Tráfico de Influencias, Negocios Personales y Cobros Indebidos en el Ayuntamiento de Benito Juárez

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Las voces ciudadanas de Quintana Roo deben ser tomadas en cuenta porque representan el sentir y las exigencias del pueblo y no como los llamados representantes populares que cobran en el Congreso local o en el de la Unión, solo para responder a los intereses de los grupos que hacen y deshacen del destino del país.

En Cancún se ha empezado a consolidar un movimiento ciudadano que ya está cansado de los años que lleva la 4T gobernando en el municipio de Benito Juárez, porque a quienes encabezan la administración municipal solo les interesa sus proyectos políticos y los negocios que vienen realizando en perjuicio de la hacienda municipal y los intereses de la ciudadanía, de los contribuyentes, ya sean empresas nacionales o extranjeras o de los trabajadores de los servicios turísticos que son el alma de la economía estatal.

Por ello, es de suma importancia, hacer eco de voces ciudadanas, las cuales, con evidencias están demostrando que el Ayuntamiento de Benito Juárez enfrenta serias acusaciones que ponen en entredicho la integridad de su administración, centradas en la figura de Pablo Gutiérrez Fernández, actual secretario general de gobierno.

Este funcionario ha sido denunciado por malos tratos, injusticias y abusos de poder, principalmente hacia aquellos que no se alinean con sus intereses o los de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña.

Fuentes cercanas al entorno laboral y ciudadano han informado a este medio de comunicación sobre la exclusividad con la que Gutiérrez Fernández opera: solo escucha y atiende a sus amigos y a aquellos que cuentan con el respaldo de la alcaldesa, mientras ignora las necesidades y quejas de la comunidad.

Su tiempo parece estar más dedicado a promover su imagen en redes sociales, particularmente en Instagram, que a cumplir con sus deberes como servidor público.

Uno de los incidentes más alarmantes fue la destitución, -aparentemente sin justificación-, de Adela Jiménez Izquierdo, quien se desempeñó como directora del GEAVIG (Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género) desde febrero de 2022 hasta marzo de 2025.

Esta acción ha levantado sospechas sobre la transparencia y legitimidad de las decisiones tomadas por Gutiérrez Fernández.

Los ciudadanos que intentan presentar quejas ante la Contraloría del Ayuntamiento se han encontrado con una alarmante resistencia. Según relatos, al intentar registrar sus denuncias, los funcionarios son instruidos a no recibirlas, lo que socava la confianza en el sistema de justicia del municipio y obliga a los agraviados a buscar asistencia en un proceso que a menudo resulta infructuoso.

Pablo Gutiérrez Fernández también ha sido acusado de abusar de su poder al enviar inspectores a imponer multas excesivas a pequeños negocios, como fondas y locales de jugos, bajo pretextos infundados, buscando extorsionar a los propietarios con amenazas de clausura.

El artículo 29, fracción III, del capítulo 3 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Benito Juárez establece que para desempeñarse como Secretario de este municipio, es necesario “contar con estudios de licenciatura relacionados con el ramo de la administración pública correspondiente del cual ejercerá la titularidad”. Asimismo, la fracción IV señala que debe “tener experiencia profesional en el ramo de la administración pública correspondiente del cual ejercerá la titularidad, cuando menos de dos años anteriores a su nombramiento.”

Sin embargo, Gutiérrez Fernández no cumple con estos requisitos, ya que no posee una licenciatura ni una cédula profesional, limitándose a mencionar cursos básicos de administración y una breve carrera como jugador de fútbol en la segunda división.

Expertos legales han señalado que esta conducta podría constituir el delito de usurpación de profesión, lo que podría invalidar todos los documentos firmados por él.

Además, Gutiérrez Fernández busca legitimarse a través de su relación con la gobernadora Mara Lezama, presentándose como un aliado cercano, lo que podría interpretarse como un intento de amparar su conducta ante la opinión pública.

La alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña se enfrenta ahora a la responsabilidad de abordar estas serias acusaciones.

Si se comprueba que ha tenido conocimiento de hechos delictivos y no actúa en consecuencia, podría incurrir en el delito de encubrimiento. Es imperativo que ella asuma su papel y garantice que la administración municipal opere dentro del marco de la ley, en beneficio de los ciudadanos que la eligieron y que sostienen su salario.

La situación en el Ayuntamiento de Benito Juárez es alarmante y requiere una atención inmediata. Los ciudadanos merecen una administración transparente y justa, y esperan que se tomen medidas para restablecer la confianza en sus instituciones.

Alguna instancia de los niveles estatal y federal deben investigar a fondo las prácticas que se tienen en el Ayuntamiento de Benito Juárez para cobrarle ilegalmente “aportaciones” a pequeños comerciantes o medianas empresas con la amenaza que si no “contribuyen” se harán acreedores a una clausura. Ese tipo de prácticas tienen el visto bueno desde las oficinas de la Secretaría de este ayuntamiento.

Mientras quienes administran el Ayuntamiento de Benito Juárez optan por extorsionar y amenazar a la ciudadanía, otro caso de desaparición de persona en este municipio terminó en una tragedia más.

La Fiscalía de Quintana Roo informó que Kristian Raymundo Medina Canché de 33 años, reportado como desaparecido desde el 10 de marzo de 2023, fue localizado sin vida en el municipio de Benito Juárez.

Desafortunadamente, Cancún sigue siendo noticias a nivel internacional, pero no por sus atractivos turísticos, sino por la violencia que agobia tanto a nacionales como a extranjeros.

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