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• La 4T desapareció el FONDEN en 2021, reemplazándolo por un fondo presupuestal anual, tras las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, ese nuevo esquema enfrenta su mayor desafío.

 

• Claudia Sheinbaum desplegó al Ejército y Marina para la emergencia y promete que “a nadie dejaremos desamparado”, pero las demoras en la ayuda y la falta de un fondo robusto revelan las debilidades de la respuesta federal actual.

 

• Adiós al FONDEN: el fideicomiso de desastres que Morena extinguió en 2021

 

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), creado en 1996 para apoyar a estados y dependencias federales ante catástrofes, dejó de existir en esta administración, en octubre de 2020, en medio de la pandemia, la mayoría legislativa de Morena aprobó la extinción de 109 fideicomisos públicos, incluido el FONDEN, bajo el argumento de liberar recursos para la emergencia sanitaria y acabar con presuntos malos manejos.

La desaparición se formalizó en 2021, cuando la Secretaría de Hacienda (SHCP) vació el fideicomiso que al cierre de 2020 tenía una bolsa de 35 mil millones de pesos y eliminó sus reglas de operación. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió entonces la medida calificando al FONDEN como “caja chica millonaria” supuestamente aprovechada por contratistas, y redirigió parte de sus recursos a otros rubros urgentes (salud, programas sociales e infraestructura prioritaria).

Va la explicación del FONDEN por AMLO:

El FONDEN, era la caja chica o la caja muy grande, de los políticos corruptos. Este fondo no les llegaba a los afectados.

Se cierra esta oficina de la tranza y de la corrupción. Los medios de la derecha callaban, eran maiceados.
RT👇 pic.twitter.com/6SlCiLFqhY

— David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) October 12, 2025

 

En palabras de analistas, esta decisión significó “el fin de un escudo” financiero para la protección civil que por más de 20 años había permitido ahorrar para desastres.

No obstante, la eliminación de FONDEN dejó un vacío operativo y presupuestal. Antes de su extinción, el fideicomiso contaba con aportaciones anuales obligatorias (0.4% del gasto federal programable) que le permitieron acumular hasta más de 33 mil millones de pesos en reserva. Con su desaparición, México perdió alrededor del 45% de los recursos disponibles para desastres naturales de un plumazo.

Los fondos que había en FONDEN fueron transferidos a la Tesorería de la Federación y en parte utilizados para otros proyectos por ejemplo, 40% de los fideicomisos liquidados terminó financiando el Tren Maya según datos oficiales, mientras que lo restante quedó sujeto al gasto anual en emergencias. Diversos sectores advirtieron que abolir el FONDEN sería “un grave error” que dejaría al país más vulnerable ante fenómenos extremos, pero aun así la 4T avanzó con la extinción.

¿Con qué se sustituyó? El nuevo esquema presupuestal?y su operación

Tras la desaparición del fideicomiso, el gobierno federal implementó un nuevo modelo de atención a desastres basado en el presupuesto anual. Desde 2021 existe una partida denominada Programa para el Fondo de Desastres Naturales (PFDN) dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo el Ramo 23. A diferencia del antiguo FONDEN, esta partida no acumula recursos plurianualmente ni constituye un fondo independiente: sus montos se autorizan cada año y no gastado se pierde o puede reasignarse a otros programas.

🔴Claudia Sheinbaum señaló que el extinto #FONDEN tenía “mucha burocracia” y se usaba de forma corrupta, pues algunos aprovechaban las tragedias para beneficiar a amigos o falsificar compras.

Explicó que por eso AMLO eliminó el Fonden y se creó una partida presupuestal directa… pic.twitter.com/T2WY6nsSda

— Azucena Uresti (@azucenau) October 13, 2025

Para 2024, por ejemplo, la SHCP proyectó $17.98 mil millones de pesos en este programa, prácticamente la mitad de lo que FONDEN tenía disponible antes de extinguirse. Esos recursos solo se liberan después de una declaratoria oficial de desastre o emergencia y son transferidos directamente por Hacienda a las dependencias ejecutoras (Sedena, SICT, Bienestar, gobiernos estatales, etc.) encargadas de las acciones de protección civil y reconstrucción.

El proceso sigue lineamientos internos de Hacienda, sin las reglas de operación claras que regían al fideicomiso disuelto.

Las tormentas provocaron daños en más de 1,000 kilómetros de vías en cinco estados, cortes de luz para 320 mil usuarios (restablecidos en 75% para el 11 de octubre) y aislamiento de decenas de comunidades.

El nuevo esquema se financia exclusivamente con recursos del erario federal, ya no existe un fideicomiso con patrimonio propio o aportaciones extraordinarias; ahora todo depende de las asignaciones que aprueben los diputados cada año y de los ajustes que Hacienda decida durante el ejercicio.

Para atender contingencias mayores, el gobierno dispone además de seguros catastróficos y bonos paramétricos contratados con aseguradoras internacionales instrumentos vigentes desde antes y que se han mantenido, los cuales ofrecen cobertura hasta por 5 mil millones de pesos y 485 millones de dólares respectivamente.

Sin embargo, estos seguros solo pagan si se cumplen ciertas condiciones (por ejemplo, intensidad de huracán, zona de impacto) y no sustituyen un fondo amplio, si el evento no encaja en la póliza, no hay indemnización.

En la práctica, la respuesta financiera a emergencias quedó supeditada al flujo de ingresos gubernamentales del momento en que ocurre el desastre, esto implica que si una tragedia golpea hacia finales del año, cuando buena parte del presupuesto ya está comprometido, Hacienda debe recortar recursos de otros programas para atenderla tal como ocurrió en 2023 tras el huracán Otis en Guerrero.

Hacienda y funcionarios de la 4T insisten en que “sí hay fondo” para desastres aunque el fideicomiso desapareció, subsecretarios como Gabriel Yorio han señalado que entre el programa presupuestario, los seguros y bonos, México cuenta con “suficientes recursos” para emergencias.

Incluso tras el huracán Otis, la SHCP aseveró que había 18 mil millones de pesos disponibles para la atención inmediata, y oficialmente, en 2023 se han transferido miles de millones del PFDN para reconstrucción y apoyo en desastres recientes.

No obstante, la realidad es opaca: datos abiertos de la propia SHCP mostraban que de 2021 a 2023 el programa FONDEN no había gastado un solo peso, mientras que informes trimestrales reportaban transferencias acumuladas por más de 22 mil millones, sin desglosar su origen ni destino.

Esta falta de transparencia, resultado de eliminar el fideicomiso público que obligaba a rendir cuentas, ha vuelto discrecional el uso de los recursos para desastres.

En 2021 y 2022, por ejemplo, hubo 645 declaratorias de emergencia o desastre en el país, pero el presupuesto asignado para atenderlas no se ejerció en esos años, y en 2023, aunque se aprobó un aumento a $18 mil millones, a mitad de año Hacienda recortó 21% de esos fondos para destinarlos a otras prioridades, disminuyendo la bolsa disponible para emergencias.

En síntesis, el modelo actual carece de reglas claras, no garantiza uso eficiente ni oportuno del dinero, y su disponibilidad puede cambiar al vaivén de las presiones financieras gubernamentales.

 Tragedia bajo el agua: inundaciones mortales y la primera prueba de Sheinbaum

Las consecuencias de este nuevo esquema quedaron expuestas con crudeza en las recientes inundaciones que azotaron el centro del país. Entre el 6 y el 9 de octubre de 2025, lluvias torrenciales exacerbadas por un sistema tropical provocaron el desborde de ríos y deslaves en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, dejando un saldo trágico.

Al 11 de octubre, las autoridades confirmaban 41 personas fallecidas (15 en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y 1 en Querétaro) y 27 desaparecidas, además de miles de viviendas anegadas, caminos destruidos y comunidades enteras incomunicadas.

La magnitud del desastre llevó a la activación inmediata de los Planes DN-III-E y Plan Marina, con los cuales el Ejército y la Armada desplegaron efectivos para rescatar personas, abrir paso en las zonas aisladas y instalar albergues y comedores comunitarios en los cinco estados afectados.

Claudia Sheinbaum, en sus primeras semanas al frente del Ejecutivo federal, se enfrentó así a su primera emergencia nacional de gran escala.

La presidenta convocó el Consejo Nacional de Protección Civil y sostuvo reuniones virtuales con los gobernadores estatales para coordinar la respuesta y evaluar daños.

Desde Palacio Nacional, ordenó movilizar recursos federales y prometió apoyo total a los damnificados, “A la población damnificada no le faltará nada”, aseguró en redes sociales, expresando condolencias a quienes perdieron familiares.

Sheinbaum viajó personalmente a las zonas cero el 12 de octubre, recorriendo municipios gravemente inundados como Poza Rica (Veracruz) y Huauchinango (Puebla).

En el terreno, anunció que se realizaría un censo casa por casa para cuantificar las afectaciones y entregar apoyos directos del gobierno federal a cada familia damnificada.

“En cuanto se abran los caminos… estaremos iniciando el censo en todas las localidades donde hubo afectación; a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran, no vamos a dejar a nadie desamparado”, declaró Sheinbaum, recalcando que “no vamos a dejar a nadie desamparado”.

La estrategia anunciada por la mandataria contempla que la Secretaría de Bienestar levante el padrón de damnificados para luego canalizar ayudas económicas y en especie (similar a como el gobierno federal ha entregado enseres domésticos y dinero tras otros desastres).

Paralelamente, los apoyos inmediatos se centraron en la atención de la emergencia, soldados y marinos repartieron alimentos, agua potable y colchonetas en refugios temporales, además de operar cocinas comunitarias y plantas potabilizadoras para abastecer a la población aislada.

La Secretaría de Marina instaló una planta de tratamiento de agua en Puebla capaz de atender a 10 mil personas, mientras que la Defensa Nacional envió brigadas de ingenieros militares para remover escombros y restablecer caminos cortados.

El gobierno federal también habilitó la línea telefónica 079 para reportar desaparecidos en los cinco estados y coordinó con la Cruz Roja y gobiernos locales la apertura de centros de acopio de víveres en ciudades como Veracruz y Puebla. Organizaciones civiles, universidades y voluntarios se sumaron llevando despensas, medicamentos y ropa a las zonas más golpeadas.

En Veracruz, por ejemplo, 24 vías de comunicación que habían sido destruidas fueron rehabilitadas en tiempo récord para reconectar comunidades aisladas, sobre el terreno, Sheinbaum celebró que el clima diera una tregua para establecer puentes aéreos (helicópteros) hacia pueblos aún incomunicados, acelerando la entrega de ayuda.

 Promesas vs. realidad: una respuesta entre reclamos y lentitud

Aunque la respuesta inicial movilizó a todas las fuerzas del Estado, las críticas y señales de insuficiencia no tardaron en aflorar.

En su visita a Poza Rica, Claudia Sheinbaum se encontró con grupos de damnificados desesperados, que entre lágrimas y enojo reclamaron la falta de ayuda oportuna durante los primeros días del desastre.

🌧️ SHEINBAUM ENFRENTA RECLAMOS EN POZA RICA

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó reclamos de vecinos que exigen ayuda urgente tras las inundaciones.

📍“Necesitamos apoyo ya, no promesas”, gritaron… pic.twitter.com/t0ml8LH4Yv

— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 12, 2025

“¡Estamos incomunicados desde hace tres días!” increpó un joven universitario, denunciando que varios estudiantes quedaron atrapados por las aguas sin que nadie acudiera en su rescate.

Otros ciudadanos le gritaron a la presidenta que aún hay personas desaparecidas y criticaron la respuesta del gobierno estatal de Veracruz (encabezado por Rocío Nahle) por considerarla tardía.

Visiblemente tensa ante los reclamos, Sheinbaum intentó calmarlos asegurando:

“No se va a ocultar nada… los vamos a atender a todos”, y prometió que “no escatimará recursos” para apoyar en la limpieza y recuperación de las viviendas.

Sin embargo, también puso fin abruptamente al diálogo:

“Escúchenme, por favor… bueno, ya me voy; a todos se les va a atender”, atajó, retirándose entre el tumulto. La escena capturada en video y difundida en redes evidenció la brecha entre el discurso oficial y la situación sobre el terreno: los damnificados exigían ayuda urgente que, en sus ojos, no estaba llegando con la prontitud necesaria.

En otros puntos, las autoridades federales toparon con críticas similares por la lentitud en la entrega de apoyos. En Huauchinango (Sierra Norte de Puebla), habitantes le expresaron a Sheinbaum su frustración por la escasez de ayuda, obligándola incluso a reprender públicamente al alcalde local:

“Usted dice que sí, pero yo le creo a la gente”, le espetó la presidenta al edil al escuchar que los afectados seguían sin recibir suficiente asistencia.

Estos episodios subrayan un problema, el nuevo modelo de atención basado en censos y transferencias directas, si bien busca evitar intermediarios y clientelismo, puede demorar días o semanas en materializar la ayuda para quien lo perdió todo.

No se tenía condición científica o meteorológica que permitiera anticipar que las lluvias recientemente registradas fueran de tal magnitud, señala Claudia Sheinbaum ante el cuestionamiento sobre si fallaron las medidas de prevención.pic.twitter.com/6QQMn3rpo0

— Monica Garza (@monicagarzag) October 13, 2025

Hasta que no se levante el censo y se liberen los fondos federales correspondientes, muchos damnificados quedan a la espera, sobreviviendo con lo que reparten las fuerzas armadas, las ONG y la solidaridad ciudadana.

En contraste, bajo el antiguo esquema del FONDEN, una vez emitida la declaratoria de emergencia se activaban de inmediato los Apoyos Parciales Inmediatos, insumos de primera necesidad, maquinaria y recursos que el fideicomiso suministraba a estados y municipios para responder en las primeras 72 horas. Hoy, esa inmediatez depende más de la capacidad operativa local y militar que de flujos financieros federales, los cuales se concentran en la etapa posterior de reconstrucción.

Otro punto cuestionado es la suficiencia de los recursos comprometidos. Sheinbaum ha garantizado que “no se escatimará” y que “a nadie le faltará nada”, pero ¿alcanzará el dinero?.

Tan solo en Veracruz, el gobierno estatal estimó preliminarmente más de 16 mil viviendas dañadas por las anegaciones, además de hospitales, escuelas y caminos destruidos.

Atender la reconstrucción mínima de esta emergencia multiestatal podría requerir decenas de miles de millones de pesos cifra comparable al costo de un sismo mayor, superando con creces los $18 mil millones del fondo anual vigente, fuentes de Hacienda admiten que, de ser necesario, tendrían que recortar otros programas federales o buscar ingresos extraordinarios para cubrir el faltante.

En 2023, por ejemplo, el gobierno ya reorientó recursos de distintas dependencias para afrontar la devastación del huracán Otis, dado que el monto presupuestado resultó insuficiente. La situación actual deja en evidencia que el nuevo esquema carece del “colchón” financiero que significaba el FONDEN. Con aquel fideicomiso, México contaba con reservas acumuladas y líneas de financiamiento preestablecidas (incluyendo un bono catastrófico internacional) que amortiguaban el impacto fiscal de un desastre grande.

Hoy, en cambio, se recurre a mover dinero de donde se pueda una vez que ocurre la tragedia, lo que implica respuestas reactivas y potenciales retrasos.

 FONDEN vs. presupuesto anual: ¿mejoró o empeoró la capacidad de respuesta?

A tres años de su desaparición, el balance del FONDEN contra el modelo actual es objeto de intenso debate, expertos en gestión de riesgos, académicos y organizaciones civiles coinciden en señalar que el país está más expuesto y menos preparado financieramente frente a desastres naturales sin el fideicomiso.

“La desaparición del FONDEN sitúa a la población en una posición más vulnerable”, advierte Jorge Cano, especialista de México Evalúa, explica que al eliminarse una herramienta que acumulaba recursos y contrataba seguros integrales, todo quedó sujeto a un presupuesto “totalmente insuficiente” para catástrofes de gran magnitud.

Por su parte, Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del IMCO, subraya que ya no existe un mecanismo de transferencia ágil e inmediata de fondos:

“Bajo este nuevo esquema… todo queda a discreción de los diputados que cada año aprueban la partida, que bien se puede o no ejercer o ser reasignada a otros programas”.

Antes, el FONDEN garantizaba una bolsa fija y disponible; ahora, como recalca Díaz, podría darse el caso de que solo haya 2 mil o 3 mil millones para desastres en algún presupuesto futuro, si así lo decidieran las autoridades financieras, esta incertidumbre presupuestal “acrecenta la preocupación ante la vulnerabilidad de los mexicanos” en emergencias, según el experto.

Otro aspecto crítico es la transparencia y rendición de cuentas, mientras el FONDEN operaba bajo reglas claras (publicando cada año los montos ejercidos por evento, por estado, e incluso permitiendo auditorías sobre su aplicación), el esquema vigente ha sido calificado de opaco y centralizado.

Investigaciones periodísticas han documentado contradicciones en los reportes oficiales Hacienda informa transferencias globales pero no detalla su uso específico y advierten que las asignaciones para desastres se han vuelto “totalmente discrecionales”, es decir, dependen de decisiones políticas del momento, sin criterios públicos de distribución.

De hecho, algunos señalan que la 4T terminó haciendo con el dinero de emergencias justo aquello que criticaba de gobiernos anteriores: manejarlo sin supervisión externa.

“Decían que [el FONDEN] era corrupto, pero ahora vemos [al gobierno] promover a exfuncionarios del FONDEN…”, ironiza un análisis, en alusión a casos de reciclaje político de personajes ligados al viejo fondo.

Más allá de la anécdota, la preocupación de fondo es que la eliminación del FONDEN representó un retroceso institucional en la capacidad del Estado para planificar y responder a desastres. No solo se perdió la obligación legal de destinar un mínimo de recursos cada año a este fin, sino que también se sacrificó la previsión a largo plazo por resolver necesidades inmediatas de caja.

En el terreno práctico, los damnificados resienten estas diferencias. Organizaciones como #Verificados19S nacidas tras el sismo de 2017 y otras ONG han señalado que sin un fondo robusto, la reconstrucción de viviendas y comunidades se vuelve más lenta y depende más de vaivenes políticos.

Tras las inundaciones, por ejemplo, autoridades federales anunciaron apoyos pero no especificaron montos ni plazos para su entrega, generando incertidumbre entre la población afectada.

“¿Cuándo llegará la ayuda del censo?” es la pregunta en boca de muchos damnificados hoy, con FONDEN, si bien también había demoras burocráticas, al menos existía la certeza de un flujo etiquetado de dinero para cada declaratoria de desastre, administrado por un fideicomiso cuya única función era esa.

En contraste, el nuevo modelo ha tenido algunos aciertos según sus defensores, al canalizar apoyos directamente a las personas (sin intermediarios estatales), se busca evitar corrupción local y que la ayuda llegue íntegra al beneficiario, además, la 4T ha enfatizado la importancia de la prevención y la coordinación intergubernamental, se presentó en 2023 una iniciativa de Ley General de Gestión de Riesgos que obliga a estados y municipios a crear sus propios fondos de emergencia y contratar seguros contra desastres.

También se ha mantenido e incluso ampliado la cobertura de seguros catastróficos internacionales para respaldar al erario ante eventos extremos, sin embargo, estos mecanismos no sustituyen la disponibilidad inmediata de recursos líquidos cuando golpea una tragedia.

 Un país más expuesto: conclusiones sin tapujos

La tragedia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro ha dejado al descubierto que, sin el FONDEN, la respuesta del gobierno federal enfrenta importantes limitaciones.

Ariadna Montiel, secretaria de #Bienestar, anunció “Censo del Bienestar” para identificar las viviendas afectadas por las recientes lluvias en cinco estados del país. Se estima que hay daños en al menos 100 mil, aunque la cifra final se determinará una vez concluido el censo. La… pic.twitter.com/PZLhckUFqV

— Sintexto (@SintextoMX) October 13, 2025

Si bien Claudia Sheinbaum ha mostrado diligencia política acudiendo a las zonas afectadas, coordinando con gobernadores y desplegando a las Fuerzas Armadas, las herramientas financieras y operativas disponibles no garantizan una atención rápida, transparente ni suficiente.

Los damnificados han tenido que alzar la voz para exigir lo básico, desde una despensa hasta la localización de sus familiares, evidenciando fallas en la pronta asistencia, el nuevo esquema de emergencias, centrado en un fondo presupuestal anual, ha probado ser más lento y engorroso en la entrega de ayuda inmediata, dependiendo de censos post-desastre y trámites centralizados.

Por otro lado, los recursos asignados resultan escasos ante eventos de gran escala, México pasó de tener un colchón multimillonario para desastres, a confiar en la solvencia del tesoro público en el momento del siniestro, justo cuando las arcas pueden estar más tensas.

Esto se traduce en riesgos reales, retrasos en reconstrucción, comunidades desatendidas por falta de presupuesto y mayor sufrimiento para las víctimas, como resumió México Evalúa recientemente, eliminar el FONDEN fue “un gran error” cuyos efectos hoy están a la vista. Las inundaciones de octubre de 2025 son un doloroso recordatorio de esa lección.

En la hora de la verdad, el gobierno de la 4T está aprendiendo por las malas que desmantelar instrumentos diseñados para tiempos de crisis puede salir caro, la emergencia actual demandará no solo cumplir las promesas de apoyo hecho por Sheinbaum, sino también replantear la estrategia nacional de gestión de desastres.

Expertos y organizaciones claman por institucionalizar nuevamente un mecanismo sólido, con financiamiento suficiente y reglas claras, que no dependa del color del gobierno en turno ni de improvisaciones sobre la marcha, si algo han dejado claro estas inundaciones, es que las tragedias naturales no esperan y el Estado mexicano, sin un fondo de emergencia robusto, sigue estando un paso atrás de ellas.

Si no, al tiempo…..

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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