**El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el Estado mexicano es responsable de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también puede ser responsable de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales.

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Para hablar de personas desaparecidas en México solo basta “alzar una piedra” para encontrar evidencias, testimonios y documentos que avalan que el Estado mexicano ha quedado rebasado para atender este problema, pues durante los últimos años ha sido incapaz de dar respuesta a más de cien mil casos de personas desaparecidas, una cifra sin precedentes en la historia del país, si tomamos en cuenta que las cifras más conservadoras de personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia en los años setentas y principios de los ochenta son de 600 a mil 500.

El pasado 12 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde Ginebra dio a conocer que servidores públicos y el crimen organizado son responsable del creciente número de desapariciones en México, por lo que instó a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana.

“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, dijo el Comité en un informe que concluyó la visita de su delegación* a México en noviembre.

“Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, se lee en el informe.

Del mismo documento se desprende que había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre de 2021. De esas, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8.000 casos nuevos cada año en los últimos cinco años. El Comité destacó la importancia del Registro Nacional, que da una idea de la magnitud de las desapariciones en México.

“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité. “Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”.

Mientras la agenda del gobierno federal está integrada por dimes y diretes con grupos opositores y reformas en materia energética, la desaparición de órganos autónomos, así como una consulta de revocación de mandato que se tergiversó para fortalecer la imagen de una sola persona, el presidente de la república, el referido Comité “mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. También mostró preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado”, concluyó el organismo.

Este documento se da a conocer desde Ginebra en una semana en la que el interés de la clase política está dirigido a otros asuntos, pero menos al de las personas desaparecidas, en tanto, en las diferentes entidades del país, activistas y familiares de personas desaparecidas siguen la búsqueda, a ´pesar que el gobierno les responsa con represión policial.

El Comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.

“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, de acuerdo al organismo.

El Comité también expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52,000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.

Además, el Comité tomó nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.

En sus recomendaciones, el Comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. El Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.

El Comité también hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.

“La desaparición forzada en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”. El Comité reitera su compromiso inquebrantable de apoyar los procesos desarrollados para prevenir y erradicar esta tragedia humana.

En esta liga se puede consultar el informe completo: https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf

Después de varios años de gestiones a nivel internacional familiares de personas desaparecidas en México obtuvieron un informe de este organismo por medio del cual se le responsabiliza al Estado mexicano que por acción y omisión ha coadyuvado a que el fenómeno de desaparición de personas se haya convertido en una tragedia humana, ahora viene la parte más difícil, que el gobierno de la república acepte las recomendaciones y trabaje para cumplirlas.

En respuesta al informe del Comité, que viajó a México en noviembre de 2021, siendo su primer visita a un país, luego de su conformación, los familiares, las personas promoventes, emitieron un comunicado para manifestar que “las familias observamos que el informe emitido por el Comité al Estado mexicano reitera la grave situación de desapariciones en México y las preocupaciones que expresamos a sus miembros durante su visita, retomando en sus recomendaciones la mayoría de nuestras propuestas. Exigimos al gobierno adoptarlas e implementarlas de manera urgente y contundente”.

Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se hizo un llamado al Estado mexicano y, particularmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar ante la sociedad mexicana en su conferencia matutina los principales hallazgos de este informe, con plena voluntad política de implementar esta Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas.

Se le exigió atender cuanto antes a las familias que “buscamos a nuestros seres queridos para dialogar y entablar un trabajo conjunto que desemboque en la creación e implementación de la misma de forma URGENTE y que tenga como principales objetivos la búsqueda inmediata, verdad, justicia y medidas de reparación a las víctimas y sus familias”.

El colectivo también destacó que el referido Comité de la ONU llamó de manera urgente a que el Estado mexicano adopte una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas para la cual se deben cumplir ciertas condiciones mínimas que garanticen su efectividad, tales como: la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad para erradicar las causas estructurales de la impunidad; la necesidad de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública por el riesgo que este implica en materia de graves violaciones a los derechos humanos; la importancia de visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones que permita a la sociedad dimensionar la gravedad del problema frente a un subregistro oficial de casi #100MilDesaparecidxs; y la relevancia de implementar debidamente el marco normativo, jurídico y jurisprudencial en todo el país.

 

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