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Mario Maldonado/ CAMBIO22

 

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará la próxima semana su reforma electoral y lo hará sin un acuerdo previo con sus aliados del Partido Verde y del PT, pese a semanas de mesas, foros y discusiones.

La realidad es que las negociaciones con el Verde y el PT se empantanaron. Sheinbaum incluso estuvo dispuesta a moderar algunos de los puntos más delicados, como la eliminación de los plurinominales, pero la respuesta de sus aliados fue elevar el costo político. El Partido Verde, por ejemplo, presionó para que no se reduzca el financiamiento público a los partidos e incluso planteó homologarlo al nivel de Morena. La exigencia cayó mal en el equipo presidencial.

Ante ese escenario, la decisión de Sheinbaum fue endurecer la propuesta. La reforma que se enviará el lunes, presumiblemente, se acerca más al diseño original impulsado por Pablo Gómez que a las versiones tratadas en las mesas técnicas. El mensaje es que la Presidenta prefiere exhibir quién la acompaña y quién se desmarca.

En privado, en el círculo más cercano de Sheinbaum, la lectura es que el momento sirve para medir lealtades dentro del bloque oficialista. “Vamos a ver quiénes están de verdad con el movimiento y quiénes no”, ha transmitido la mandataria, de acuerdo con fuentes al tanto de las conversaciones.

En Palacio se tomó nota cuando Manuel Velasco le alzó la mano a la senadora del Verde, Ruth González —esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo— pese a que la Presidenta y Morena van contra el nepotismo. Tampoco pasó inadvertida la declaración del coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, quien en enero cuestionó la necesidad misma de una reforma electoral bajo el argumento de que la coalición gobernante ya controla los tres poderes.

La comisión que encabeza Pablo Gómez plantea reducir alrededor de 10 mil millones de pesos del gasto electoral, modificar la fórmula de financiamiento a partidos —que hoy ronda los 7 mil 600 millones de pesos— y revisar duplicidades entre el INE y los OPLES. También se mantiene sobre la mesa el recorte de diputados plurinominales de 200 a 100 y ajustes en los de mayoría relativa, aunque ese punto es precisamente el que genera mayor resistencia en el Verde y el PT.

La discusión se trasladará ahora al Congreso. Morena necesita a sus aliados para alcanzar la mayoría constitucional, y ahí entra la operación de Ricardo Monreal. El coordinador de los diputados morenistas enfrenta su siguiente prueba política: construir los votos suficientes en un ambiente donde su liderazgo interno también está en juego. Como ocurrió antes con Adán Augusto López en el Senado, hay figuras dentro del movimiento que quieren su cargo.

Para el Verde y el PT el cálculo tampoco es sencillo. Romper con Morena en una reforma constitucional implicaría asumir el costo político de votar contra una iniciativa presidencial; y respaldarla sin concesiones significaría aceptar un rediseño que puede afectar su peso legislativo y su financiamiento futuro.

El otro frente que ocupa a la Presidenta es el diseño de su eventual proceso de revocación de mandato. Sondeos encargados por su gobierno estiman que empatar el ejercicio con la elección intermedia podría aportar entre 8 y 10 puntos adicionales a Morena en participación electoral. Aun así, en Palacio reconocen que el resultado difícilmente replicaría el margen que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, quien alcanzó cerca de 90% de votos favorables con una participación de apenas 18% del padrón.

Posdata 1

Con la novedad de que el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, siempre no pedirá licencia en marzo próximo, sino en septiembre, para meterse de lleno en la elección interna por la candidatura de Quintana Roo.

La apuesta de Marín Mollinedo es que para entonces su visibilidad en la entidad sea tal que se refleje en las encuestas y hacia finales del año sea nombrado como coordinador de los comités de defensa de la 4T, es decir, precandidato de Morena o de la alianza oficialista de cara a la elección del 2027.

La gobernadora Mara Lezama y Jorge Emilio González, el llamado “Niño Verde”, impulsan a Eugenio “Gino” Segura para esa candidatura, mientras que en Palacio Nacional ven con mejores ojos a Marín Mollinedo. La mandataria estatal deberá acatar lo que digan las encuestas, cuchareadas o no cuchareadas.

Por cierto que en el círculo de Marín Mollinedo aseguran que no está cerca de Adán Augusto López y que su posible candidatura, más que el impulso del excoordinador de los senadores de Morena, lleva otro tipo de “bendición”… la de Palenque.

Posdata 2

Entre los principales personajes que se verán afectados con el próximo relevo de David Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación se encuentra el senador priista Pablo Angulo Briceño, quien durante su paso por la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Vigilancia del máximo órgano contralor lo convirtió en su brazo operativo, para defender sus intereses y los de su líder político Alejandro Moreno Cárdenas.

Desde dicha Comisión legislativa, Ángulo Briceño controló los procesos de fiscalización del país. Abundan versiones que afirman que incluso lucró con ellos, poniendo precio a las herramientas de solventación de las irregularidades financieras. Las denuncias ubican a grupos de abogados cercanos al diputado campechano que recorrían el país ofreciendo a funcionarios estatales soluciones a sus problemas de auditorías.

A cambio, Pablo Angulo ofrecía a Colmenares Páramo protección en la Cámara de Diputados. Ningún reclamo de los legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia pudo escalar mientras el campechano se mantuvo en esa presidencia. Hubo ocasiones en las que tuvo que saltarse la Ley de Fiscalización para evitar que el auditor se apareciera en esa instancia del Congreso, pues sabía que sus compañeros lo iban a llenar de reclamos.

Se recuerda que esa alianza con el titular de la ASF fue de mucha utilidad para Angulo Briceño en el enfrentamiento que tiene con el gobierno de Campeche, específicamente con la gobernadora Layda Sansores. En ocasiones llegó a sacar del órgano de fiscalización algunos datos sobre presuntas irregularidades de la actual administración de Sansores, y en otras ordenó incluso fabricarlas.

El caso más sonado fue el de la denuncia que fabricó en mayo de 2022 contra el entonces fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia, la cual hizo de inmediato pública “Alito” Moreno para defenderse de diversas grabaciones que Layda Sansores había estado difundiendo en su programa del “Martes del Jaguar”. El líder priista acusó espionaje de la morenista.

Moreno Cárdenas señaló que las grabaciones clandestinas —que por cierto lo exhibieron de cuerpo entero— fueron obtenidas a través de un equipo de espionaje que Sales Heredia se habría supuestamente robado de la Policía Federal durante su gestión como Comisionado Federal de Seguridad de la Segob en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Lo interesante del asunto es que los señalamientos se basaban en documentos de la Auditoría Superior de la Federación, que efectivamente versaban sobre un posible desfalco de 800 millones de pesos por la desaparición en la Policía Federal de Peña Nieto de un sistema de intervención de comunicaciones denominado “Rafael”; el documento estaba ya en la dirección Jurídica del órgano auditor, a punto de denuncia.

Pero la realidad es que, de acuerdo con agentes que formaron parte de esa desaparecida Policía Federal, “Rafael” fue un software de inteligencia, con licencias encriptadas y prácticamente sin elementos físicos; en otras palabras, es algo que no se puede “robar”. Aun así, la ASF de Colmenares estuvo a punto de denunciarlo, únicamente por orden de Pablo Angulo.

Con la salida de Angulo de la Comisión de Vigilancia de la ASF el auditor David Colmenares perdió protección. Se le vio esta semana muy atribulado en su visita a la Cámara de Diputados, de donde tuvo que salir apresuradamente, argumentando que ya era “hora de la comida”, justo cuando los legisladores se acercaban para reclamarle por sus pobres resultados.

Tras su llegada al cargo, David Colmenares se mandó a acondicionar el piso 16 de edificio principal de la ASF como departamento y sala de juntas privada. Sus múltiples asistentes se la vivían ahí, atendiéndolo ante cualquier capricho, mientras sus subalternos, como su director Jurídico, Heladio Ramírez, eran acusados por acoso y las revisiones de las cuentas públicas se maquillaban a conveniencia.

Pésimo final para David Colmenares, uno de los peores titulares que ha tenido la ASF.

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