbo mismo de ASSA de México: transparencia y reconstrucción, o control y opacidad.

EDUARDO TRICIO COMPRÓ, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, 200 millones de Certificados de Participación Ordinaria (CPO) de Grupo Televisa, con un valor aproximado de 100 millones de dólares. Es probable que el dueño de Grupo Lala lo haya hecho por el buen desempeño operativo tanto de IZZI como de TelevisaUnivision en los primeros nueve meses de 2025. De hecho, en las últimas semanas la acción del consorcio que copresiden Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia ha crecido 37.8% y luego de estas inversiones seguirá subiendo todavía más. Además, la mayoría de los bancos y fondos de inversión calificaron al grupo como positivo para compra de acciones, lo que le da un entorno muy favorable en el mundo bursátil. Tricio es un empresario muy conservador y seguramente luego de lo riesgosa que se ve su inversión en Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, por los conflictos aéreos entre México y Estados Unidos, está comprando acciones de una empresa que le dé certidumbre y, a la par, ganancias en los siguientes meses. Y se subraya la palabra “ganancia”, pues es de las compañías que más han subido este año de valor en la bolsa, que preside Marcos Martínez, y cuyos números y EBITDA de sus negocios se ven muy sanos, amén de que las audiencias que genera son enormes y con el Mundial 2026 en puerta, y siendo la única titular de derechos estas audiencias, van a aumentar aún más.

A PROPÓSITO DEL Mundial de futbol, parece ya una premonición, pero hizo bien la presidenta Claudia Sheinbaum en cancelar el evento de ayer para presentar detalles de los avances en su organización. Ya es la quinta vez que lo hace, pero era imposible hablar de un festejo ante el artero asesinato, el fin de semana, del presidente de Uruapan, Carlos Manzo. Otra vez estaban convocadas las secretarias de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Turismo, Josefina Rodríguez; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva; la representante de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas; la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y de Nuevo León, Samuel García. Ya se buscará un nuevo espacio para ofrecer información de lo que se ha avanzado y de lo que falta por hacer. Se buscará que la sede del anuncio sea lo que fue la casa presidencial de Los Pinos.

POR CIERTO QUE el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya no sabe a quién exprimir para allegarse recursos a fin de concluir obras estratégicas de movilidad y de infraestructura esenciales para la Copa de Futbol de 2026, en el que Monterrey será sede de cuatro partidos. Una de las estrategias del político emecista es presionar a siete pedreras para arrancarles unos 450 millones de pesos de supuestos adeudos por concepto de impuestos verdes. García inició una cacería bajo el argumento de que incurren en delitos ambientales. Las empresas, generadoras de empleo y actividad económica, denuncian cobros de impuestos, inspecciones, multas y cierres injustificados. Estos hostigamientos han provocado que el material de construcción esté escaso en el estado o cuyos precios, como el block y el concreto, estén por las nubes.

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