Redacción/CAMBIO 22

PLAYA DEL CARMEN, 1 de agosto.- El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, ordenó reponer la audiencia incidental derivada del juicio de amparo que interpuso Calica contra la clausura del banco de material pétreo El Corchalito en 2018, audiencia en la que el juez le había negado la suspensión definitiva contra el acto.

La revocación del fallo y la orden de reponer la audiencia incidental se debió a un error del juez, más que por los agravios principales que expuso la filial de la constructora estadounidense Vulcan Materials,  ya que el togado olvidó colocar su firma electrónica en la sentencia que negó la suspensión definitiva.

El asunto se deriva del juicio de amparo indirecto 569/2022 que está radicado en el Juzgado Noveno de Distrito, mismo que en septiembre de 2022 negó el otorgamiento de la suspensión definitiva solicitada por Calica contra la clausura que le impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en enero de 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Contra esta negativa Calica promovió el amparo en revisión 53/2023 ante el Tribunal Colegiado, el cual recientemente resolvió que se debe de reponer la audiencia incidental para que el juez federal decida nuevamente si le otorga o le niega la suspensión definitiva, bajo el argumento de que el primer resolutivo careció de firma electrónica.

En esta revisión, la extractora de material pétreo alegó que en el acuerdo de septiembre de 2022 le fueron vulnerados sus derechos procesales al interponer la demanda de amparo, y entre ellos expuso que la resolución recurrida carece de firma, ya que no cuenta con la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas correspondientes a la persona juzgadora.

Cabe mencionar que el banco del material El Corchalito forma parte del conjunto denominado Sac-Tun, al sur de Playa del Carmen, fue verificado y sancionado en enero de 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto.

El procedimiento se une a las sanciones contra Calica que efectuó el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador en mayo del año pasado, además del pleito legal por la negativa de la actual administración de renovarle los permisos de explotación, por lo que demanda el pago de mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios.

 

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