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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Hace más de diez años, cuando un grupo de personas trabajadoras de medios de comunicación en Quintana Roo participamos en los talleres y demás reuniones para elaborar la iniciativa ciudadana que creo la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, abrogada posteriormente por el gobierno del hoy morenista Carlos Joaquín González, lo hicimos con la convicción de que era el momento que al gremio periodístico en la entidad se le reconocieran sus derechos como periodistas, quienes coadyuvan a que la ciudadanía ejerza su Derecho a la Información plasmado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, al hoy embajador de la 4T en Canadá le fue más fácil ordenar a su mayoría en la XV Legislatura del Congreso estatal para responder a la derecha en México que en ese entonces le dio su apoyo para llegar a la gubernatura, luego de haber salido de su partido, el Revolucionario Institucional, por negarle la candidatura al gobierno del estado, la cual consideraba un derecho de familia.

Le fue más cómodo plegarse a los intereses de esa derecha, de los intereses económicos y patronales de la mayoría de los propietarios y concesionarios de medios de comunicación, que defender los derechos de periodistas, quienes tenemos la encomienda de darle voz a la ciudadanía, acción consagrada en el Artículo Sexto constitucional en la parte que dice: “El Estado garantizará el Derecho a la Información”.

Después que como ciudadanos elaboramos una iniciativa de ley, al interior del Congreso del Estado, le metieron mano al documento y le insertaron, errores constitucionales que identificó la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Corte subsanó el error del propio Congreso de Quintana Roo y ordenó que se hicieran los ajustes necesarios para dar cumpliendo con la resolución a la controversia constitucional, pero Carlos Joaquín González, con sus colaboradores y aliados, muchos ahora en MORENA decidieron abrogar la ley y con ello sepultar la única esperanza que tenía el gremio periodístico para que sus derechos, incluyendo los laborales, fueran respetados.

Una muestra de que el gremio periodístico en Quintana Roo quedó marginado y sin derechos, como el de la vida, fue que durante ese periodo gubernamental asesinaron a cinco personas que trabajaban en medios de comunicación, sin que hasta el momento, la Fiscalía haya podido judicializar los casos y mucho menos ha podido presentar a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes a la libertad de expresión y al derecho a la información de la sociedad quintanarroense.

Dicha ley, además, de un mecanismo de protección de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, contemplaba la existencia de un organismo y protocolos para proporcionar asistencia social a las personas trabajadoras de medios de comunicación, quienes, ahora, como en el pasado nos encontramos en estado de indefensión, por lo que muchos colegas han fallecido en condiciones precarias y sin atención médica de calidad, luego entonces ni laboral ni las instituciones a la población abierta cubren las apremiantes necesidades de salud del gremio periodistico en Quintana Roo.

Un caso de abandono institucional por la falta de interés en la protección del gremio periodístico es el caso de Wilfrido Alejandro Valdez Caamal, un periodista que trabaja y radica en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, pionero en periodismo digital en la zona maya con sus paginas “Maya Noticias y Noticias Veridico” en redes sociales como grupos de Facebook y WhatsApp, que son un referente en materia de información, Alejandro a pesar de haber tocado diversas puertas estatales, principalmente en el sector salud de Quintana Roo para que le realicen un intervención quirúrgica oftalmológica, simplemente le han cerrado las puertas y en forma definitiva el Subsecretario me dijo que no se me apoyaría, porque después de meses de espera, le dijeron que la Secretaría de Salud no tiene los recursos para intervenirlo quirúrgicamente.

En un principio, cuando solicitó el servicio en los servicios estatales de salud, fue atendido de inmediato y remitido al Hospital General de Chetumal, fue entonces cuando las instancias superiores de la Secretaría de Salud enteraron que en ese hospital no se cuenta con el servicio de Oftalmología, por lo que el 27 de octubre de 2025 se le autorizó una consulta en un Centro Médico de la capital del estado, para una valoración y darle el costo de la cirugía, que de manera subrogada se realizaría en hospital de Cancún.

Pasaron las semanas y vía telefónica, el subsecretario de Salud que estaba supuestamente dandole seguimiento a su caso, le dijo que en una semana se contaría con el recurso para la cirugía. “Además, me indicó que personal del hospital donde se cubriría el pago me contactaría, pero no fue así”.

En la tercera semana de noviembre, Wilfrido volvió a llamar al (subsecretario) Gutiérrez. “Fue breve la conversación, donde refirió que no hay recurso y que, así como en mi caso de salud, hay bastantes en espera. Lo que pone en descontento es la espera, que fue en vano, ya que desde el momento de la gestión o al recibir el monto total, hubiera dicho que era imposible la subrogación”.

En Quintana Roo se gastan cientos de millones de pesos en las famosas caravanas de la salud que solo tienen objetivos electorales y de imagen institucional, además, que los contratos se los dan a empresas fantasmas y de dudosa reputación por su vinculación a personajes de la política u otros involucrados en actividades ilícitas.

Incluso, ya es motivo de chascarrillo y de inconformidad social recordar lo que dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador que los servicios de salud en México serían mejores que en Dinamarca, porque hoy en día en redes sociales se difunden cientos de casos de negligencia gubernamental en la atención de la salud pública.

Mientras en todo el país, tanto el gobierno federal como los estatales se gastan miles de millones de pesos en esas caravanas de la salud, los hospitales se encuentran en el abandono, sin servicios de especialidades, sin equipos, sin materiales de curación, medicamentos, así como salarios precarios para el personal, al cual le regatean mejores condiciones laborales.

La Secretaría de Salud en Quintana Roo tiene pendientes como el de informar o al menos aclarar las circunstancias de los contratos para la compra de medicamentos a empresas como la empresa Fantasma ROMEDIC cuyo propietario es amigo del secretario general de Morena AndyLópez Beltrán, la cual, además, ha sido señalada por las propias autoridades federales como vinculada a lavado de dinero.

A esta empresa le otorgaron contratos por más de 490 millones de pesos para la venta de medicamentos y material de curación a los gobiernos de Tabasco y Quintana Roo.

ROMEDIC promovió un juicio de amparo en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de permitirle el acceso a una carpeta de investigación que estaría abierta en su contra.

También hay que recordar que Bernardo Fernández Sánchez, ex directivo de SEGALMEX es socio de la empresa FÁRMACOS DAROVI S.A DE C.V y de PRODUCTOS SEREL empresas con las que el gobierno de QuintanaRoo ha suscrito millonarios contratos con los servicios estatales de salud y en la Secretaria del Bienestar, en la que despacha Luis Pablo Bustamante Beltrán, quien pagó despensas al doble de su valor real.

Además, se simuló una licitación publica de la SESA bajo el número de contrato SESA-DA-026-2023, le entregó el 27 de junio de 2023 por monto mínimo de $18 millones de pesos a un monto máximo de 45 millones de pesos a la empresa FÁRMACOS DAROVI, S.A DE C.V para adquisición de medicamentos para las unidades médicas de primer y segundo nivel de los servicios estatales de salud pero escondiendo el hipervínculo del contrato para que no se conozca qué medicamentos se adquirieron.

Ahora que la 4T decidió quitarle la autonomía a los institutos de transparencia y operarlos bajo su cuenta y riesgo este tipo de anomalías administrativas quedaron en la impunidad, mientras la sociedad quintanarroense seguirá siendo víctima de un sistema público de salud que solo sirve para engordar los bolsillos de la nueva clase gobernante. Servicios de salud de Quintana Roo, en la bancarrota, mientras empresas ligadas a la 4T se llevan contratos millonarios.

Asi pues hoy vemos a un periodista de Quintana Roo que para sobrevivir convina su oficio de comunicador con el de plomeria para sobrevivir, como tantos otros en el estado y que aun asi su economia no le permite solventar los costos de una cirugia en su ojo, mientras la gravedad de su enfermedad avanza en los 4 meses que solamente trajeron las autoridades de salud su caso “peloteado”

Tambien muestra a un Contador Publico de profesión, Secretario de Salud mas interesado en gobernar Isla Mujeres que en cumplir su compromiso frente a la Secretaria de Salud en el Estado, como dicen los que le conocen, “que bueno que se vaya y deje de hacerle daño a la salud de los que menos tienen” pobre de los Isleños si permiten que los llegue a gobernar.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

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