Simulan que Combaten la Corrupción, Pero... Cobran Sueldazo en Guanajuato - Diario Cambio 22

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Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción excusa no tener facultades para denunciar, pese a que fallo judicial lo establece. Sus 5 integrantes sólo se enfocan a la vinculación con organizaciones sociales y académicas relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción, pero ganan 96 mil 159 pesos al mes, que significan 1 millón 154 mil pesos al año

Redacción / CAMBIO 22

Guanajuato, Guanajuato.- Aunque la naturaleza y único fin del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción es vigilar el desempeño de las y los servidores públicos y pujar porque se sancionen los actos deshonestos en los organismos e instancias de gobierno, ese objetivo no se cumple en el caso de Guanajuato.

Aunque existe una sentencia judicial que establece que el CPC sí cuenta con facultades para presentar denuncias ante la Fiscalía estatal con la finalidad de que se castiguen los actos de corrupción, dicho comité prefiere no hacerlo, pese a ser la causa por la que se creó.

Cobran sueldazo simulando que combaten la corrupción en Guanajuato

Actualmente, sus cinco integrantes sólo se enfocan a la vinculación con organizaciones sociales y académicas relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción, quienes ganan 96 mil 159 pesos al mes, que significan 1 millón 154 mil pesos al año.

Es decir que a las y los guanajuatenses les cuesta 5.8 millones de pesos al año mantener un Comité de Participación Ciudadana que se niega a denunciar los actos de corrupción.

Les contradicen

En uno de los casos más recientes, el abogado Roberto Saucedo Pimentel promovió un proceso legal contra el organismo debido a que pidió el apoyo para formular una denuncia contra Mario Bravo Arrona -exsecretario de Seguridad Pública de León- por supuestos actos de corrupción durante su gestión. Sin embargo, al CPC poco le importó, pues excusó no tener facultades para interponer ni coadyuvar por una denuncia.

Sin embargo, mediante la sentencia 464/2021 el Poder Judicial de la Federación resolvió que el CPC sí está capacitado como autoridad para apoyar en los procedimientos de denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Lo cierto es que se logró la pretensión del ahora quejoso ante la autoridad responsable, esto es, que se presentara una denuncia penal ante la Fiscalía y una denuncia administrativa ante el Poder Judicial respecto del actuar de los servidores de esas dependencias”, se informó en la sentencia a partir del oficio SEA-CPC/089/2021.

“Pues el efecto sería que la autoridad competente diera contestación al ahora quejoso sobre las solicitudes realizadas respecto a la presentación de una denuncia penal y una administrativa ante las autoridades indicadas, lo que ya se logró”, se señaló.

Sistema Estatal Anticorrupción lo sigue negando

El pasado 15 de octubre, el CPC informó a Periódico Correo en respuesta a una solicitud de información que desde su creación en 2017 no ha generado una sola denuncia penal o de cualquier otra naturaleza.

“El CPC no cuenta con personalidad jurídica, ni con atribuciones para generar denuncias”, se concluye en ésta y diversas ocasiones al cuestionar sobre las funciones ‘legales’ del organismo del Sistema Estatal Anticorrupción… aunque, precisamente, sus funciones sean combatir los casos de corrupción en los gobiernos y organismos públicos.

Con anterioridad, a través de diversas peticiones, particularmente desde los mecanismos de transparencia en Guanajuato, se le había solicitado al CPC el informe sobre las ‘acciones penales’ registradas por peticiones particulares. Pero, en todo momento, se negaron estas atribuciones.

Entonces, ¿de qué sirve el Sistema Estatal Anticorrupción?

Al no hacer válidos estos procesos de apoyo ciudadano, entonces, el CPC sólo sirve para vincularse con organizaciones sociales y académicas, tal como lo marca el capítulo artículo 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Sólo realizan reuniones virtuales, pláticas y sesiones que no abonan más a los procesos anticorrupción.

Esto ha sido señalado con anterioridad por diversas vías. En agosto de 2023 lo planteó el diputado local de Morena, Ernesto Millán Soberanes, quien pidió limitar la remuneración económica que reciben las personas del CPC al considerar que sus labores no eran efectivas.

El legislador afirmó que, en los últimos tres años, el CPC realizó 12 proyectos, lo que significa que elabora un proyecto cada cuatro meses. Considerando que las y los consejeros ganan 85 mil 895 pesos mensuales -monto de 2023-, cada proyecto cuesta a Guanajuato más de 480 mil 700 pesos.

“Algo totalmente inverosímil y fuera de toda proporción al ser un comité formado únicamente por ciudadanos que, se supone, están preocupados por el combate a la corrupción, y que al mismo tiempo reciben millones de pesos al año para no trabajar como deben de hacerlo, cumpliendo cabalmente con sus atribuciones, mismas que al igual que en todos los comités y consejos ciudadanos estatales deben de ser trabajos realizados de manera honorífica”, dijo el diputado.