• El presidente del STF, Luís Roberto Barroso, impone nuevas medidas para combatir el aumento de muertes por parte de la policía, exigiendo grabaciones continuas y sanciones por incumplimientos en el uso de cámaras, tras un aumento significativo de la letalidad policial

 

Redacción / CAMBIO 22

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luís Roberto Barroso, ordenó el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de la Policía Militar en São Paulo, en respuesta a una solicitud de la Defensoría Pública.

La decisión, tomada el domingo y divulgada este lunes por la Corte, establece varias medidas específicas: la reactivación de un mínimo de 10.125 cámaras en operaciones, grabaciones ininterrumpidas mientras no se compruebe la efectividad técnica del sistema de activación remota (automático e intencional), publicación de datos en el portal de la Secretaría de Seguridad Pública y la presentación mensual de informes sobre los avances.

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También se deberán proporcionar detalles sobre procesos disciplinarios por incumplimientos en el uso de las cámaras.

Barroso destacó que, ante el aumento significativo de las muertes provocadas por la policía en 2024 y la falta de pruebas sobre los nuevos dispositivos, es imprescindible mantener el modelo de grabación continua para evitar retrocesos en la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la vida.

La medida ocurre en medio de una fuerte conmoción debido a la sucesión de muertes violentas en Sao Paulo por parte de la Policía Militar, que abrieron un debate nacional sobre la necesidad de reglamentar con más rigor la actuación de la policía.

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En la decisión divulgada este lunes, el juez afirmó que en 2020, con el programa Ojo Vivo, que implantó el uso de cámaras, hubo una reducción del 76 por ciento de la letalidad en los batallones equipados con el dispositivo.

En 2023, con la sustitución por el programa Muralla Paulista, que dio a la policía el poder de encender o apagar la cámara, hubo un aumento del 46 por ciento de la letalidad policial.

En noviembre, el presidente del STF exigió información detallada sobre el contrato entre la Policía Militar y la empresa proveedora de las cámaras, incluidos los cronogramas para pruebas, capacitación y uso de los equipos. El Gobierno paulista informó que las acciones previstas avanzan gradualmente, y que las cámaras podrían ser activadas tanto de forma intencional como automática.

 

 

 

Con información del sistema de Noticias Cambio 22 y Xinhua

redaccion@diariocambio22.mx

GPC/MA

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