Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, 15 de junio.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo concluyó que no hubo mayor avance en el gobierno de Carlos Joaquín González a favor del desarrollo del estado, porque los presupuestos de 2017 a 2022 fueron destinados básicamente para mantener la operación y funcionamiento de la administración y no se efectuaron grandes inversiones en obra pública.

Asimismo, la asociación señaló que en la gestión por concluir no se redujo la deuda pública del estado, sino que se transfirió su monto a más largo plazo y con un impacto mayor de intereses a cubrir.

Por la misma razón, a tres meses de concluir la administración de Carlos Joaquín González, el estado de Quintana Roo sigue con los mismos retos de hace seis años: La inseguridad, un sistema de salud Ineficiente, la necesidad de una diversificación económica del estado, mayor inversión en obra pública en la infraestructura del estado y ahora con un reto de atención a la población en los niveles de pobreza y pobreza extrema, la cual creció en los últimos años hasta llegar al 47 % de la población.

El Observatorio Legislativo llegó a estas conclusiones mediante el análisis de los presupuestos de egresos aprobados al Ejecutivo por el Congreso del Estado, para los ejercicios fiscales de 2017 a 2022, pues considera que uno de los mejores indicadores del comportamiento, objetivos y logros de un gobierno es la revisión de su manejo presupuestal.

Los hallazgos que reporta en un análisis, son los siguientes:

1.- El monto ejercido durante esos años suma la cantidad de 166 mil 686 millones 578 mil 490 pesos, con un promedio anual de cerca de 28 mil millones de pesos, ya que inició en el 2017 con un monto de 26 mil millones de pesos y cerró en el 2022 con más de 34 mil millones de pesos.

2.- La aportación del gobierno federal al estado durante ese periodo fue de un promedio anual de 25 mil millones de pesos, iniciando en 2017 con 20 mil millones y terminando en 2022 con la asignación de cerca de 29 mil millones de pesos, lo que muestra una alta dependencia de las aportaciones de la federación.

3.-Lo destinado a la operación del Poder Ejecutivo del estado durante ese periodo suma la cantidad de 29.5 mil millones de pesos, un promedio de 4.9 mil millones de pesos a las secretarías del estado anualmente. Esto representa sólo el 18 % del total presupuestal en el periodo.

4.- Las dependencias del ejecutivo que mayores recursos recibieron durante esta administración fueron: Seguridad Pública, con un total de 11.1 mil millones de pesos, el 38 % del total presupuestado en las dependencias del ejecutivo; Sefiplan, con 4.8 mil millones de pesos, sobre todo luego de que absorbió a la  Oficialía.

Luego sigue el rubro de Educación y Cultura, al que se presupuestaron 2.4 mil millones de pesos, el  el 8% del total; a la oficina del Gobernador le dieron 1.4 mil millones de pesos, el 5 %, para la Secretaría de Salud, fueron 436 millones de pesos durante el periodo, que significaron el 1 % del presupuesto total durante 2017 al 2022.

La Secretaría de la Contraloría fue una de las dependencias del Ejecutivo a las que más se le dotó de recursos en el período, más de mil 100 millones de pesos, que si se comparan con los recursos recuperados en el Sistema Estatal Anticorrupción y el indicador de que el principal problema del Estado sigue siendo la corrupción, fue un presupuesto que no dio los resultados necesarios.

5.- A los Poderes se les asignó un monto total promedio de 4 mil millones de pesos a cada uno, al Judicial y al Legislativo, algo desproporcionado entre la estructura, operatividad y funcionalidad de cada uno de los poderes.

6.- A los órganos autónomos se les presupuestaron más de 3 mil millones de pesos en el periodo y a la Fiscalía General del estado un total de 4.7 mil millones de pesos; a los partidos políticos, 364 millones de pesos; y a los organismos de la sociedad civil, CRIT y Cruz Roja, 280 millones de pesos.

7.- En el rubro de paraestatales se destinó el 52 % de los presupuestos en el periodo, con más de 86 mil millones de pesos. El destino mayor de estos recursos lo representa lo asignado a la educación en sus diferentes instituciones, con un total de cerca de 52 mil millones de pesos que representa el 60 % de lo destinado a las paraestatales.

Al Sistema Estatal de Salud se le destinaron más de 19 mil millones de pesos, que representan el 23 % del total de lo destinado a las paraestatales en el periodo; a la Juventud y el Deporte se le destinaron en conjunto 1.6 mil millones de pesos, que representaron el 1.9 % del total de lo destinado a las paraestatales.

El Sistema DIF tuvo un presupuesto total en el periodo de más de 3 mil millones de pesos, el 4 % del total de lo destinado a las dependencias paraestatales; el Consejo de Promoción Turística recibió un monto de 2.4 mil millones de pesos en el periodo, el 2.8 % del presupuesto de las paraestatales.

Las demás instituciones orientadas a la cultura, comunidad indígena, maya, mujeres y atención a víctimas recibieron partidas presupuestales en un mínimo porcentaje.

8.-Lo destinado en el periodo a la Deuda Pública fue de más de 14 mil millones de pesos, donde se incluye amortizaciones, intereses y gastos devengados por las reestructuración que se efectuaron y que ampliaron plazos hasta de 25 años.

Por tal motivo, se continúa con deuda a largo plazo y con intereses que incrementarán los montos a pagar,  indica el análisis del Observatorio Legislativo.

De hecho, en sus gráficas de análisis, recordó que la deuda pública precisamente es de más de 19 mil 500 millones de pesos, monto superior al del inicio del gobierno de Carlos Joaquín, que incumplió el compromiso de reducir esta carga.

Por lo pronto, mientras no hay avances en la resolución de los problemas del estado, el Observatorio Legislativo indica que además de los retos que ya se tienen en la inseguridad, la ineficiencia del sistema de salud, la falta de obra pública y la diversificación económica, ahora se suma la pobreza.

redaccion@diariocambio22.mx

TIAV

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