Redacción / CAMBIO 22

Cancún, 31 de octubre. – La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo emitió un escueto comunicado a altas horas de la noche, casi a la medianoche del día de ayer, en respuesta a las contundentes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) a la red de tráfico de personas “Bhardwaj HSO”, con sede en Cancún.

Mientras que el comunicado del Tesoro fue difundido desde las primeras horas de la mañana, la dependencia estatal se limitó a confirmar, varias horas después y de manera concisa, que estaba al tanto de la situación.

En su comunicado, la FGE Quintana Roo no ofreció detalles sobre las acciones específicas que ha tomado la dependencia en la entidad, ni se refirió a las acusaciones directas de corrupción y soborno a funcionarios hechas por Washington.

La Fiscalía únicamente señaló:

“Respecto a la información difundida este día por el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América (OFAC), sobre la identificación de una organización encabezada por ‘Vikrant Bhardwaj’, señalada de facilitar el tráfico de personas, se informa que desde hace varios meses dicha investigación se desarrolla de manera conjunta entre autoridades del Gobierno de México, del Gobierno de los Estados Unidos de América y del Gobierno del Estado de Quintana Roo.”


El comunicado concluyó afirmando que las distintas instituciones mantienen una “estrecha coordinación” en las indagatorias, dada la relevancia del caso.

La tardía y breve reacción de la Fiscalía, contrasta con la gravedad y el nivel de detalle de las sanciones anunciadas por la OFAC. El gobierno estadounidense no solo bloqueó los activos del líder de la red, Vikrant Bhardwaj, sino también los de 16 empresas y tres colaboradores, incluyendo a un expolicía de Quintana Roo y a un individuo acusado de sobornar a funcionarios mexicanos corruptos para facilitar el tráfico a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.

La falta de una postura oficial más amplia por parte de la FGE, así como su tardanza, ha generado cuestionamientos sobre la profundidad y transparencia de las acciones tomadas por las autoridades locales frente a esta red transnacional que operaba desde el principal destino turístico de México.

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx 

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