Sólo 250 Días después de Rendir Protesta, Heyden Cebada Asumió la Presidencia del Poder Judicial y Ahora, la Reforma Judicial Amplía su Tiempo como Magistrado a 11 Años
11 Ene. 2025
Miguel Ángel Fernández/ CAMBIO 22
CHETUMAL 11 de enero.- Heyden José Cebada Rivas, quien fue designado magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJ) el 29 de noviembre de 2021 con 21 votos a favor en la XVI Legislatura, asumió solo 250 días después la presidencia del Poder Judicial. El 5 de agosto de 2022, por decisión unánime del pleno del TSJ, fue nombrado magistrado presidente para un periodo que inicialmente concluiría el 31 de agosto de 2027.

Sin embargo, con la reciente reforma constitucional aprobada por la XVIII Legislatura el 9 de enero de 2025, su cargo se extiende de manera automática por ocho años adicionales, permitiéndole mantenerse como titular del Poder Judicial hasta 2033. Esta reforma, además de exceptuarlo del proceso de elección popular al que se someterán la mayoría de los magistrados y todos los jueces, le otorga una pensión vitalicia, prerrogativa que no aplicará para los demás magistrados.

El ingreso mensual de Cebada Rivas ha sido tema de debate público, ya que supera los 265 mil pesos, una cifra que sobrepasa el sueldo de la presidencia de la república. Aunque la reforma plantea una reducción en esta remuneración, los dos años y medio que ha ocupado el cargo se traducen en más de 7.95 millones de pesos percibidos hasta el momento.

De mantenerse el ingreso actual por los 11 años de mandato que ahora tendrá asegurados, el monto total ascendería a 35 millones de pesos (considerando 265 mil pesos mensuales por 132 meses), una cifra que ha despertado críticas y generado cuestionamientos sobre la sostenibilidad y equidad en las remuneraciones del servicio público.
La reforma que originó estas condiciones fue impulsada como parte de un proceso para alinear la legislación estatal con los lineamientos constitucionales federales, que promueven la elección popular de jueces y magistrados para aumentar la transparencia y la legitimidad en el Poder Judicial. Sin embargo, la excepción que protege a Cebada Rivas ha sido vista por algunos sectores como una medida que contradice los principios de imparcialidad y equidad en la administración de justicia.
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