Un “Error” del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos Provoca que la SEDENA Pague Más de 9 Mil Millones de Pesos a un Particular

Redacción / CAMBIO 22

Un juez federal condenó a la Sedena a pagar hasta 9 mil 534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STD), porque el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos cometió dos errores básicos: no acreditar su personalidad como apoderado de la dependencia, y otra pifia, al presentar una apelación fuera de tiempo.

Se trata de la empresa de José Susumo Azano, que demandó en septiembre de 2023 para reclamar el pago de 13 facturas derivadas de 9 contratos para equipos de espionaje, adjudicados directamente por la Sedena entre 2010 y 2012.

“Se condena a la parte demandada (Sedena) al pago del monto de las obligaciones incumplidas actualizadas”, ordenó Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa.

“La cantidad adeudada total, actualizada con sus accesorios ascendería a 9 mil 534 millones de pesos”, agrega el fallo, notificado el 21 de noviembre.

La Sedena rescindió los contratos con STD desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la entonces PGR investigó el caso.

Cuando la Sedena contestó su nueva demanda, STD alegó que el General Pedro Bonilla Muñoz, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Jorge Suárez Becerril, Subjefe Jurídico, no acreditaron su personalidad.

“El escrito en donde Pedro Bonilla Muñoz, en su carácter de Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se ostentó como representante legal de la Sedena, se tiene como no presentado al no haber acreditado su personalidad”, resolvió el juez en marzo de 2024, cuando declaró a la dependencia en rebeldía y confesa de todo lo reclamado.

Al apelar esta decisión, la Sedena se volvió a equivocar, pues presentó el recurso de manera extemporánea, según resolvió un Tribunal Colegiado de Apelación, el 3 de julio de 2024, en una sentencia que quedó firme el 16 de agosto de ese año.

Como la Sedena no se defendió, el juez Regis, quien fue candidato a Ministro de la Corte en las elecciones de junio pasado, tuvo que condenar al pago de todas las prestaciones reclamadas por STD.

La Sedena apeló esta sentencia el 2 de diciembre, pero no hay manera de revertir la decisión sobre la falta de personalidad de sus apoderados, pues ya es cosa juzgada.

STD era una de las vendedoras en México del software de espionaje Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de STD y Susumo Azano.

El empresario, además, fue condenado en 2017 a tres años de cárcel en California, por hacer aportaciones ilegales de 600 mil dólares a campañas de varios políticos de San Diego, donde tenía dos residencias.

Fuente: Reforma

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