Treinta y Tres Migrantes Baleados

Redacción/ CAMBIO22

La realidad terca no conoce de rituales políticos. Justo un día después de la toma de posesión, mientras el nuevo gobierno se disponía a ofrecer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por la masacre de Tlatelolco, un convoy militar asesinó a seis y dejó heridas a otras 10 personas muy cerca de la frontera con Guatemala (por fortuna, 17 sobrevivieron ilesas).

De acuerdo con la narración de hechos, reportada a la Fiscalía General de la República, efectivos del Ejército toparon con una camioneta de redilas que viajaba a toda velocidad en los alrededores de Villa Comaltitlán, Chiapas.

Al parecer, el conductor del transporte no estuvo dispuesto a detenerse ante la indicación del personal castrense. Asegura el mando que los soldados habrían escuchado disparos y que por eso reaccionaron abriendo fuego contra los 33 individuos que iban amontonados en la caja trasera.

Obviamente los seres humanos agredidos por la bala militar eran migrantes conducidos ilegalmente. ¿Cómo es posible que el personal militar se haya confundido sobre la identidad de los tripulantes siendo que se trataba de una camioneta descubierta, tipo pick up?

Francisco Garduño, quien continúa como titular del Instituto Nacional de Migración, afirmó, también ayer, que durante su gestión “el número de personas en situación de movilidad ha caído en un 70 por ciento en todo el país”. No sorprende que con las prácticas de patrullaje como la aquí descrita pronto se llegue a la meta de 100 por ciento.

Resulta obligado preguntarse por qué Garduño sigue al frente de esa dependencia. Este funcionario ha sido vinculado criminalmente por su presunta responsabilidad en el homicidio de 40 personas que perdieron la vida en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo del año pasado.

A pesar de esta circunstancia irregular, el mandatario anterior decidió mantenerlo en su cargo y, por lo que puede colegirse, lo mismo hará Claudia Sheinbaum, ya que no ha anunciado ningún relevo en esta área.

Zoom: El episodio de Villa Comaltitlán, ocurrido el miércoles 2 de octubre, revela la desproporción en el uso de la fuerza empleada contra las personas migrantes en nuestro país, tanto por las autoridades civiles como por las militares.

Fuente: Milenio

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