• Organizaciones comunitarias denuncian que asesorías externas habrían influido en el retraso de un proceso sobre más de cinco mil hectáreas ante el TUA 34

 

  • Tribunal declara en rebeldía al Comisariado Ejidal y solicita investigar presunta falsificación de documentos, elevando el conflicto territorial en Yucatán

 

Redacción/CAMBIO 22

Mérida, Yucatán – 2 de marzo de 2026.-El nombre de Sergio Oceransky Losana y de la Fundación Yansa fue colocado en el centro del debate público tras la rueda de prensa ofrecida el pasado 2 de marzo en el restaurante El Apapacho, en el centro de la ciudad de Mérida, donde diversas organizaciones comunitarias denunciaron presuntas obstrucciones en un juicio agrario relacionado con más de cinco mil hectáreas de tierras de uso común en el municipio de Ixil.

La conferencia fue convocada por:

  • Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal

  • Colectivo Cantukún

  • Consejo Maya del Poniente Chikin Ja

  • Kanan Luum Moo Chapab

  • Kanan Derechos Humanos

  • Taller Agrario

Durante la rueda de prensa, los representantes explicaron que el Tribunal Unitario Agrario 34 (TUA 34) declaró en “rebeldía” al Comisario Ejidal de Ixil, lo que permitió finalmente que el juicio avanzara tras más de dos años de lo que calificaron como dilaciones y obstáculos procesales.

En ese contexto, el comunicado presentado ante medios mencionó de manera directa a Sergio Oceransky y a la Fundación Yansa, señalando que el Comisariado Ejidal ha sido acompañado y asesorado por dicha organización durante el periodo en que el proceso permaneció detenido.

De acuerdo con lo expuesto por los colectivos, la asesoría de la Fundación Yansa y de Sergio Oceransky habría sido determinante en las estrategias jurídicas implementadas por el Comisariado, las cuales según su postura contribuyeron a retrasar la apertura formal del juicio agrario.

Además, se informó que el TUA 34 solicitó a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación relacionada con presunta falsificación de sellos y documentos, un elemento que elevó la tensión del conflicto y aumentó el nivel de atención pública sobre el caso.

Las organizaciones firmantes exigieron públicamente que Sergio Oceransky y la Fundación Yansa cesen cualquier acción que consideren dilatoria y permitan que el procedimiento judicial continúe sin interferencias.

El conflicto en Ixil ya no se limita únicamente a la disputa sobre tierras de uso común. Ahora también gira en torno al papel que juegan asesores externos y organizaciones civiles en procesos comunitarios sensibles. En ese escenario, la actuación de Sergio Oceransky y de la Fundación Yansa ha comenzado a ser objeto de cuestionamientos abiertos.

Los colectivos insistieron en que la defensa del territorio debe realizarse dentro del marco legal y respetando los procedimientos judiciales en curso. Por ello, subrayaron que la intervención de la Fundación Yansa y de Sergio Oceransky debe ser transparente y plenamente explicada ante la comunidad.

Mientras el juicio agrario avanza tras la declaratoria de rebeldía emitida por el tribunal, el escrutinio público sobre Sergio Oceransky y la Fundación Yansa continúa creciendo.

En Ixil, el proceso legal sigue su curso.

Y el debate sobre la participación de Sergio Oceransky y la Fundación Yansa permanece abierto.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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