Inicio / Tras 15 Años de Ataques Solo Hay Nueve Condenas por Homicidios de Periodistas

Desde julio de 2010 —fecha en la que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)— hasta septiembre de 2025 en México se han obtenido únicamente nueve sentencias condenatorias por el asesinato de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio, según el último informe semestral de la fiscalía. Pero organizaciones han documentado al menos 126 periodistas asesinados y 17 desaparecidos en los últimos 15 años.

De acuerdo con Balbina Flores, corresponsal en México para Reporteros Sin Fronteras (RSF), solo hay seis sentencias más por litigios a nivel local por casos que la FEADLE no atrajo. Ninguna de las sentencias obtenidas a nivel nacional por el asesinato de periodistas ha sido en contra de los autores intelectuales.

La corresponsal destaca que el 92 % de los asesinatos de periodistas en México no cuenta con una resolución y, en el caso de las desapariciones, la impunidad es de 100 %.

El último balance estadístico de RSF señala que México es el país con la mayor cantidad de periodistas desaparecidos en el mundo. De 95 casos registrados a nivel mundial, el país concentra 30, posicionándose por encima de países como Siria, Malí, República del Congo, Palestina e Irak.

Desde 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Gobierno de Sheinbaum no ha atendido violencia contra la prensa

El  25 de octubre de 2025 fue asesinado el periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango, la última víctima registrada en lo que va de esta administración. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, este año ya es el más letal para la prensa mexicana desde 2022.

Mientras era candidata presidencial, en mayo de 2024, Sheinbaum firmó un compromiso con Reporteros Sin Fronteras para implementar acciones estratégicas destinadas a enfrentar la violencia contra periodistas. No obstante, la organización advierte que ninguna de las medidas ha sido implementada en su totalidad y solo tres han mostrado avances parciales.

En su primer informe de gobierno, la mandataria afirmó que “se practica la mayor libertad de expresión de la historia” y que “no existe la censura”. Sin embargo, durante su mandato, se han documentado públicamente casos de censura contra la ciudadanía, periodistas y medios de comunicación por críticas o cuestionamientos hacia actores políticos de Morena y a personas candidatas a distintos cargos.

“La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró contraria a la censura; pero, al mismo tiempo, adoptó medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y sobre la regulación de telecomunicaciones”, señala la SIP.

Balbina Flores, quien lleva 25 años como corresponsal de RSF en México, advierte que la constante de los sexenios transcurridos desde el año 2000 a la fecha ha sido el discurso de negación de la violencia y estigmatización hacia la prensa.

“Todos reconocen que hay una situación que está vulnerando la libertad de expresión casi en el último año, o mes, de su gobierno. Lo cual es muy lamentable, porque tuvieron tiempo para establecer una política de protección y combate a la impunidad, y no lo hicieron”, señala.

En sus conferencias matutinas, la mandataria ha acusado a los medios de comunicación de exagerar noticias en materia de seguridad, además ha catalogado a medios como el periódico Reforma de ser un “órgano de propaganda”.

Un mes antes de dejar el cargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró: “No hemos tenido asesinatos de periodistas”. Ello pese a que su sexenio cerró con 47 homicidios de este tipo, cifra que coincidió con la registrada en el mandato de Enrique Peña Nieto, según datos de Artículo 19.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, hasta septiembre de 2025 se han reportado dos agresiones físicas y 14 amenazas contra periodistas beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

Los principales factores que refuerzan el clima de impunidad son la falta de investigaciones oportunas, eficaces y expeditas, la ausencia de equipos capacitados y especializados con un enfoque en libertad de expresión y los vínculos de convivencia entre las autoridades y el crimen organizado.

Tan solo en 2024, Artículo 19 documentó 639 agresiones contra periodistas, entre amenazas, privaciones de la libertad, intimidación y hostigamiento, casos de acoso judicial y más acciones inhibidoras que fomentan el miedo y la autocensura entre el gremio. Sumando así, un promedio de una agresión a un periodista cada 14 horas.

Cerca de la mitad de estas agresiones (44.91%) derivó de personas funcionarias públicas, de fuerzas de seguridad civiles o de las fuerzas armadas, por lo que la organización afirma: “Negar la existencia de la violencia contra la prensa es negar también el papel del Estado en esta violencia”.

“El hecho de que actores públicos sean los principales agresores de periodistas significa que no están tolerando el debate público que gira en torno de sus propias funciones, el cual es necesario para la sociedad democrática en general, y también para poder conocer actos de corrupción o de violaciones a derechos humanos”, apunta Ingrid Midori, coordinadora del área legal de Propuesta Cívica.

Durante este año, el Mecanismo reporta que 33 % de los agresores contra la prensa han sido servidores públicos, mientras que 26.7 % han sido particulares. Sin embargo, 40 % de los agresores no han sido identificados por las autoridades.

En 2025, con corte en septiembre, 13 periodistas han sido beneficiados por el Mecanismo de Protección; sin embargo, las personas beneficiarias de este instrumento han ido a la baja desde 2023. Artículo 19 también documentó que en este año el Mecanismo sufrió un recorte de 4.27 %.

Si bien el Mecanismo ha otorgado medidas a quienes están en una situación de riesgo como consecuencia de su labor, la abogada de Propuesta Cívica advierte que, más que un mecanismo de prevención, es uno de reacción.

“Lo que hace el mecanismo es simplemente dotar de medidas cuando ya se ha dado o se está ante una situación inminente de riesgo. Y a veces la capacidad de reacción no es la mejor, o incluso las medidas no se apegan a la realidad de la agresión”, señala.

Desde su creación en 2012, el Mecanismo ha otorgado medidas de protección a 817 periodistas, de las cuales 689 continuaban incorporados hasta el 31 de septiembre de 2025. Pese a estos esfuerzos, existe documentación de periodistas que, aún estando bajo la protección del mecanismo federal o de mecanismos locales, fueron asesinados. Así ocurrió con el periodista Gustavo Sánchez Cabrera en 2021, hechos por los cuales tanto esta institución como el gobierno de Oaxaca admitieron su responsabilidad años más tarde.

Cuatro sexenios sin justicia para la prensa

Uno de los sexenios más violentos para la prensa fue el de Felipe Calderón, con al menos 54 periodistas asesinados. También fue el periodo en el que hubo más periodistas desaparecidos, de acuerdo con RSF.

Pero Balbina Flores afirma que la diferencia de asesinatos registrados entre sexenios ha sido mínima. “Eso nos hace ver que a ningún gobierno le ha importado la situación de la prensa”.

Esta organización documenta que México es el país más peligroso, sin guerra declarada, para ejercer el periodismo. De acuerdo con sus datos y los de Artículo 19, de 2000 a 2025 se registró el asesinato de al menos 174 comunicadores y la desaparición de 33. Ninguno de los cuales ha obtenido justicia plena.

Detrás de estos números están las investigaciones que fueron silenciadas y una búsqueda constante por la verdad y justicia, pues mientras que las autoridades demeritan la labor periodística, agreden al gremio y niegan que existe una crisis, las zonas de silencio se extienden entre comunidades y decenas de familias luchan contra la impunidad y el olvido.

En su visita a México en 2015, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la existencia de zonas silenciadas en el país. Es decir, lugares en los que el crimen organizado, y su complicidad con autoridades, impide que periodistas realicen su labor de manera segura y sin temor a represalias, por lo que hay comunidades que están siendo desinformadas y silenciadas. Un ejemplo es Tamaulipas.

El estudio Desierto de Noticias Locales, en el que colaboró Quinto Elemento Lab, revela que en 69 % de los municipios mexicanos existen condiciones muy difíciles para ejercer el periodismo local; 42.5 % de los municipios estudiados son desiertos informativos, es decir, que hay condiciones que no permiten que el periodismo se desarrolle de forma estable.

Guadalupe Ángeles Méndez, hija del periodista Ramón Ángeles Zalpa, lleva 15 años de esfuerzos conjuntos, junto a su familia y asociaciones civiles, para dar con el paradero de su padre y saber qué ocurrió con él.

Ramón Ángeles realizaba coberturas de cultura y de derechos humanos en la Meseta Purépecha, en Michoacán. También fue un luchador social que impulsó la construcción de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la carretera Paracho-Uruapan, lugar hacia donde se dirigía, según lo último que se supo de él.

Desde el 6 de abril de 2010, las autoridades no han dado respuestas de su paradero.

“Un día, al salir de mi casa, veo un poste con un cartel pegado de mi papá, solo afuera de ahí. Las autoridades argumentaron que se estaba haciendo una campaña de búsqueda, pero ¿por qué no hay en más lugares? Para mí es un hostigamiento porque están lastimando mi situación de búsqueda, pues al salir de mi casa veo un cartel de mi papá todos los días”, señala Ángeles Méndez.

En 2022 y 2025, se presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los casos de cuatro periodistas desaparecidos en Michoacán debido a que la inacción y omisión del Estado mexicano causó el estancamiento de las investigaciones en torno a Ramón Ángeles Zalpa (2010), Mauricio Estrada Zamora (2008), María Esther Aguilar Cansimbe (2009) y José Antonio García Apac (2006).

“Cuando se fue mi papá también se fue el sustento económico y con esto vinieron muchas cosas. No solamente es enfrentar la ausencia de la persona, sino también su búsqueda y la búsqueda de justicia, porque una cosa es buscarlo a él, y otra es buscar justicia, lo cual es algo muy desgastante. Y no conozco a nadie que haya obtenido justicia tampoco”, dijo la hija de Ramón Ángeles.

Ante el clima de abandono institucional, familias de personas periodistas asesinadas y desaparecidas en el país han creado redes de apoyo, como Tejidos Solidarios y el Colectivo Ave Fénix, para acompañarse y hacer frente a sus procesos de acceso a la justicia, reparación integral y preservación de la memoria.

La RELE destaca que las agresiones contra periodistas tienen un efecto triple, pues vulneran el derecho de las víctimas a difundir sus ideas, opiniones e información, a la par que generan un efecto amedrentador y de silenciamiento hacia sus pares y violan el derecho de la sociedad a mantenerse informada.

Uno de los principales retos enfrentados a la hora de litigar estos casos es hacer que sean juzgados con perspectiva de libertad de expresión y que, mediante un análisis de contexto de la trayectoria periodística de la persona, se reconozca que el crimen no fue un hecho aislado.

“Dentro de las investigaciones no solamente deben ir de cajón todas las diligencias que se hacen en cuanto a homicidios y desapariciones, sino que también deben de ir muchas actuaciones que vayan en torno a que se pueda visibilizar qué es lo que estaba trabajando la persona periodista y qué es lo que pudo desencadenar su trabajo, a qué intereses pudo haber tocado”, explica Ingrid Midori.

Por último, otro factor que influye negativamente en las investigaciones es el transcurso del tiempo, pues son investigaciones que llevan años abiertas, lo que complica la obtención de pruebas. Este factor también pone de relieve que durante las primeras averiguaciones se cometieron negligencias o no se involucró a las víctimas.