Tribunal Ovejuno

En 51,858 casillas -equivalente al 61.5% del total nacional- resultaron electas entre 6 y 9 de las candidaturas promovidas para la Suprema Corte. Esta correlación estadísticamente significativa evidencia la magnitud del impacto de la inducción. Cada vez que Hugo Aguilar Ortiz declare que no tiene compromisos políticos, recuérdenle su afiliación al acordeón. Y, en lugar de investigar el daño, la mayoría oficialista acabó legitimándolo. Lo que era un embuste se transformó en “elección válida”.

Ese es el mundo al revés en el que estamos atrapados. Quienes antes denunciaban el fraude ahora lo fabrican. El PRD que convirtió “¡voto por voto, casilla por casilla!” en grito de guerra, y Morena, que acusaba al IFE de vendido y al Trife de encubridor, hoy son los beneficiarios de un tribunal capturado. Denunciaron a árbitros complacientes y ahora los moldean a su antojo. Lo que antes era “mapachería” ahora es “ejercicio democrático”. La hipocresía institucionalizada.

El peligro de perder a un Tribunal creado para dirimir conflictos postelectorales es obvio. Académicos como Andreas Schedler habla del “menú de la manipulación”: cuando el árbitro está controlado, se facilita el acarreo, el clientelismo, y la alteración de actas. Levitsky y Way documentan cómo los regímenes autoritarios competitivos prosperan gracias a tribunales dóciles que validan abusos. Pippa Norris advierte cómo la destrucción de la confianza ciudadana proviene no sólo de fraudes en sí, sino de saber que no habrá árbitro imparcial que los corrija. Y la consecuencia es doble: más protesta y más apatía. Gente que ya no cree en el voto, o que decide pelear en la calle -recordemos las “concertacesiones” del salinismo o el surgimiento del EZLN- porque el camino institucional se cerró. Así se incuban la violencia y el retroceso democrático.