“Un Disparo en Ciudad Judicial”; Crónica de un Rumor que Salió a la Luz en la Sangre

• El Violento Oficio de Escribir

Alfredo Griz/CAMBIO 22

La Ciudad Judicial, esa mole de concreto y trámites, no es lugar pensado para la sangre. Allí se cruzan expedientes, abogados que caminan rápidos, funcionarios con prisa y, a veces, la absurda violencia de la calle que irrumpió un día cualquiera y dejó una pregunta insolente en el aire: ¿por qué mataron a David Cohen Sacal?

David Cohen no era un abogado cualquiera. Su nombre, en los últimos años, apareció pegado a pleitos de alto impacto: litigios comerciales, amparos que buscaban frenar decisiones administrativas, disputas de poder económico que terminan en salas y, con frecuencia, en titulares. Cuando alguien que mete las manos en casos grandes cae bajo las balas, la naturaleza humana busca explicaciones rápidas: venganza, ajuste de cuentas, encargo por dinero. También, inevitablemente, la explicación más explosiva —la que convierte la política en tinta negra—: que el motivo tenía filo político y tocaba a la familia más visible del país.

Los hechos que nadie discute: Cohen salió de una audiencia en Ciudad Judicial. Un agresor lo esperaba. Lo descerrajó a tiros en plena vía pública. Fue trasladado a un hospital con vida y murió horas después. Cámaras, transeúntes y el circuito de la propia sede judicial grabaron fragmentos que las autoridades y los medios difundieron. En cuestión de horas hubo detenidos: al menos dos jóvenes señalados como los que dispararon o colaboraron en el homicidio. Uno de ellos, según versiones periodísticas que circularon en los días posteriores, espetó —en declaraciones atribuidas a fuentes de investigación— que había recibido dinero por el “trabajo”; los montos que se replicaron en columnas y crónicas rondan los 30,000 a 50,000 pesos. Eso consumiría la explicación fácil: sicarios baratos, intermediarios, alguien que apretó el gatillo sin saber el peso simbólico del nombre al que disparó.

Pero la versión que encendió las redes, la que alimentó columnas y convirtió la muerte en escándalo político, fue otra: que Cohen investigaba al hijo del ex Presidente de la República —el hombre conocido en la conversación pública como “Andy”—, y que esa investigación habría sido el móvil. La tesis es simple y potente: si un litigante iba a revelar o ya investigaba a una persona vinculada al poder máximo, entonces el crimen no era un encargo vulgar sino una advertencia con mayúsculas.

Aquí hay que detenerse y separar. Lo que en periodismo de hueso se llama la diferencia entre hecho y rumor:

•  Hecho: el atentado, la muerte, los videos, las detenciones.

•  Rumor/hipótesis: la vinculación directa y probada entre Cohen y una investigación formal sobre el hijo del ex Presidente; y que eso haya sido el móvil determinante del homicidio.

La segunda parte —la que prende la mecha política— se difundió veloz por tres canales: columnas de opinión, mensajes en redes de personajes con influencia y versiones periodísticas que recogían dichos de fuentes no oficiales. En los días posteriores al crimen aparecieron tuits y columnas que afirmaban, con mayor o menor vehemencia, que Cohen tenía en su escritorio pruebas o indicios que afectaban a la familia del ex Presidente. Esas publicaciones fueron el combustible para que la hipótesis saliera del rumor y se posara en la opinión pública como posibilidad real.

Sin embargo, hasta donde consta en el relato público consolidado —lo confirmado por autoridades que intervinieron en la escena y por comunicados oficiales— no existe una certificación pública de que la Fiscalía haya encontrado en la carpeta de investigación pruebas que liguen de forma directa y probatoria a la víctima con una indagatoria formal sobre el hijo del ex Presidente. No es un tecnicismo: es la línea que separa la conjetura del expediente. En los pasillos burocráticos, en las carpetas selladas, la diferencia se traduce en audiencias, imputaciones, peritajes y documentos firmados ante un juez. Fuera de esos documentos, las versiones quedan, por más ruidosas que sean, en la esfera de la intemperie.

¿Por qué, entonces, la versión persistió? Porque en la política mexicana los vínculos y los rencores son moneda corriente; porque un nombre puede valer más que una suma; porque los litigios de alto nivel suelen implicar redes —clientes, adversarios, operadores— que son difíciles de cartografiar públicamente. Y porque, sobre todo, hay un apetito social legítimo por entender si, una vez más, la violencia penaliza a quien se cruza con la familia de un poderoso.

Los datos duros que pueden leerse sin ambages en la investigación pública temprana son austeros y terribles: imágenes que muestran la cercanía del agresor; testimonios de detenidos que describen haber sido pagados; registros hospitalarios con el ingreso de la víctima y el certificado de defunción; aseguramiento de armas; los nombres y edades de dos detenidos que los reportes atribuyeron a la carpeta. Todo eso conforma un esqueleto criminal que no responde automáticamente a una motivación política, pero sí a una cadena de mando que todavía está por definirse.

¿Quién era abogado Cohen en el terreno práctico? Manejó casos que tocaban intereses económicos potentes: cooperativas, empresas, figuras públicas. Esto, en sí, abre la puerta a móviles variados: desde pleitos por propiedad y dinero hasta venganzas entre poderosos y litigios estratégicos que buscan estrangular económicamente a un adversario. Si partimos de la lógica del negocio jurídico, toda lista de clientes de alto perfil trae consigo amenazas y riesgos. Pero comparar “tener clientes poderosos” con “ser objetivo por investigar a la familia del Presidente” es un salto que exige pruebas.

El relato de los presuntos asesinos que, según se difundió, dijeron haber cobrado una suma fija por el “trabajo”, apunta a un modelo recurrente en homicidios por encargo: intermediación económica, ejecución por jóvenes sin experiencia profesional en crimen organizado, y una distancia entre quienes mandan y quienes disparan. Eso, de nuevo, no resuelve el gran enigma: ¿quién ordenó? ¿Por qué ordenó?

En la arquitectura de la sospecha hay un actor que siempre sale a la luz: los intermediarios. Entre ellos: abogados rivales, operadores económicos, empresarios con intereses que se sienten amenazados por juicios. En otra capa, están las interpretaciones políticas: para algunos comentaristas, la posibilidad de que un litigante toque temas que comprometan a la descendencia de un gobernante era suficiente para pensar en una reacción letal. Para otros, la idea sonaba a exageración interesada: convertir un crimen callejero en una guerra política. Ambas lecturas alimentaron la polarización que el caso generó en redes y en los círculos de poder.

El periodismo crudo no inventa certezas donde no las hay. Lo que sí puede y debe hacer es rastrear las piezas: quién pagó a quién, qué audiencias quedaron pendientes en el escritorio de Cohen, qué expedientes tenía abiertos en las semanas previas, si existían amenazas formales (denuncias previas, solicitudes de protección), y si los presuntos ejecutores tuvieron vínculo orgánico o circunstancial con grupos criminales tradicionales. Cada una de esas preguntas abre sub-investigaciones: llamadas a despachos, revisión de notificaciones judiciales, cotejo de seguimientos de inteligencia y, sobre todo, atención a la carpeta ministerial cuando esté disponible.

Mientras la Fiscalía avance y las audiencias asomen nombres que puedan ser presentados ante un juez, la muerte de Cohen seguirá viviendo en dos planos: el indiscutible —un asesinato violento; el de la investigación policial en curso— y el simbólico —la sospecha de que la violencia llegó por tocar a quien no se debe tocar. En tanto, la versión que apunta al hijo del ex Presidente quedó flotando entre declaraciones, filtraciones y columnas que reclamaban pruebas que aún no se ven públicamente, pero que tampoco parecen tan descabellas en este México violento.

Para el lector que busca certezas: por ahora hay una mecánica probada (ejecución, detenciones, señalamiento de pago) y una hipótesis potente (vínculo con la familia presidencial) que aún no está debidamente documentada en términos procesales. Para el observador político: el caso es una bomba de humo que pone sobre la mesa la fragilidad del Estado de derecho cuando los procesos judiciales y las sospechas se mezclan con la publicidad mediática. Y para la opinión pública, queda la sensación cruda de que en México hay nombres que —por su sola mención— oxigenan la sospecha y la violencia.

Si algo deja la escena de Ciudad Judicial, además del cuerpo sin vida de un litigante, es la constatación de un riesgo republicano: cuando la política y el dinero se entrelazan con la justicia, la transparencia se vuelve imprescindible para que los rumores no devoren la verdad. La exigencia mínima, entonces, es elemental: que la investigación avance con papeles, imputaciones y audiencias públicas que disipen o confirmen la versión más explosiva. Hasta que eso ocurra, lo que queda es la crónica del rumor y la evidencia puntual de un crimen que, en su brutalidad, desnudó la necesidad de respuestas claras.

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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