Sigue el Abuso en la Asignación de Policías Como Escoltas, Asegura el Observatorio Legislativo

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 14 de marzo.- El Observatorio Legislativo afirmó que la asignación de policías como escoltas para cuidar a funcionarios y políticos en lugar de proteger a la ciudadanía es un problema que no fue solucionado por el gobierno de Carlos Joaquín González y que actualmente persiste y afecta seriamente a la estrategia de seguridad en el Estado.

En un análisis dado a conocer por el presidente de la asociación civil, Eduardo Galaviz Ibarra, señala que la asignación de elementos de las corporaciones policiales para la vigilancia y custodia de personas en el Estado de Quintana Roo ha sido un tema altamente cuestionado, y que importa porque uno de los principales problemas para atender la situación de la Seguridad Pública es la falta de elementos en las corporaciones estatal y municipales.

Señala que, de acuerdo a informes, existen más de 500 elementos comisionados o asignados por parte de estas corporaciones policiales, siendo la estatal y la del municipio de Benito Juárez las que más elementos tienen en esta condición de “escoltas privados”.

El documento añade que, si bien es cierto que en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo se tiene un Capítulo dedicado al tema, tratándose del Capítulo Sexto y que habla del Servicio Público de Escolta, este necesita actualizarse.

El Observatorio Legislativo menciona que está claramente definido que quienes pueden contar con esta protección deben de acreditar ante el Comité dispuesto en la ley que se encuentran en situación de riesgo, bien sean funcionarios, exfuncionarios o incluso periodistas que por sus actividades se encuentren en esa condición.

Sin embargo, considera que en la práctica se ha abusado de esta facultad de tener elementos policiales comisionados a funcionarios, exfuncionarios e incluso empresarios que no están en condición de riesgo por sus actividades y que son utilizados para sus diversas actividades personales.

“En el caso de los municipios, estos no cuentan con normativas de asignación y control de estas decisiones que son tomadas por los Presidentes Municipales en turno. Es necesario por tanto establecer en las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado y en las correspondientes municipales, las normas y políticas claras para la asignación de elementos de custodia y decidir la reinstalación inmediata de los elementos a sus corporaciones que tanto hacen falta para los servicios de seguridad pública”, expone.

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