Terrorismo: El Canijo Miedo

Jorge Fernández Menéndez / CAMBIO 22

Ha habido por lo menos 20 explosiones de coche bomba en México, pero ninguna tan letal como la del sábado pasado al mediodía en Coahuayana, Michoacán, que dejó seis muertos y una docena de heridos. Es un atentado terrorista, como muchos otros que se han cometido en el país, que debe ser calificado como tal, y que las autoridades siguen teniendo miedo de aceptar que eso es lo que son: terrorismo ejecutado por terroristas.

Según nuestro código penal el terrorismo se describe legalmente como un delito que consiste en realizar actos violentos contra personas, bienes o servicios, con el fin de generar alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular. El atentado de Michoacán cumple con todas las condiciones para ser calificado como un acto de terrorismo, similar al que hemos visto en otras partes del mundo. Las autoridades tienen miedo de aceptarlo porque le darían la razón a Estados Unidos y porque calificar a los grupos del crimen organizado como terroristas tendría implicaciones legales muy amplias.

Porque de acuerdo con nuestras leyes puede ser procesado por terrorismo todo aquel que, con base en artículo 139 del código penal, “acuerda o prepara un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional, incluso sin que el resultado se consume”. Se prevén agravantes cuando el delito “se comete contra un inmueble de acceso público, cuando se daña la economía nacional o cuando se priva de la libertad a alguien como rehén, lo que incrementa las penas previstas. Incluso el artículo 139 bis sanciona a quien encubre a un terrorista teniendo conocimiento de su identidad o de sus actividades, incluso se sanciona la simple amenaza de cometer el delito de terrorismo descrito en el primer párrafo del 139. Estas figuras amplían la protección penal más allá del acto terrorista consumado, abarcando tanto su preparación como su entorno de apoyo”.

El coche bomba de Coahuayana se trasladó desde Colima, se instaló frente a una oficina pública y se hizo detonar al medio día, en una zona de amplia circulación de personas y policías. Mató a seis personas, hirió a 12 y provocó daños serios en oficinas, comercios y viviendas. El propio gobierno federal consideró que fue una respuesta a las acciones tomadas en el llamado Plan Michoacán. Fue un acto terrorista.

El gobierno no quiere avanzar en ese sentido, quizá porque Andrés Manuel López Obrador siempre se negó a ello, aunque la demanda para hacerlo existía desde 2019, y tenemos actos de ese tipo desde años atrás: recordemos cómo el 15 de septiembre de 2009 en Uruapan, ahí en la tierra del asesinado Carlos Manzo, el Cártel de la Familia Michoacana, arrojó granadas contra la gente que estaba celebrando el Grito de la Independencia.

Calificar como terroristas a quienes cometan esos actos, nos pondría, además, en sincronía legal con Estados Unidos y con otros países, facilitaría el combate a los grupos criminales y permitiría tener penas más duras para ellos y sus cómplices, en todos los ámbitos, desde el material hasta el financiero. No es tampoco la primera experiencia internacional que se vive en este sentido. Lo mismo ocurrió en Colombia sobre todo durante la persecución de Pablo Escobar, que terminó operando junto con organizaciones armadas como el M-19, las FARC e, incluso con los paramilitares que combatían a las anteriores. Escobar utilizó carros bomba, atentó contra la población civil, realizó ejecuciones sumarias en todo el país, hubo una ola indiscriminada de secuestros, incluso asesinó candidatos presidenciales, era un movimiento desesperado porque se sentía cercado luego de años de casi absoluta libertad de operación. Antes había apoyado candidatos, buscó y obtuvo espacios en el Congreso, pero cuando fue perseguido por los jueces terminó ocupando e incendiando la Suprema Corte de Justicia. Durante su persecución y luego con el Plan Colombia se calificó de terroristas a los grupos criminales y armados, y se desmembró a cárteles y grupos armados. Fue un éxito, que se fue perdiendo años después, sobre todo con el desastroso desempeño de Gustavo Petro y su versión de abrazos y no balazos.

En esos mismos años, la campaña contra la mafia en Italia y particularmente en Sicilia vivió episodios similares. La mafia había ocupado sin problemas los espacios geográficos y el poder en el sur de Italia y tenía aliados poderosísimos en Roma. Cuando se decidió iniciar la lucha contra la mafia también era un momento en el cual existían grupos armados de dudoso origen como las Brigadas Rojas, y los mafiosos comenzaron a operar con esa dinámica y esa lógica. Si no podían dominar por el poder del dinero lo harían por la intimidación y la violencia. Colocaron coches bomba, atacaron a la población civil, asesinaron a los principales fiscales que los estaban investigando, entre ellos el muy conocido Giovanni Falcone y su esposa. Se puede leer esa historia en el más reciente libro de Roberto Saviano, Los valientes están solos. Fueron combatidos y derrotados considerándolos terroristas.

No es demasiado diferente a lo que estamos viendo en México. Ayer, el mismo grupo criminal que puso el coche bomba en Michoacán atentó contra el subsecretario de Seguridad Pública de Colima, Heriberto Morentín Ramírez. Quedó gravemente herido. Eso se llama terrorismo.

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