► Los cobros que realizan la Capa y Aguakan son 8 veces más de lo que se paga en otras entidades ► Ambas han captado indebidamente más de 26 mil millones de pesos desde el 2011, que superan la deuda pública del estado ► Ciudadanos se organizan para recurrir a amparos colectivos para obligar a reducir las tarifas hasta en un 60 %

Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 27 de diciembre.- Investigador del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Iapqroo) denunció que, con base a un estudio del comportamiento de las tarifas de agua potable que se han pagado desde 1980 hasta el 2023, se determinó que en la entidad es donde más se paga para poder acceder al recurso hídrico en todo el país.

Juventino Castillo Pinzón, investigador de dicho instituto, afirmó que los cobros que realizan tanto la CAPA como la concesionaria Aguakan por concepto de agua potable son hasta 8 veces más de lo que se tasa en otros estados, sin evitar que cada mes las tarifas aumenten y que impacta más en las familias de escasos recursos económicos, que cada vez tienen más dificultades para hacer los pagos y no quedarse sin el vital líquido.

“En Quintana Roo, las tarifas por suministro de agua potable son ocho veces más elevadas que el promedio nacional y seis veces más que en Yucatán, lo que no deja de ser un abuso, tanto por la Capa, que brinda el servicio a aproximadamente 172 mil 085 usuarios, como de Aguakan, que atiende a 463 mil usuarios, siendo que además se tiene que sufrir el impacto a la alza por alrededor de 130 % tan solo de 2011 al 2015, al entrar en vigor los decretos 444 y 066 que permiten aplicar tarifas excesivas que lastiman los bolsillos de los quintanarroenses y especialmente de los usuarios de escasos recursos”, expuso.

Recalcó que no es suficiente con que el Congreso le haya retirado la concesión a la empresa Aguakan, sino que se deben echar atrás los decretos 444 y 066 para frenar cobros tan elevados, más porque Aguakan, que aún está brindando el servicio en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, ha captado recursos desde el 2011 de al menos 21 mil millones de pesos, que es una cantidad que supera la deuda pública del estado, y la Capa, por más de 5 mil millones de pesos, con un servicio deficiente y de pésima calidad.

Es por ello que, buscando revertir los decretos y obligar a reducir las tarifas hasta en un 60 %, convocarán a la ciudadanía a sumarse a las acciones que emprenderán para reunir las firmas que se requieren para interponer amparos colectivos.

“Ya la gobernadora tiene conocimiento de toda esta situación porque se le ha informado a su gente más cercana, pero hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada; entonces, tenemos la intención de interponer amparos colectivos encaminados a revertir los decretos y obligar a ambas empresas a reducir las tarifas. De lograrlo descenderían hasta en un 60 %, por eso vamos a instalar mesas en varias colonias a partir de la próxima semana para invitar a la ciudadanía a sumarse y recabar las firmas que se necesitan para proceder.”

Precisó que se necesita al menos el 0.17 % del padrón electoral para recurrir a dichos recursos legales y que esperan reunir las firmas en un lapso no mayor a 3 meses.

 

 

lau.beytia@diariocambio22.mx

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