Sigue Negligencia, Tráfico de Influencias y Defensa de Intereses Personales en la Sede de la Fiscalía de Quintana Roo en Carrillo Puerto

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO22

El caso de Juan Carlos López Pantí y de su madre Modesta Pantí, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, sigue dando de qué hablar ante la negligencia y juego de intereses de personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, del DIF Municipal, así como de personas ligadas a MORENA.

Un asunto que debió resolverse ante el DIF municipal y posteriormente ante un juez de lo familiar porque está en disputa la custodia de una mujer adulta mayor, se ha complicado porque han intervenido tráfico de influencias, intereses económicos de servidores públicos, así como diferencias entre hermandas y hermanos sobre quien debe tener la custodia de la madre.

Este caso, independiente de los derechos de privacidad que tiene cada una de las partes, es de interés público por la intervención parcial de personas servidoras públicas de la Fiscalía adscritas a las oficinas en Felipe Carrillo Puerto.

Si es cierto que la Fiscalía General de Quintana Roo tiene un órgano interno de control y éste opera conforme a la ley, se debe investigar la participación de servidores públicos como “juez y parte” en las carpetas de investigación por diversos presuntos delitos abiertas en contra de Juan Carlos López Pantí, varias de las cuales han llegado a judicializarse, mientras que las promovidas por Juan Carlos en contra de sus hermanas, hermanos y personas servidoras públicas de la misma Fiscalía se encuentran archivadas.

Las condiciones de salud de Juan Carlos, que motivaron que el IMSS lo diagnosticara con una discapacidad permanente debe ser tomada en cuenta si es cierto que la Fiscalía y demás autoridades de la entidad son incluyentes y trabajan con el enfoque de derechos humanos, porque hasta el momento solo se observa discriminación, exclusión y malos tratos en contra de Juan Carlos.

El conflicto familiar surgió por la atención a la madre y la forma en cada uno de los integrantes de la familia administran los recursos de las pensiones que tiene la adulta mayor, ya que cobra como extrabajadora de la empresa de múltinivel AVÓN, la pensión de Bienestar y una como viuda de un trabajador municipal.

Juan Carlos y sus hermanas y hermanos, además, de algunos sobrinos se acusan mutuamente de hacer mal uso de los recursos económicos de la madre, lo que motivó que varios de ellos se inconformaran porque el DIF Municipal de Felipe Carrillo Puerto le entregó la custodia temporal a Juan Carlos en el mes de enero de 2024, lo que después motivó una serie de denuncias penales por parte de los hermanos, quienes sostienen que Juan Carlos violenta física, económica y emocionalmente a su madre y éste les hace los mismos señalamientos.

Después de que durante 2024, Juan Carlos fue detenido en varias ocasiones al ser señalado de violento y rijoso, así como de que lo llevaron esposado, en contra de su voluntad, a una clínica psiquiátrica en la ciudad de Mérida, Yucatán, por elementos de la Policía Municipal de Felipe Carrillo Puerto, sin contar con una orden judicial o un requerimiento por escrito de alguna instancia médica o de algún familiar que tenga legalmente su custodia, al final Juan Carlos se está haciendo cargo del cuidado de su madre e insiste que sus hermanos siguieron disponiendo de los recursos de las pensiones de su madre, por lo que sigue presentando denuncias por abuso de confianza, las cuales no proceden por negativa del personal de la Fiscalía, adscrito a Felipe Carrillo Puerto.

En entrevista, Juan Carlos López Pantí declaró que durante los últimos cuatro meses tiene bajo su cuidado a su madre. Explica que personalmente lleva a su madre con las personas que lo ayudan a cuidarla, pero que evita dejarla sola, para que no se la vayan a desaparecer como el año pasado, cuando tuvo que presentar una denuncia por desaparición de persona, ya que ninguna autoridad ni sus hermanos le informaban en donde estaba.

Posteriormente, a la denuncia, la cual motivó que la Fiscalía emitiera una ficha de búsqueda de persona, le informaron que ya había localizado a su madre, y que estaba en Playa del Carmen, en la casa de un familiar a donde fue llevada en contra de su voluntad. En otra ocasión “la escondieron” en José María Morelos, porque en una de las denuncias se dijo que Juan Carlos la violentaba, por lo que la Fiscalía le entregó al custodia a una red de apoyo.

Durante la entrevista, Juan Carlos dijo que a pesar que ella y su madre son víctimas de sus hermanos y de funcionarios de la Fiscalía, ahora tiene que pagar los honorarios de un abogado, para poder defenderse de las imputaciones falsas y por el contubernio y corrupción que existe entre servidores públicos de la Fiscalía.

Aseguró que ahora que pudo recuperar en los hechos la custodia de su madre no la abandonará, a pesar que sus hermanas y hermanos también quieren la custodia, pero para disponer del dinero de las pensiones de su madre.

Aclaró que a uno de sus hermanos lo tiene denunciado por amenazas de muerte, ya que le advirtió que si iba a su casa lo mataría. Las diferencias surgieron, porque Juan Carlos descubrió que durante 16 años, ese hermano desfalcó a su madre por tres y medio millones de pesos, por lo que tuvo que presentar una denuncia penal, pero que además, falsificó su testamento. Ahora que canceló todas las credenciales y tarjetas bancarias que utilizaban sus hermanos y las renovó para poder llevar su madre que ella cobre y disponga de su dinero, “me tienen un odio y me quieren agredir más”.

Doña Mode, quien estuvo presente durante la entrevista agregó que una de sus hijas, le quitó los 12 mil pesos “de la pensión de Obrador” cuando regreso del banco. “Llegué, me senté y en una mesa dejé mi bolsa con el dinero y la tarjeta, ella llegó y se tomó todo y no me dio nada”. Agregó que en otra ocasión, hace como dos meses y medio, la misma hija volvió a quitarle 30 mil pesos del dinero de la pensión del Bienestar y de la pensión que cobra por el trabajo que tuvo en AVÓN. Esta es una historia que se desarrolla en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, pero que ninguna autoridad tiene la voluntad de intervenir y actuar conforme a sus facultades institucionales.

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