Redacción/ CAMBIO22

Tras más de un año de la declaratoria de 53 mil hectáreas en Quintana Roo como Área Natural Protegida, donde están la mina y el puerto de Calica, el sitio carece de reglas para el uso y aprovechamiento de sus recursos.

Aun sin estas reglas, el Gobierno federal mantiene negociaciones con Calica, filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials, para crear un “desarrollo turístico de bajo impacto” y también se analiza que el Estado compre los predios, como lo ha declarado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias mañaneras.

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El Área Natural Protegida “Felipe Carrillo Puerto”-en donde se encuentra la mina y el puerto de Calica- fue decretada como zona de protección el 23 de septiembre de 2024, días antes de concluir la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurrió como estrategia del Gobierno federal para evitar que la minera siga explotando materiales de construcción.

De acuerdo con el decreto de creación de esta Área Natural Protegida, el programa de manejo debe publicarse conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual dicta que las autoridades tienen un año a partir de la creación de cada área natural protegida para publicarlo.

“Es indispensable contar con el programa de manejo para conocer exactamente la forma en la que se protegerá el área. Además ahí, en el programa de manejo, se deben especificar las actividades que pueden realizarse y en qué partes del territorio”, explica a El Sol de México Gina Chacón, integrante del colectivo de organizaciones ambientalistas NOSSA México.

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“Esta área fue decretada como Área de Protección de Flora y Fauna, lo que implica que hay especies de flora y fauna de importancia ecológica y cualquier actividad como el turismo podría alterar o impactar su efectiva conservación”, detalla la especialista.

Chacón expone que en los programas de manejo de cada Área Natural Protegida, la Semarnat define la capacidad de carga de cada zona. Es decir, la capacidad de uso de un ecosistema sin que resulte afectado, ni rebase su capacidad de recuperación a corto plazo.

Esta área fue decretada como Área de Protección de Flora y Fauna, lo que implica que hay especies de flora y fauna de importancia ecológica y cualquier actividad como el turismo podría alterar o impactar su efectiva conservaciónGina Chacón, integrante del colectivo de organizaciones ambientalistas NOSSA México

Los programas de manejo se describen “las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida”, así cómo “las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo”, y la “forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable”, según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, dijo el 11 de octubre de 2024 que el programa de manejo, reglas de uso y aprovechamiento, estaría listo el 18 de febrero de 2025. No ocurrió y a la fecha esta zona natural todavía no cuenta con reglas para su uso.

El Sol de México consultó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sobre la falta de reglas. Hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Aunque el Área Natural Protegida “Felipe Carrillo Puerto” carece de ellas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 22 y el 26 de agosto que su gobierno negocia con Calica la creación de un“desarrollo turístico de bajo impacto” como alternativa a la explotación de la mina que actualmente se encuentra detenida.

La negociación se debe a que Calica, hoy llamada Sac-Tun, es propietaria de un predio de alrededor de dos mil hectáreas y el puerto Punta Venado, ubicadas al interior del Área Natural Protegida.

Sin embargo, al declarar Área Natural Protegida el predio, el decreto publicado en el DOF prohíbe las actividades como la explotación minera, que es el principal giro de Calica, razón por la cual la filial de Vulcan Material quedó imposibilitada para explotar materiales de construcción.

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De acuerdo con Alicia Bárcena, los predios siguen siendo propiedad de Calica, pero esta empresa minera ya no puede explotar piedra caliza como lo hacía desde 1986, cuando obtuvo la concesión para el aprovechamiento de los recursos.

Este caso, llevado a tribunales internacionales por Calica, ha generado que el Gobierno federal busque alternativas para que Calica aproveche sus predios de una manera distinta a la explotación minera.

El 1 de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que analiza la opción de que el Estado mexicano compre el predio de la mina y el puerto Punta Venado para evitar los resultados del juicio.

 

 

 

Fuente El Sol de México

redaccion@diariocambio22.mx

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