Somos un país de enormes vulnerabilidades en materia de riesgos ante los fenómenos naturales. Los desastres que se les asocian son, debe subrayarse, de índole económica y social, y se relacionan más con la deficiencia en la infraestructura, las políticas y los presupuestos de que disponemos para la mitigación de los efectos del cambio climático.
Lo que ocurrió apenas hace unos meses en Acapulco, Guerrero; y las dificultades que comienzan a vivirse con el inicio de la temporada de huracanes en nuestro país, evidencia los enormes y complejos retos que tenemos en materia de infraestructura social, en prácticamente todos los ámbitos.
La inundación y el necesario desalojo del hospital infantil de Oaxaca es un evento que lamentablemente tiene paralelismos en otros lugares, donde aún ahora se viven secuelas, como ocurrió en el caso de Tula, cuando hace algunos años hubo un importante desbordamiento del río del mismo nombre, y que provocó la práctica destrucción de uno de los hospitales del IMSS que se encontraban ahí.
En Nuevo León las torrenciales lluvias ya cobraron cuatro vidas; pero lo que se espera es que las lluvias continúen y que los niveles que tienen presas y ríos pueden continuar creciendo, por lo que extremar precauciones de parte de la autoridad es vital; pero, sobre todo, obliga a repensar desde las políticas de protección civil vigentes hasta los esquemas de responsabilidad en la construcción, operación y mantenimiento de los servicios sociales básicos.
La presidenta electa anunció que una de sus grandes prioridades será construir un nuevo plan hidrológico nacional; el cual deberá ir de la mano con toda le estrategia medioambiental del país en aras de garantizar el cuidado de la biodiversidad, pero también de los recursos de que disponemos, particularmente el agua, pues no debe olvidarse que casi el 22% de las viviendas del país carecen de tubería al interior de sus edificios; y que aún donde se tiene, únicamente en aproximadamente el 70% se recibe agua todos los días. En ese sentido, es una buen noticia el reciente anuncio respecto de que la próxima titular de la Secretaría del Medio Ambiente será Alicia Bárcena, quien fuera la primera subsecretaria de ecología del país; y quien tiene un enorme conocimiento sobre esta agenda a nivel nacional e internacional.
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2023), el nivel reportado de satisfacción entre la población de 18 años y más que habita en localidades de más de 100 mil habitantes, respecto de la condición de potabilidad del agua que reciben, es de apenas el 20.1%; la cifra más baja desde el año 2016. A propósito, es relevante decir que se entiende por potabilidad el hecho de poder beber el agua que se recibe, directamente de la llave, sin temor a enfermarse.
Al mismo tiempo, a pesar de que las lluvias han comenzado, la expectativa es que este año recibamos 30% menos precipitación que el promedio de las últimas décadas; lo que quiere decir que la sequía continuará en amplias regiones, lo que podría seguir teniendo impactos severos en las posibilidades y capacidades de producción agropecuaria del país, particularmente para las y los pequeños y medianos productores, los que carecen en su mayoría de seguros y coberturas ante eventuales pérdidas.
En esta materia, todos los esfuerzos que puedan realizarse deben ser sumados y articulados, particularmente los de las Universidades públicas en las que, como en la UNAM, en espacios como el Seminario Universitario de la Cuestión Social, se ha abordado esta problemática convocando a una constante reflexión multi y transdisciplinaria.
El pronóstico es que tendremos 41 meteoros de alta intensidad, y aún es pronto para decir cuál es su grado de potencial destructivo. Pero lo que sí sabemos es que, como en el caso de Acapulco, hay una muy alta proporción de viviendas (más del 50%), que tienen daños o deficiencias estructurales en su construcción, y que están situadas en laderas, barrancas, playas, bordes y riberas de ríos y arroyos, lo cual evidentemente las coloca en una enorme situación de vulnerabilidad y riesgo, que podría llevar a cientos, quizá miles de familias, a la pérdida de todo.
Por otro lado, tanto en los ámbitos urbanos y rurales se tiene un enorme déficit en disponibilidad y calidad de servicios de drenaje y alcantarillado; al respecto, los niveles de satisfacción son mayoritariamente bajos; y eso debe llevar a una doble línea de política pública: por un lado, ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento a las redes existentes; y por el otro, a la construcción de una nueva generación de redes de drenaje y sistemas de captación de agua de lluvia, que permita aprovechar el líquido que se recibe año con año y que, en numerosas regiones, permitiría resolver problemas estructurales.
Debemos hacernos cargo de estas y otras problemáticas, respetando los principios rectores de nuestro marco constitucional en materia de cuidado del medio ambiente, y entre cuyos componentes vitales está por supuesto, el del agua. En primer lugar, el principio de responsabilidad intergeneracional, el cual nos obliga a no comprometer ni el presente y mucho menos el futuro en términos de disponibilidad y calidad del agua y en general, de los ecosistemas.
En segundo lugar, el principio de responsabilidad, que implica llanamente que el que contamina paga; lo que significa al mismo tiempo que los sectores que utilizan intensivamente a este recurso deben hacerse cargo de los impactos que están generando y no sólo asumir la reparación del daño, sino la restauración de los ecosistemas en que intervienen.
Finalmente, debemos apegarnos estrictamente a los principios de prevención y precaución; porque sin ellos, seguiremos atentando una y otra vez en contra de nuestros hábitats, y en esa lógica y medida, a la disponibilidad y calidad del agua para el consumo humano, cuyo acceso constituye nada menos que uno de los derechos humanos que nos reconoce la Constitución, y el cual debe ser cumplido a cabalidad, de manera integral y progresiva.
Todo lo anterior requerirá de un gran esfuerzo de planeación, desde la perspectiva del desarrollo regional, pero, sobre todo, desde una férrea concepción democrática y participativa respecto de la gestión y la gobernanza del agua. En ello va buena parte del presente y el futuro de nuestro país y de nuestras posibilidades de desarrollo.
