Simulará el Congreso de Quintana Roo Investigación Sancionatoria sobre los Mil Millones de Pesos Pagados por Aguakan a la CAPA

• La XVII Legislatura Acordó Ampliar las Facultades de su Comisión Especial sobre el Caso Aguakan, para que Investigue Presuntos Actos de Corrupción de Funcionarios Públicos y Particulares en la Disposición de la Contraprestación Única Pagada por la Empresa para la Ampliación de su Concesión por Otros 30 Años.

• Sin embargo, el Caso Penal se Cayó hace 3 Años, Cuando la Principal Acusada fue Exonerada de Acusaciones de Peculado, además de que los Presuntos Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ya Prescribieron.

• Con esto Inició el Último Período Ordinario de Sesiones de la Actual Legislatura Local.

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 15 de febrero.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo inició este jueves su segundo período ordinario de sesiones del año legislativo, último de su gestión constitucional, y lo hizo aprobando la ampliación de las facultades de la Comisión Transitoria Especial para el caso Aguakan, supuestamente para que investigue presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y particulares con relación al pago y el destino de mil 56 millones de pesos hecho por la empresa a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), como contraprestación única por la ampliación de su concesión, en el gobierno de Roberto Borge Angulo.

“La comisión tendrá todas las facultades necesarias para llevar a cabo todas las investigaciones que considere pertinente para el cumplimiento de su objeto”, el acuerdo aprobado por los diputados esta tarde, con la presunta intención de fincar responsabilidades.

Sin embargo, tomando en cuenta que para estas fechas los posibles delitos cometidos por funcionarios públicos del gobierno de Roberto Borge ya no se pueden sancionar penalmente ni administrativamente por haber corrido sus tiempos de prescripción, y que la principal acusada en ese caso, la exdirectora Paula González Cetina, fue exonerada de cargos en 2020, el intento de la XVII Legislatura quedará simplemente como un acto testimonial, en el mejor de los casos, si llega a alguna conclusión, o como una mera y llana simulación con fines de propaganda político-electoral.

Como parte del acuerdo aprobado, se acordó la sustitución del diputado Julián Ricalde Magaña como integrante de la Comisión Especial para el caso Aguakan, a la que renunció meses atrás por considerarla inútil, y fue sustituido por Andrea del Rosario González Loría, de Morena.

Con esta aprobación, la comisión transitoria queda integrada por Humberto Aldana Navarro, como presidente; Elda Xix Euán, como secretaria; y como vocales, Yohanet Torres Muñoz, Alfonsa Leticia Padilla Medina y Andrea del Rosario González Loría.

Sin embargo, cabe mencionar que el diputado Humberto Aldana Navarro y la diputada Elda Xix Euán acaban de ser nombrados por Morena como candidato a las diputaciones federales de los distritos electorales 03 y 02 de Quintana Roo, respectivamente, por lo que la integración de la comisión especial es susceptible de tener otra modificación, si es que ambos deciden solicitar licencia para separarse de sus cargos de diputados locales para hacer campaña en la elección federal.

El acuerdo también modifica el objetivo de la Comisión Transitoria Especial para el Seguimiento y Atención de los temas referentes a las Concesiones otorgadas a la Compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. conocida por Aguakan, tendrá autorización para la instalación de mesas de diálogos con personas usuarios del agua potable, que consideren tener alguna queja o afectación por parte de la prestadora de servicios.

Para esto, también se estableció que la comisión tendrá todas las facultades necesarias para llevar a cabo todas las investigaciones que considere pertinente para el cumplimiento de su objeto.

Cabe mencionar que la ampliación de las facultades de la Comisión Especial para que tenga facultades de investigar los fondos recibidos por la Capa y la intervención de funcionarios públicos y particulares en presuntos actos de corrupción es un asunto que responde a lo aprobado en el decreto 195 del pasado 22 de diciembre de 2023, en el cual la XVII Legislatura, además de abrogar el decreto del 2014 que aprobó de la ampliación de la concesión de Aguakan, ordenó investigar el dinero de la contraprestación pagada por la empresa en ese año.

Dicho decreto ordena la creación de una Comisión Especial y de Investigación que tenga por objeto la investigación del destino final de mil 56 millones de pesos que recibió la CAPA como contraprestación por la extensión de la concesión, y que transfirió de manera indebida a una cuenta del gobierno del estado; y la intervención de servidores públicos locales y particulares involucrados en delitos del fuero común y federales.

Lo anterior vino aparejado a que señaló que la concesionaria Aguakan pagó mil 56 millones de pesos a la CAPA como contraprestación por la extensión de la concesión por 30 años más, y funcionarios transfirieron el dinero a una cuenta del gobierno del estado donde se usó para gasto corriente, sin que a partir de allí se tuviera mayor rastro del recurso.

De lo anterior se colige que el Congreso del Estado busca fincar responsabilidades a los funcionarios públicos del gobierno de Roberto Borge Angulo que tomaron parte en esos cuestionados manejos de la contraprestación pagada por Aguakan, pero los antecedentes legales del caso señalan que todo esto quedará en simples declaraciones y ningún efecto sancionatorio.}

Para empezar, por el presunto peculado de los mil 56 millones de pesos pagados por Aguakan a la Capa en 2014, al haber sido transferidos por la paraestatal a una cuenta del gobierno del estado, la administración del gobernador Carlos Joaquín González acusó la que fue directora de la CAPA en ese momento, la chetumaleña Paula González Cetina, a quien se tuvo en prisión domiciliaria desde el 2017 para ser sometida a juicio.

Paula González Cetina fue sentenciada culpable en 2019, pero un tribunal colegiado federal ordenó su exoneración de los cargos en el 2020, en un juicio de amparo, al considerar que el juez del Poder Judicial de Quintana Roo no tomó en consideración que no existió peculado de su parte, porque el dinero fue entregado al propio gobierno del estado y no fue distraído para su beneficio personal o de una tercera persona.

En consecuencia, en septiembre del 2020 la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal con sede en Chetumal estableció lo siguiente: “Se dejó insubsistente la resolución de fecha del 13 de junio del 2019 y se revocó la sentencia condenatoria de fecha 28 de febrero del 2019. En consecuencia, se absolvió a la imputada Paula González Cetina, para su conocimiento y efectos legales correspondientes, y por lo que respecta a la última autoridad en mención, infórmese de que deberá dejar sin efectos la suspensión de los derechos político-electorales de la sentenciada Paula González Cetina, en virtud de haberse absuelto a la acusada de mérito.

Por otra parte, cabe mencionar que los delitos cometidos por funcionarios públicos tienen penas que no rebasan los 12 años de prisión en la mayoría de los casos, y en el de peculado los 14 años como pena máxima, de modo que cualquier delito que se les quiera señalar a los funcionarios borgistas por el dinero pagado por Aguakan ya prescribió, al haber transcurrido a estas fechas más de 9 años de que se hubiesen cometido.

Asimismo, tampoco podrán aplicarles sanciones de tipo administrativo si resultara que encontraran faltas en su conducta, porque las responsabilidades de este tipo prescriben a los 7 años después de que se haya cometido el hecho castigable.

Por lo anterior, luego de que el propio decreto de abrogación de la ampliación de la concesión de Aguakan no se ha podido aplicar debido a que fue suspendido por un juicio de amparo, la XVII Legislatura tampoco podrá cumplir con el fincamiento de responsabilidades que, a manera de propaganda, pretende prometer con la ampliación de facultades su comisión transitoria sobre el tema.

franciscohcambio22@gmail.com

RHM