• Hoteleros de Cancún, han iniciado una resistencia y una lucha legal para impedir que la iniciativa de modificación al Artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos que busca destinar los ingresos obtenidos por los visados y documentos migratorios de turistas a un fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

 

 

 

REDACCIÓN/CAMBIO 22

CANCÚN.- Sin apoyo oficial en el estado, pues en todos los niveles callan ante los dictados superiores de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador quien gobierna a base de decretos y expropiaciones.

Desde Cancún, hoteleros han iniciado una resistencia y una lucha legal para impedir que la iniciativa de modificación al Artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos que busca destinar los ingresos obtenidos por los visados y documentos migratorios de turistas a un fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La medida ha generado un intensa molestia entre empresarios turísticos a nivel nacional pero que callan pues no cuentan, en la mayoría de los casos, con apoyo de sus Gobernadores o Secretarios de Turismo quienes son integrantes de gobiernos morenistas sometidos a los designios de Palacio Nacional.

Según la propuesta, los fondos recaudados de los turistas se utilizarán para financiar la operación, administración, desarrollo y construcción de infraestructura de proyectos en los que el Ejército tiene participación como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la reactivación de la aerolínea Mexicana de Aviación.

Esta decisión ha desatado la preocupación y enojo de los empresarios del sector turístico, quienes ven esta medida como un desvío de los recursos que originalmente estaban destinados a promover México en el extranjero; los empresarios argumentan que el impuesto, creado con la intención de impulsar la imagen del país como un destino turístico atractivo, ahora se utilizará para fines que no benefician directamente a la promoción del turismo. “Es alarmante que los recursos obtenidos de los turistas se usen para financiar proyectos militares en lugar de mejorar la infraestructura turística y atraer más visitantes”, expresaron aisladamente representantes del sector.

Fue el pasado 18 de septiembre cuando el presidente López Obrador en el ocaso de su sexenio envió la iniciativa a la Cámara de Diputados que para reformar la Ley Federal de Derechos que busca, según el Presidente, ampliar el financiamiento de las obras y proyectos del gobierno federal que están a cargo de la Sedena.

La reforma al primer párrafo del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, dice que, con el fin de que el total de los recursos obtenidos del pago de visa de visitante o turismo de las personas extranjeras que ingresen al país con fines turísticos, sean administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las empresas que tiene o tendrá a su cargo. Lo anterior, para no sólo financiar el Tren Maya, sino también para el pago de la operación, prestación de servicios, administración, explotación, construcción, planeación, adquisición, proyectos o programas, arrendamiento, obra complementaria, equipamiento, instalación, estudio, proyecto e inversión en infraestructura, entre otros, relacionados todas aquellas obras que tiene a su cargo el Ejército.

Para este fin, la reforma establece que los ingresos que se obtengan “del documento migratorio que acredita la condición de estancia de un extranjero sin permiso para realizar actividades remuneradas” serán enviadas al fideicomiso público federal sin estructura del que la Secretaría de la Defensa Nacional funge como unidad responsable. Dichos recursos, subraya el documento enviado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se destinarán a las empresas de participación estatal mayoritaria sectorizadas a la Sedena para sus diversas actividades y necesidades. Además, se ordena la extinción del fideicomiso, creado en octubre de 2023, que financiaba de manera exclusiva la obra del Tren Maya, a través de la empresa de participación estatal mayoritaria conocida como Tren Maya, S.A. de C.V.; para que dichos recursos sean enviados a otro fideicomiso público federal sin estructura de la Sedena.

Entre los argumentos para esta iniciativa, el mandatario mexicano mencionó que, con esta modificación, se contará con un solo vehículo financiero en el que se destinarán estos recursos y los previstos en la Ley Federal de Derechos para “construir un país con bienestar para la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”.

La primer voz en oponerse a la iniciativa presidencia fue la de Jesús Amaguer, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que ya anunció el envío de una contrapropuesta en respuesta al Decreto que busca redirigir el 100% de los recursos del Derecho de No Residente (DNR) a la Sedena.

Esta medida es vista con preocupación por el sector turístico, ya que el DNR, que proviene del pago de turistas internacionales al ingresar a México, estaba originalmente destinado a la promoción turística del país, especificando que la contrapropuesta del Consejo Hotelero sugiere dividir los fondos del DNR la cual plantea que se otorguen a la Sedena los montos previamente asignados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al Instituto Nacional de Migración, mientras que el resto se canalice al turismo, específicamente para promoción de los destinos turísticos, lo que es esencial para continuar generando ingresos.

En días recientes el hotelero quintanaorrense criticó la lógica detrás del decreto, señalando que proyectos como el Tren Maya ya se han construido y ahora se debe concentrar en atraer turistas y generar ingresos a través de la promoción del país ya que la clave para el futuro del turismo en México está en la voluntad política de apoyar al sector mediante campañas de promoción y facilidades para el ingreso de visitantes internacionales.

Almaguer a dicho que cada turista que ingresa a México paga alrededor de 450 dólares en impuestos, lo cual debería ser suficiente para financiar infraestructura: “si con eso no completan, no tienen llenadera”, seguro sarcásticamente.

Los hoteleros del estado en una reunión con Josefina Rodríguez, quien asumirá el cargo de secretaria de Turismo próximamente, destacaron la importancia de inyectar recursos a la promoción turística para generar empleo y atraer más turistas a usar de que cada día surgen nuevas dificultades que afectan al turismo en México. Datos refieren que el DNR, que es pagado por turistas internacionales que ingresan al país por vía aérea, terrestre o marítima, equivale a aproximadamente 717 pesos por persona y se estima que genera unos 31 mil millones de pesos al año, de acuerdo con cifras de la entrada de 44 millones de turistas internacionales.

Hasta su desaparición en 2018, los recursos del DNR se entregaban al Consejo de Promoción Turística de México y al menos 10 por ciento para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y para 2019, se modificó la ley para destinarlo a estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determinaría el Gobierno; 80 por ciento se fue para Sedena y el resto para el Instituto Nacional de Migración.

EL DNR estaría generando un promedio de 31 mil millones de pesos, porque se reporta un ingreso de 44 millones de turistas internacional al país, se estiman ingresos por servicios de hospedaje a nivel nacional del orden de los 318,363 millones de pesos; respecto del cual el estado de Quintana Roo tendría la mayor participación con 25.1%, seguido de Jalisco con 9.4%; Ciudad de México con el 6.5%; Nayarit con 5.0% y Baja California Sur con 4.7%.

Ese nivel de participación significa que en Quintana Roo se ingresarán este año por ese concepto un total de 79,984 millones de pesos, lo cual significaría un aumento a nivel estatal de 3.9% en derrama hotelera respecto de 2023, según el estimado del Segundo Análisis de los Ingresos y Estimación del Impuesto al Hospedaje en México 2019-2024, que elabora la Secretaría de Turismo federal.

Los resultados también arrojan que se han superado ya los ingresos por este concepto que se tenían en 2019, antes de la pandemia de Covid-19, pues en ese año se calculó una captación de 247,363 millones de pesos; destacando de nuevo Quintana Roo con 22.2% de ese total, seguido de Jalisco con un 8.7%, Ciudad de México con 7.5%, Nayarit con 5.8% y Baja California Sur con 4.9%.

Lo anterior implica que cuatro años después de la pandemia se ha superado en 28.7% la derrama que se tenía por servicios de hospedaje a nivel nacional; es así que durante el periodo 2019-2024, los ingresos de Quintana Roo por servicios de hospedaje hotelero pasarán de los 54,658 millones de pesos a los 79,984 millones, es decir, un incremento de 46.3%, aunque con una pronunciada caída en 2020 y 2021 cuando sólo se reportaron ingresos por 21,126 y 38,667 millones de pesos, respectivamente.

Dentro del periodo de referencia, el 2022 ha sido el año en que los ingresos por hospedaje en Quintana Roo han sido proporcionalmente los más altos respecto del total nacional, con un 26.2% respecto de los 270,412 que el documento reporta de recaudación en los 32 estados de la República.

En 2023 la aportación de Quintana Roo respecto de la recaudación nacional descendió al 25.7 y para 2024 se estima que los ingresos por servicios de hospedaje a nivel estatal sean el 25.1% respecto del total nacional. Por ello la controversia por la iniciativa presidencial se intensifica en un contexto donde la industria turística ha enfrentado desafíos significativos, por ello, empresarios temen que esta nueva medida pueda afectar la percepción de México como un destino turístico seguro y acogedor.

Desde el gobierno, se argumenta que la participación del Ejército en proyectos estratégicos es fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, la decisión de usar fondos turísticos para estos fines ha sido recibida con escepticismo y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. A medida que el Congreso analiza la propuesta, la discusión sobre el uso de recursos derivados del turismo y su impacto en la industria sigue en el centro del debate público. La comunidad turística espera que se reconsideren estas decisiones para garantizar un futuro próspero y sostenible para el sector.

 

 

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