marzo 1, 2024 02:35

Renán Castro Madera, Director General

Redacción/CAMBIO 22

Al menos una organización de mujeres que buscan a sus familiares ha suspendido sus operaciones después del asesinato de uno de sus miembros, según una nueva investigación publicada el 19 de octubre por La Lista, una organización noticiosa mexicana.

Otros siguen siendo asesinados con impunidad.

El 4 de octubre, Blanca Esmeralda Gallardo fue acribillada por un grupo de asaltantes armados cerca del Mercado Central en Puebla, centro de México. Justo en el mismo barrio en el que desapareció su hija Betzabé, junto con una amiga en 2021.

Gallardo sospechaba que su hija fue víctima de una red de trata de personas que operaba en Puebla y en el vecino estado de Tlaxcala, pero las notas de los medios locales atribuyeron ambos crímenes a un cartel local de drogas.

Desde que comenzó 2022, al menos otras cuatro mujeres, conocidas como las madres buscadoras, han corrido la misma suerte de Gallardo. Eso deja un saldo de siete desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018 y al menos 15 desde que comenzó a hacerse seguimiento a este tipo de delitos en 2010.

En 2019, ante una crisis de desapariciones forzadas y secuestros en el país, López Obrador se comprometió a asignar un “presupuesto ilimitado” para ayudar a encontrar miles de cuerpos desaparecidos e identificar lo que se hubieran hallado.

Pero esto no se ha materializado. En el gobierno de López Obrador, el número de desaparecidos en México creció a más de 105.000 y las asociaciones de madres sienten que el gobierno las abandonó.

Tan sólo en el estado de Quintana Roo, según refieren organizaciones no gubernamentales aseguran que durante la administración que encabezó Carlos Joaquín González y en lo que va la gestión de Mara Lezama Espinosa, han desaparecido más tres mil personas y la cifra no se ha detenido pues se incrementa a diario aunque las actuales autoridades no las reconocen.

Análisis de InSight Crime

El asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo apunta a que las promesas de López Obrador aún no han sido cumplidas.

Se han requerido acciones directas para incitar al presidente a tomar medidas. Después de que las madres buscadoras en el estado de Sonora, norte de México, solicitaran directamente a los carteles autorización para hacer su búsqueda sin ser atacadas, López Obrador demandó en enero pasado que el gobierno estatal ayudara y protegiera las organizaciones que buscaban a familiares desaparecidos.

Esa ayuda nunca llegó. En octubre, una madre en Sonora, Cecilia Flores, tuvo que desistir de la búsqueda de su hijo después de recibir múltiples amenazas de muerte.

Incluso, aun cuando las madres han entregado información valiosa, denuncian falta de avances. Antes de su muerte, Gallardo varias veces había compartido actualizaciones en relación con la desaparición de su hija, las cuales fueron presuntamente ignoradas.

“En temas de investigación, implementación de la justicia, responsabilidad, no ha habido una pizca de avance”, señaló Díaz sobre la evolución de la situación.

“En este momento, eso no es prioridad para el gobierno”, concluyó.

Fuente InSight Crime

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