Traman Amigos de Sian Ka’an Imponer ANP en la Laguna de Bacalar Bajo Pretexto de Daños Ambientales
15 May. 2025
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Ejidatarios y organizaciones locales advierten sobre miseria, pérdida de control territorial y aumento de la delincuencia si se concreta la declaratoria
Miguel Ángel Fernández/ CAMBIO 22
BACALAR, 15 de mayo. Bajo el argumento de frenar los presuntos daños ambientales ocasionados por la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a orillas de la Laguna de Bacalar, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en alianza con la asociación civil Amigos de Sian Ka’an, estaría reactivando su intento de imponer un Área Natural Protegida (ANP) en la región, denunció Roberto Salgado Sangri, presidente del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar.
De acuerdo con el líder comunitario, esta estrategia replica el modelo aplicado en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, donde ejidatarios y habitantes de la zona maya fueron prácticamente despojados del acceso y usufructo de territorios que históricamente les pertenecen.
Salgado Sangri alertó que, de concretarse esta declaratoria, la administración y el control de los permisos para cualquier actividad dentro del perímetro de la laguna quedarían en manos de la Conanp y Amigos de Sian Ka’an. “Esto marginaría a las autoridades estatales y municipales, paralizaría el incipiente desarrollo económico de la región y ahuyentaría la inversión turística, lo que derivaría en más pobreza y un eventual aumento en los índices de delincuencia”, advirtió.
Un Antecedente de Imposición
Ejidatarios del sur del estado recordaron que en 2016, Amigos de Sian Ka’an —una organización financiada por la Conanp y respaldada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA)— presentó un Estudio Previo Justificativo para declarar como ANP la Laguna de Bacalar. Este documento, acompañado de un estudio de tenencia de la tierra, pretendía demostrar que los ejidos de Bacalar, Aarón Merino Fernández, La Península, Calderitas y Juan Sarabia estaban de acuerdo con la medida.
Sin embargo, los comisariados de los 12 ejidos de la región desmintieron tal consentimiento, denunciando que el polígono propuesto, de más de 219 mil hectáreas, abarcaba también lagunas vecinas como Mariscal, Chile Verde, Guerrero, Milagros, Agua Salada, San Felipe y hasta la costa de la Bahía de Chetumal, afectando directamente a propietarios de terrenos costeros y comunidades que dependen de estos recursos.
Defensa del Territorio y Conservación Autónoma
Desde 2017, organizaciones ejidales, campesinas y empresariales de la zona sur han reiterado su rechazo al proyecto. Estas agrupaciones han defendido su capacidad para conservar el medio ambiente sin necesidad de una declaratoria oficial que les arrebate la autonomía sobre sus tierras.
Los ejidatarios han planteado que:
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Han destinado voluntariamente áreas importantes a la conservación ambiental*, conscientes de que preservar sus recursos naturales es clave para mantener el atractivo turístico de la región.
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Las propias autoridades ambientales han sido un obstáculo*, al imponer trámites burocráticos excesivos que frenan el desarrollo sustentable.
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La deforestación y contaminación no provienen del turismo*, sino de autorizaciones gubernamentales que permitieron el desmonte en zonas altas y no han invertido en infraestructura sanitaria adecuada.
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Las ANPs, lejos de beneficiar a las comunidades*, han favorecido históricamente a funcionarios, académicos, políticos y empresarios, dejando fuera a los legítimos dueños del territorio. Así lo demuestran los casos de Yum Balam (Chiquilá), el Santuario del Manatí (Bahía de Chetumal) y la Biósfera de Sian Ka’an.
Exigen Respeto a la Autodeterminación
Las comunidades del sur de Quintana Roo exigen que cualquier acción sobre la Laguna de Bacalar y sus alrededores se realice con consulta y participación plena de los ejidatarios, respetando la propiedad social y el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio.
“Conservar no significa despojar”, concluyó Roberto Salgado. “Los pueblos originarios han sido y siguen siendo los mejores guardianes de la naturaleza. Imponer un ANP sin consenso es repetir errores que ya han causado exclusión y pobreza en otras regiones del estado.”
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HTR/RCM