Tulum, El Paraíso que se Desangra en Silencio

Redacción/ CAMBIO22

Tulum no está muerto, pero atraviesa una crisis que ya nadie puede ocultar. Lo que sucede no es una simple baja de temporada ni un ajuste pasajero: es un desgaste profundo que afecta la economía, la seguridad y la confianza de toda una comunidad que por años vivió del turismo.

La vida cotidiana se ha vuelto más incierta. Los precios de los traslados, la comida y los servicios están fuera de toda proporción. Un viaje desde el aeropuerto puede alcanzar tres mil pesos, los taxis no tienen tarifas claras, y los restaurantes que antes vivían llenos ahora sobreviven con la mitad de sus mesas vacías.

Comer frente al mar se ha vuelto inaccesible incluso para muchos locales. Los visitantes se marchan con la sensación de haber pagado demasiado, mientras los habitantes enfrentan el aumento constante de los costos y una reducción real en su ingreso.

El punto de inflexión llegó con el asesinato del secretario de Seguridad Pública, José Roberto Rodríguez. A partir de ese hecho, Tulum cambió. La incertidumbre se instaló en el ánimo colectivo. La presencia policial aumentó, los operativos se multiplicaron, pero la tranquilidad no regresó. El temor sustituyó a la confianza, y la percepción de inseguridad se convirtió en una herida abierta.

Al mismo tiempo, se han cerrado negocios de distintos giros. Comercios, hoteles y restaurantes que firmaron contratos de renta por un año ya no logran cubrir sus costos operativos.

Las ventas cayeron, el flujo de turistas disminuyó y los gastos fijos se mantienen. Muchos empresarios no pueden sostener las rentas ni las nóminas. Esa carga los está llevando al límite. Lo que antes era un modelo próspero se ha vuelto una trampa económica. Cada cierre representa familias afectadas, empleos perdidos y un eslabón más roto en la cadena turística.

A todo esto se suman las restricciones y los nuevos cobros en zonas naturales bajo control federal. La población local se siente apartada de sus propias playas, como si el mar se hubiera vuelto un privilegio administrado. Las playas deberían ser espacios de encuentro, no de exclusión.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la situación es preocupante. Se está vulnerando el derecho al trabajo digno, a la seguridad personal y al acceso a los bienes comunes. Detrás de las cifras hay personas que han dejado de dormir tranquilas, familias que dependen de un turismo que ya no alcanza para todos y jóvenes que contemplan un futuro incierto.

Tulum necesita medidas concretas. Regular las tarifas de transporte, eliminar los cobros injustificados, revisar los contratos de renta comercial, ofrecer incentivos temporales y garantizar el libre acceso a las playas serían pasos urgentes para reactivar la economía local y devolver la confianza. La autoridad debe dejar de mirar hacia otro lado y escuchar a quienes producen, emplean y mantienen con esfuerzo la vida del municipio.

A pesar de todo, Tulum sigue de pie. Su gente conserva una fuerza admirable. Son mujeres y hombres que madrugan, que trabajan bajo el sol, que atienden a los visitantes con respeto y que todavía creen en la posibilidad de reconstruir el destino. Esa es la verdadera esencia de Tulum: su gente.

El paraíso no se ha perdido, pero sí está herido. Sanarlo requiere honestidad, coordinación y voluntad. El silencio no resuelve nada. Reconocer lo que ocurre es un acto de responsabilidad, no de crítica destructiva. El turismo volverá a florecer cuando se devuelva la confianza, se respeten los derechos y se ponga por delante la dignidad de quienes hacen posible que Tulum exista.

*Candy Raygoza
*Colaboradora de Diario Cambio 22.
Doctora en Derecho | Maestra en Psicoterapia Humanista | Maestrante en Derechos Humanos | Activista a favor de la Cultura de Paz | Tanatologa | Abogada.

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