Tres Revelaciones de las ‘Sedena Leaks’ en México y la Implicación de Gobernantes para la Operación de Organizaciones Criminales

Redacción/CAMBIO 22

Los seis terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron filtrados por el colectivo de piratas informáticos Guacamaya, y que se han conocido en México como “Sedena Leaks”, han revelado un arsenal de secretos celosamente guardados sobre la lucha de México contra el crimen organizado.

Desde denuncias de colusión entre altos funcionarios del gobierno y grandes carteles, pasando por la venta de armas del Ejército a grupos criminales, hasta una amenaza de muerte contra el presidente de México, InSight Crime explora las revelaciones de las Sedena Leaks que se han conocido hasta el momento.

1. ¿El Cartel de Jalisco infiltró el gobierno del estado de Tabasco?

Adán Augusto López Hernández, actual secretario de gobernación y exgobernador del estado de Tabasco, al parecer nombró a tres hombres en altos cargos durante su administración, a pesar de que todos eran sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.

Hernán Bermúdez Requeña, actual secretario de seguridad y protección civil de Tabasco; José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la policía estatal de Tabasco, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director general de la policía estatal, son sospechosos de hacer parte de un grupo del gobierno que apoya al crimen organizado, según informaciones filtradas del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi), de México. Los tres continúan desempeñando sus cargos.

Según un informe del Cerfi del 30 de agosto de 2022, se cree que los tres hacen parte de La Barredora, célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), conectada con el robo de combustible, o huachicoleo.

De los muchos reportes del Cerfi incluidos en las filtraciones, algunos afirman que los integrantes de La Barredora en el gobierno de Tabasco ofrecieron liberar a ciertos presos a cambio de jugosos sobornos. Bermúdez Requeña es sospechoso de ser cercano a Benjamín Mollinedo Montiel, alias “Pantera”, líder de La Barredora hasta su captura en septiembre de 2021.

Según Proceso, Bermúdez Requeña al parecer advirtió a Pantera sobre operativos de seguridad en su contra y ofreció liberar a su cuñado a cambio de 500.000 pesos mexicanos (unos US$25.000).

Proceso informó que en más de diez reportes del Cerfi se identificó a Bermúdez Requeña como líder del CJNG y se le relacionaba además con un reconocido líder de los Zetas.

Bermúdez Requeña ha negado tajantemente las acusaciones, y declaró a Proceso que La Barredora no existió y que, aunque no puede hablar por los 7.000 agentes bajo su mando, duda de la veracidad de los documentos filtrados de la Sedena.

“Este es un buen ejemplo de cómo se construyen redes entre el Estado y las organizaciones criminales, asociaciones que a nivel local pueden reflejar menores niveles de violencia”, comentó a InSight Crime el analista de seguridad mexicano Jaime López-Aranda, quien añadió que aún debía demostrarse la veracidad de los documentos filtrados.

Según él, aunque la violencia en Tabasco es menor comparada con otras regiones de México, los grupos criminales allí pueden maximizar su influencia sobre las autoridades locales para asegurar el buen funcionamiento de sus operaciones. En el caso del CJNG en Tabasco, esto podría extenderse a la extorsión, el contrabando, el huachicoleo y el tráfico de ganado.

2. Venta de armas del Ejército a grupos criminales

Un oficial del Ejército mexicano, que tenía acceso a reservas militares, logró vender 70 granadas de fragmentación, además de armas y equipo táctico, a una célula de narcotraficantes no especificada cerca de la Ciudad de México, según un informe de inteligencia filtrado, cuyo contenido fue publicado por el diario mexicano El Financiero.

Con fecha de junio de 2019, el documento señalaba que los suministros fueron sustraídos de bases militares de la Ciudad de México y el estado de México y vendidos al grupo en Atlacomulco, población cercana a la capital. Igualmente, se informó que cada granada de fragmentación valía $26.000 pesos mexicanos (unos US$1.300). Solo se confirmó la venta de ocho de estas.

En distintas ocasiones, diferentes informes indicaban que el oficial recibía una lista de municiones para abastecer al grupo, lo que incluía rondas y cargadores para rifles AK-47 y AR-15. Finalmente, se dice que ofreció entregar a los criminales información sobre el paradero de un fiscal del estado de México, a quien buscaban para asesinarlo.

3. De huachicoleros a asesinos

Poco después de asumir el mandato en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se fijó como prioridad la reducción del robo de combustible. Aunque menos violento que el narcotráfico, el robo de combustible, o huachicoleo, como se conoce en México, cuesta miles de millones de dólares al año, y las bandas especializadas en esta economía criminal se han convertido en grandes amenazas para la seguridad.

La campaña de AMLO contra el robo de combustible afectó por un tiempo a los huachicoleros, algunos de los cuales consideraron un hipotético ataque contra el presidente. En abril de 2019, se encontró una narcomanta (o pancartas con mensajes de los carteles) colgada de un puente en Guanajuato, con una amenaza contra la vida de AMLO. El grupo responsable, que se cree fue el Cartel Santa Rosa de Lima, decía que dejarían una bomba en la residencia de AMLO, poco después del hallazgo de un dispositivo explosivo en una refinería de Guanajuato.

Pero las Sedena Leaks muestran que esa no fue la única amenaza contra el presidente. Un informe de inteligencia, con fecha de febrero de 2019, revelado por El Universal, registró mensajes intercambiados entre un grupo de huachicoleros, en los que se lamentaban de no tener dinero debido a la campaña del gobierno en su contra. Se vieron obligados a recurrir a la extorsión y el robo para compensar los ingresos perdidos, pero señalaban que eso no había sido suficiente.

El archivo de audio pasaba a mencionar una posible unión entre varios grupos criminales para asesinar al presidente —aunque no parece que eso se hubiera concretado en un plan de acción—.

Fuente InSight Crime
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