Telecomunicaciones y Radiodifusión, Asuntos de Interés de Todo el Pueblo de México

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/Cambio 22

La mayoría morenista en el Congreso de la Unión y sus aliados en lugar de mejorar las leyes que requieren reformas a profundidad las están destruyendo para que las instituciones del Estado mexicano terminen siendo un cascarón, sin las facultades técnicas ni administrativas para conservar el estado de derecho y solo estén al servicio de un proyecto político que beneficia a unas cuantas familias que desde el PRI y luego en la oposición hicieron sus grandes fortunas.

La lista de morenistas que se beneficiaron de los gobiernos priistas es larga, pero al darse cuenta que esa empresa política estaba a la deriva, saltaron de la noche a la mañana al PRD y luego a MORENA y otros, dieron el gran salto del PRI a MORENA, esta clase de personas que han vivido de la política como si fueran cargos nobiliarios no tienen autoridad moral para decidir el rumbo del país destruyendo las instituciones.

Si en el 2018 y en el 2024, la mayoría de electores voto por la 4T, lo hizo porque ya no querían nada con el PRI o el PAN, sin embargo, la clase política de MORENA se burló de esa mayoría y ahora les pasea en su cara los trofeos priistas que tiene a su servicio, sin importarle la ética política, los principios ideológicos y mucho menos las necesidades del pueblo de México.

Los asuntos que se presentan y aprueban en el Congreso de la Unión incumben a todo el pueblo de México, el cual no está representado en las sedes del Senado de la República o en la Cámara Federal de Diputados, porque en ese poder legislativo, solo se defienden los intereses de una clase política que considera que el país es de su propiedad.

De allí la importancia que en espacios periodísticos regionales o estatales cómo este se aborden y difundan puntos de vista que deben ser tomados en cuenta por los llamados representantes populares y por la ciudadanía en general para que con información les exijan a las personas legisladoras que elaboren y aprueben leyes congruentes con los requerimientos de la sociedad mexicana y no solo una continuación de la serie de ocurrencias o venganzas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre estos temas, se encuentra la iniciativa de una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual según la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) constituye un retroceso porque no prevé los principios de independencia, transparencia y pluralidad que requiere el régimen legal de ambos sectores, motivo por el cual la propuesta vulnera derechos fundamentales, el sistema de comunicación y la razón de ser de un Estado democrático.

Quizás para un amplio segmento de la población mexicana los asuntos de las telecomunicaciones y la radiodifusión, solo sean de interés para las grandes empresas telefónicas y las concesionarias de radio y televisión, pero están muy alejados de la realidad, porque las intenciones del gobierno mexicano es evitar que el pueblo de México pueda ejercer con plena libertad sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, prensa e información.

Porque las reformas que pretende imponer la 4T están diseñadas para inhibir todo tipo de oposición a los planes gubernamentales por medio del control de medios de comunicación convencionales y redes sociales, con estas reformas, el gobierno federal se está reservando el derecho de restringir del bloqueo de redes sociales cuando vayan en contra de su proyecto político.

La AMEDI sostiene que esta propuesta que se está debatiendo en foros de expertos –los cuales serán usados solo como justificante de parlamento abierto, pero lo que allí se diga no será tomado en cuenta por la 4T–, afecta los servicios públicos de interés general y los derechos de usuarios, consumidores, audiencias y ciudadanos, por lo que la deliberación pública debe estar encaminada a que la legislación, las políticas públicas y la regulación de los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y digital salvaguarden y preserven los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información, de las audiencias y todos los que habilita el acceso irrestricto a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Un grupo de expertos, integrantes de esta asociación civil, advierten que la propuesta gubernamental distorsiona el régimen regulatorio, porque copia la mayor parte del articulado de la vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, la cual fue concebida para ser aplicada por un organismo constitucional autónomo, ahora extinto.

Esta agrupación de profesionales de la comunicación explican que la AMEDI siempre ha sido partícipe y promotora de un marco legal plural, incluyente y garante en todo momento de los derechos fundamentales. Por ello, cosideran 12 aspectos que deben ser atendidos y mejorados antes de que el proyecto de ley del gobierno federal sea aprobado por mayoría de la 4T.

1. Concentración de poder y atribuciones exorbitantes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

2. Bloqueo de plataformas digitales

3. Censura previa de contenidos extranjeros.

4. Riesgo de revocación de concesiones

5. Neutralidad de la red debilitada.

6. Nuevo registro de usuarios.

1. Se eliminan los principios constitucionales de la radiodifusión pública. 

2. Insuficiente apoyo para medios sociales, comunitarios, indigenistas y afromexicanos. 

3. El Estado y sus empresas de conectividad deben cumplir obligaciones y objetivos de conectividad social.

4. Espectro accesible.

5. Propiedad cruzada de medios.

6. Oportunidades de mejorar la ley.  

Por una Internet libre, abierta, plural e incluyente

México necesita políticas públicas digitales federales, estatales, municipales y sectoriales (educación, salud, cultura, seguridad, ciencia y tecnología) que promuevan el acceso irrestricto, convergente y efectivo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación para todos los mexicanos, sin importar condición socioeconómica, ubicación geográfica, género, edad, discapacidad u origen. La inclusión digital universal es una condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales en el siglo XXI.

La Amedi defiende una Internet libre, abierta, plural e incluyente, un ecosistema digital justo y el acceso universal a los derechos que la tecnología habilita. El futuro digital de México debe construirse con diálogo, colaboración, libertad, equidad y democracia.
Las personas que cobran en la Cámara Federal de Diputados y en el Senado de la República en representación del pueblo de Quintana Roo, deben dar una explicación de cómo están defendiendo los derechos de la sociedad quintanarroense para defender sus derechos a estar informada libremente.

redaccionqroo@diariocambio22.mx

HTR/RCM