• Boom inmobiliario y despojo de tierras en el Caribe mexicano: Tulum en el epicentro de la controversia

 

• Red de corrupción y despojo de tierras en Quintana Roo: el caso de Tulum bajo escrutinio

 

Redacción/ CAMBIO 22

;TULUM | En el caribe mexicano, paralelo a la violencia cotidiana y normalizada con ejecuciones por la disputa de la plaza para el narcomenudeo y todo lo ilegal imaginado; desde Cancún, pasando por Puerto Morelos, Playa del Carmen hasta Tulum, se vive un boom inmobiliario que conlleva invasiones y despojos de terrenos en las que están involucradas todos los órdenes de gobierno.

Tulum es el más grande ejemplo de invasiones y despojos, donde las autoridades locales aseguran que los “invasores” han creado una comunidad semianárquica que atenta contra la reputación de Tulum como un sitio donde abunda la violencia y amenaza el turismo; sin embargo, ahora se sabe que muchas invasiones son orquestadas desde alto nivel gubernamental: promueven invasiones con gente necesitada en áreas naturales protegidas, luego desalojan y el terreno impactado, es autorizado para construir complejos residenciales de alta plusvalía, por eso es común ver que en la zona existan desarrollos inmobiliarios millonarios que colinda con zonas de invasión en las inmediaciones del área zona hotelera de la ciudad.

Sobre el tema el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró: “En el caso de Tulum, no nos ven con buenos ojos algunos, ha habido mucho trafique de terrenos…Invasiones, áreas naturales, de tiempo atrás”, subrayó el ejecutivo cuando se le cuestionó que con el Tren Maya y el nuevo aeropuerto las invasiones y despojos de terrenos a ejidatarios se habían incrementado
“Tulum es un botón de muestra de lo que enfrenta el país: una batalla por desaparecer los ejidos en un contexto de pulverización institucional en el que la ambición empresarial se impone a la ley y a los planes de desarrollo sustentable”, escribió la periodista Lydia Cacho sobre los despojos en Tulum.

Datos agrarios consultados por CAMBIO 22 refieren que cuando David Gustavo Gutiérrez Ruiz quien fungió como titular del Territorio Federal de Quintana Roo del 1 de enero de 1971 al 13 de febrero de 1975, se realizó la mayor repartición de terrenos agrarios en el estado, destacando los terrenos de lo que hoy conocemos como la alcaldía Bonfil, la Zona Hotelera, Playa del Carmen, Tulum, Mahahual y Bacalar, principalmente aquellos terrenos que colindaban con el mar caribe.

Con Jesús Martínez Ross quien estuvo del 5 de abril de 1975 al 4 de abril de 1981, se privilegió la entrega de títulos agrarios en la zona maya y colindante con los estados de Campeche y Yucatán, pero con la gubernatura de Pedro Joaquín Coldwell quien despachó del 5 de abril de 1981 al 4 de abril de 1987, podría decirse que se llevó a cabo el mayor saqueo y despojo de terrenos en Quintana Roo; grandes empresarios fueron beneficiados con “terrenos nacionales” a precios de ganga, no había oposición ni quien le contradijera a un Gobernador o Presidente de la República

De ese gobierno a la fecha, los litigios por diversos dueños de un predio se incrementaron en un mil por ciento. Residentes mayas reclaman sus tierras ancestrales y en posesión, pero las autoridades están a favor de las grandes inmobiliarias.

Hoy sabemos que dessde el poder se creo y protegió una red inmobiliaria para beneficiar al ex gobernador Carlos Joaquín González, medio hermano de Pedro Joaquín quien despachó del 25 de septiembre de 2016 al 24 de septiembre de 2022, esto, gracias a denuncias de propietarios que sufrieron el mismo esquema de despojo de sus tierras; se descubrió un modus operandi que podría ser uno de los expedientes más fuertes de corrupción durante los últimos meses de la administración del hoy embajador de México en Canadá.

José Alonso Ovando, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) del estado de Quintana Roo, confirmó que la región de Tulum es uno de los principales centros de operaciones de esta red, que a través de empresas ligadas al exgobernador Joaquín González, habría adquirido propiedades de manera ilegal.

“Hay una mafia terrible de despojos a familias, a personas que tienen muchos años y falsificación de títulos de propiedad”, declaró Alonso Ovando tras la salida a la luz de las primeras denuncias de los afectados. La más notoria de ellas, el caso de un adulto mayor que fue despojado de 179 hectáreas de terreno a través de títulos falsos.

“A nosotros mismos nos han falsificado títulos, en Tulum, sobre todo. Tenemos identificados por lo menos tres casos de falsificación de terrenos de muchas hectáreas”, declaró el funcionario (quien fue colocado en el cargo por el propio Carlos Joaquín) a medios locales.

Dentro de las áreas que estarían directamente involucradas con el esquema, se encuentran la exdirectora del Registro Público de Quintana Roo, Layla Lorena Flores Terrazas, así como Solangel Azucena Alonso Madrigal, presuntas responsables de haber dado de alta movimientos ilegales en el Registro Público de la Propiedad sin que cumplieran con los requisitos.

Previo a su nombramiento como representante de nuestro país en Canadá, Joaquín González habría articulado una operación de compra-venta de inmuebles por toda la entidad. Una red de despojos en donde además de los funcionarios señalados, también se encontrarían el notario 109 del estado de Quintana Roo, Manuel Chejin Pulido, quien abría dado “validez” a los movimientos ilegales, bajo la protección del fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales.

En esta red de complicidades figura extitular del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, José Cisneros Paredes. Mientras que Carlos Nassim Joaquín Rejón, hijo del exgobernador, también ha sido señalado por su participación.

La denuncia de Cayetano Nieto, propietario que descubrió que sus 179 hectáreas pasaron a manos de un grupo empresarial ligado al exgobernador Carlos Joaquín, de acuerdo con sus declaraciones, la propiedad pasó en tiempo récord a manos de los funcionarios de Tulum, quienes habrían falsificado documentos públicos en Chetumal, para luego validarlos en la región de Progreso, Yucatán, para después pasar al Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo. Quedando así a nombre de los personajes señalados en la carpeta de investigación con folio 8144/2022.

Otra denuncia por falsificación de títulos públicos y despojo de propiedad se dio en 2021, cuando la señora Natalia S se presentó a las oficinas de la Tesorería municipal de Tulum para ponerse al corriente del pago de impuestos, cuando en la oficina de la Tesorería le informaron que todo se encontraba al corriente. Ante la sorpresa, Natalia se trasladó a los terrenos y vio que estos se encontraban bardeados, y en su interior ya había maquinaria de construcción y anuncios de venta de lotes unifamiliares de un desarrollo llamado “Solemn”.

De acuerdo con declaraciones publicadas a medios, la propietaria regresó a las oficinas de la Tesorería y logró conocer que los dos terrenos de su familia habían sido adquiridos sin su consentimiento por la empresa Akela Development Group SA de CV. De acuerdo con las primeras investigaciones, los funcionarios vinculados a la red de Carlos Joaquín, actual embajador de México en Canadá, estarían involucrados en la adquisición de al menos otra decena de lotes, superiores a los 5 mil metros cuadrados, en la región del sureste mexicano.

Por otra parte, Javier Tun Jiménez, abogado de Cayetano Nieto Colín, dijo en conferencia de prensa que tiene pruebas para que la autoridad impute a funcionarios estatales y municipales, además de empresarios, por su participación en el despojo de varias tierras, sobre todo el realizado en el predio San Arturo, propiedad de su defendido, que está ubicado a un costado de la carretera estatal Tulum-Cobá.

El abogado asegura que el terreno de su defendido se lo adjudicó, a través de documentos falsos, el Grupo Ferram, integrado por Andrés Millet González, Roberto Fitzmaurice Lubcke y Roger Alberto Evia González; además de las personas físicas Edgardo Alberto Díaz Aguilar, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez, Denis Alaín Jiménez Santos, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez, Sandra Irene González y Ana Yamilett Espinosa Ponce. “Todos quedaron como dueños de 148 hectáreas de las 179 que le pertenecen a don Cayetano Nieto Colín”, subrayó.

El litigante agregó que, como resultado de las investigaciones, descubrió que Denis Alaín Jiménez Santos, uno de los “compradores”, es esposo de la actual sexta regidora del Ayuntamiento de Tulum, Paulina Yadira Malpica Yáñez, quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Ambiente y Protección Animal.

También se conoció el litigio de más de 70 familias del ejido Pino Suárez que han denunciado afectaciones por parte de particulares desde 1974, así como una serie de irregularidades cometidas por autoridades administrativas que empantanan aún más el conflicto en tribunales federales.

El juicio se refiere a más de 160 hectáreas colindantes con el mar Caribe, las cuales el ejido busca se le reconozcan con base en la resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 1973. La comunidad José María Pino Suárez se ubica a cuatro kilómetros de lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y las tierras en disputa son codiciadas por su colindancia con el Caribe.

Los predios cayeron en manos de inversionistas extranjeros que buscan vender los lotes para desarrollos turísticos aprecios millonarios, con la promesa de que los compradores obtendrán una porción de playa.

Los ejidatarios afirman que uno de los títulos de propiedad que los despoja de más de 100 hectáreas de territorio es nulo y que la venta de un terreno que originalmente estaba en el municipio de Felipe Carrillo Puerto debe ser anulado, ya que esa operación afectó tierras del ejido que no podían ser vendidas a particulares. En el juicio, los hoteleros interesados en quedarse con las tierras afirman que adquirieron predios colindantes con el mar Caribe, mientras que los del ejido colindan con un pantano.

Sin embargo, de acuerdo con la mencionada publicación del Diario Oficial, la población ejidal José María Pino Suárez, hoy municipio de Tulum, colinda con la Zona Federal Marítimo Terrestre del Mar Caribe de la Zona Continental de la entonces Delegación de Cozumel, Quintana Roo.

En octubre de 1974, cuando Quintana Roo ya era reconocido jurídicamente como un estado de la República, el Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez se convirtió en el municipio de Cozumel; el 28 de julio de 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ese municipio se convirtió en Solidaridad, con Playa del Carmen como cabecera municipal. Para el 8 de mayo de 2008, con la parte sur de Solidaridad, es decir, donde se encontraba el ejido de José María Pino Suárez, se creó el municipio de Tulum.

El 16 de mayo de 1991 el entonces secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, emitió un título de propiedad identificado con el número 79152 a nombre de Enrique Humberto Fuhrken Chellet, sobre 61 hectáreas de tierras del ejido José María Pino Suárez.
 
Por ello, desde 2013 los ejidatarios buscan en tribunales que se reconozca judicialmente que estas tierras, vendidas a particulares, en realidad pertenecen al poblado de José María Pino Suárez y que los títulos de propiedad sobre las mismas, tanto el de Fuhrken Chellet como los que tengan los compradores de las fracciones de Punta Piedra, son nulos.

De este modo, la comunidad ejidal busca que esos predios sean devueltos a las familias que han sido afectadas desde hace 50 años con este tipo de irregularidades. En 2014 el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 falló en contra de los ejidatarios, pero 10 años después el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, ordenó reponer el procedimiento en el juicio agrario, con lo que invalidó todo lo actuado desde el 13 de febrero de 2013.

Sin embargo, en su resolución, los magistrados federales no estudiaron ni siquiera si el título de propiedad 79152, del 16 de mayo de 1991, es o no ilegal, mientras que hasta el momento no existe un pronunciamiento judicial sobre la legalidad de los trámites realizados por González Avilés para vender terrenos que originalmente pertenecían al ejido ubicado en Tulum.

“El hambre” por los terrenos de Tulum, también figuran políticos extra estatales como Nicolás ‘Nico’ Mollinedo Bastar, exchofer de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que según Latinus, son los dueños de un terreno de 645 mil metros cuadros que se ubica frente a la que es la estación del Tren Maya en Tulum.

El reportaje de Isabella González señala que el gobierno federal construye la estación de Tulum al lado de un parque turístico propiedad de la familia Mollinedo Portilla y administrado por los tres hijos de “Nico”: Nicolás, Samuel e Isaac René.

Dicho terreno cuenta con un cenote, regaderas, palapas, área de comida, baños y un espacio comercial para la renta de esnorquels; por el cual se cobra una entrada de 500 pesos por visitante. Sin embargo, dicho parque, que ya genera ganancias a la familia, así como otros negocios registrados al mismo nombre de Preservación Ecológica Sac Actún S.A. de C.V.; ocupa apenas un pequeño porcentaje de las 64 hectáreas que conforman el terreno.

Nicolás, hijo mayor del exchofer de López Obrador, se hizo del terreno en octubre de 2018, dos meses después de que el presidente anunciara la construcción del Tren Maya.

“Los dueños de la empresa Preservación Ecológica Sac Actún que administra el parque son Lydia Esther Portilla Mánica, exesposa de “Nico”, y su hermano, Jorge Alberto Portilla Mánica, actual secretario general del Ayuntamiento de Tulum”, cita la periodista.

Por su parte, Samuel, el segundo hijo de Mollinedo Bastar, es regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), donde es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad en este municipio de Quintana Roo. El reportaje también exhibe cómo la familia de Nicolás Mollinedo Bastar se ha hecho de puestos importantes dentro de la política, gracias a su amistad y activismo alrededor de la imagen de AMLO.

 

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