Redacción/CAMBIO 22
CHETUMAL, 14 de enero.- Luego de permanecer casi todo el año anterior sin prestar servicio, la carpa médica instalada en el Hospital Oncológico de Chetumal para habilitarlo como centro de atención temporal Covid-19, y cuyo millonario contrato de arrendamiento fue entregado a Jorge Brizuela Guevara alias El Venezolano, que se ostenta como amigo, operador, asesor y hasta representante del gobernador Carlos Joaquín González, fue desmantelada debido a que finalizó su contrato y a que la ocupación hospitalaria se mantiene mínima a pesar del creciente aumento de contagios en la entidad.
No obstante, el final del contrato y el desmantelamiento se dan seis meses después de que el Insabi inició el proceso de desconversión del Hospital Oncológico, por lo que durante ese tiempo se pagó a Jorge Brizuela Guevara un contrato de más de 76 millones de pesos sin prestar servicio a pacientes de Covid-19.
El propio gobernador Carlos Joaquín González confirmó el cierre del hospital temporal Covid-19 que operaba en el Hospital Oncológico, quien dijo que ya no es necesario mantener estos centros de atención porque se tiene muy poca ocupación hospitalaria.
Esto pese a que anteriormente el subsecretario de la Salud del estado, Luis Ángel Blanco Márquez, intentó negar que se desmantelara la carpa médica, cuando circularon por redes sociales las fotos que mostraban los trabajos para desmontar instalaciones y equipos.
“Los Centros de Atención Temporal a enfermos de Covid-19 eran eso, precisamente; eran temporales, tenían contrato por determinado tiempo, en estos momentos no es necesario mantenerlos porque tenemos menos del 12 por ciento de ocupación hospitalaria”,manifestó, por su parte, el gobernador, dejando en claro que finalizó el polémico contrato que tenía la empresa Construcciones Iafer, propiedad de Jorge Brizuela Guevara.
En ese contexto, el mandatario dijo que pese a que se están entregando los equipos médicos y la infraestructura que se instaló para atender la emergencia por la pandemia, su gobierno se encuentra al pendiente en caso de que se requiera reactivarlo.
Indicó que existen en total más de 500 camas en los hospitales del estado para atender a pacientes con complicaciones respiratorias y de otro tipo derivadas, cifra que estimó es la suficiente debido al gran porcentaje de personas vacunadas, que aunque están siendo infectadas, no tienen síntomas graves.
No obstante, cabe resaltar que en el Hospital Oncológico se dejó de brindar atención a pacientes con Covid-19 desde mediados del 2022, tanto que inclusive se dio de baja al personal de salud contratado para ese fin el 15 de junio del mismo año, según información que difundió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuando protestaron los trabajadores afectados por que todavía no les terminaban de pagar el salario que habían devengado.
Pese a lo anterior, se mantuvo el millonario contrato de arredramiento con Jorge Guevara Brizuela El Venezolano por todo el resto del año, de mayo a diciembre, por la cantidad de 76 millones 404 mil 915 pesos, cuando ya no se recibían pacientes allí.
Si se toma en cuenta que se pagaron 9 millones 550 mil 614 pesos cada mes por esas carpas, en total en el 2021 El Venezolano obtuvo por ese arrendamiento 114 millones 607 mil 372 pesos.
Pero además por esta carpa Covid-19 se han tenido las serias denuncias de fraudes realizados por El Venezolano contra empresarios a los que subcontrató equipos, instalaciones y hasta financiamiento para instalar la carpa, ya que su constructora no contaba con ellos cuando obtuvo el primer contrato en 2020.
Es el caso del empresario Jorge Marzuca Fuentes, quien reveló públicamente a principios del 2021 que él participó en la habilitación de la carpa médica del Hospital Oncológico de Chetumal con aportación de financiamiento, del cual sólo le devolvieron la primera aportación, pero de la segunda le quedaron sin pagar hasta finales del 2020 un millón 600 mil pesos.
Afirmó que sus tratos fueron con Jorge Brizuela y su esposa, Vanessa Vargas Flores, quienes no tenían recursos para financiar la obra.
Manifestó que Brizuela estuvo recibiendo dinero del gobierno y no estuvo cubriendo a los que pusieron las obras y la inversión para la carpa de Chetumal.
Pero cuando comenzó a pedir sus pagos, comenzaron a darle largas y finalmente Brizuela llegó a las amenazas por diversas vías.
Otros dos empresarios participaron en la instalación de las carpas con dotación de las mismas y de equipo, y también han venido denunciado a El Venezolano de incumplimiento de pagos desde finales del 2020.
Uno de ellos es Víctor Hugo Salas, de la empresa Versatilidad Internacional de Cooperación Oportuna, establecida en la Ciudad de México, quien dijo que hizo el trato con Vanessa Vargas y Jorge Brizuela desde abril del 2020, para arrendar el equipo de las tres carpas del hospital Jesús Kumate de Cancún.
Este detalló que para diciembre del 2020 Vanessa Vargas le debía 16 millones 200 mil pesos del contrato de arrendamiento de los equipos de Cancún, pero la esposa de Jorge Brizuela se ha deslindado de su compromiso.
A la anterior se suma una deuda de 6 millones de pesos en Chetumal, donde la deudora es la empresa Iafer, que es de Jorge Brizuela y Vanessa Vargas, y que en ambos casos no le habían hecho un solo pago por equipo, personal, insumos y supervisión recibidos, para una total de 22 millones de pesos.
Sin embargo, para este año la suma adeudada debe ser mayor, puesto que los contratos por las carpas fueron refrendadas al Venezolano y su esposa por el gobierno de Carlos Joaquín por todo el 2021, y a Víctor Hugo Salas ambos personajes junto con la SESA le impidieron retirar las carpas cuando pretendió llevárselas reclamando que son su propiedad, tomándolas por la fuerza.
El tercer empresario que lo ha denunciado públicamente es Omar Macías Collazo, de la empresa Ingeniería Solución Aporta, que construyó la carpa en el Hospital Oncológico de Chetumal, por la cual la empresa Iafer le debía a diciembre del 2020 la cantidad de 6 millones de pesos.
Como se recordará, las empresas de Jorge Brizuela Guevara y su esposa Vanessa Vargas recibieron por adjudicación directa del gobierno del estado los contratos millonarios para el arrendamiento de las carpas Covid-19 tanto de Chetumal como de Cancún, que en este caso están en el Hospital General Jesús Kumate.
Los contratos los obtuvieron gracias a la influencia que tienen por la relación personal con el gobernador Carlos Joaquín González, como el mismo “Venezolano” reconoció en el mensaje que le dirigió al presidente López Obrador el año pasado, pues además se los dieron sin que sus empresas estuvieran dadas de alta antes en el padrón de proveedores del gobierno del estado.
Las empresas del Venezolano recibieron en el 2020 contratos por más de 254 millones de pesos para la instalación de carpas médicas móviles para atender Covid-19, así como para proveer cubrebocas al sector salud.
Pero pese a las denuncias de las irregularidades del Venezolano que llegaron hasta la Presidencia de la República, el gobierno de Carlos Joaquín González le siguió dando contratos en el 2021, ahora por la friolera de 290 millones 187 mil 521 pesos en tres adjudicaciones directas a su amigo y asesor.
De esta forma, Jorge Brizuela Guevara y Vanessa Vargas lograron un negocio de más de 544 millones pesos en dos años de la pandemia del Covid-19 en Quintana Roo.
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RAM
