En la demanda, el gobierno estadonide no identifica por su nombre al banco mexicano que pagó el soborno. Sí lo describe como una cadena de banca minorista con sede en la Ciudad de México”, enfocada a atender “a sectores de bajos ingresos en México y Centroamérica, brindando servicios de transferencia de dinero, financiamiento al consumo, depósito y otros” y también relacionada con medios de comunicación.
La demanda, a la cual tuvo acceso La Jornada, señala que el legislador recibió sobornos por 600 mil dólares por parte de una compañía petrolera de Azerbaiyán y el banco que es “propiedad de un conglomerado financiero y minorista mexicano”.
El congresista, considerado uno de los demócratas más conservadores de la Cámara de Representantes, aspira a un undécimo mandato de dos años. Representa a un distrito fronterizo con México que incluye Laredo y partes de San Antonio.
El documento indica que el banco mexicano que pagó el soborno “necesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadunidenses para ayudarlo a repatriar a Estados Unidos grandes reservas de moneda física estadunidense que mantenía en México y convertir la moneda física en dólares electrónicos, lo que el Banco Extranjero podía gastar o transferir más fácilmente”.
Esto debido a que en 2012 los reguladores de la Unión Americana insistieron en una mayor aplicación de la Ley de Secreto Bancario y otras leyes contra el lavado de dinero, lo cual llevó a algunas instituciones financieras estadunidenses a limitar o retirarse de las relaciones de banca corresponsal con instituciones financieras en países de alto riesgo de lavado de dinero, como México.
La demanda indica que la “eliminación de riesgos” fue “una gran preocupación para el banco extranjero, ya que impedía la capacidad del banco para acceder al sistema financiero estadunidense”.
En México operan actualmente dos instituciones relacionadas con cadenas de ventas minoristas. Son BanCoppel y Banco Azteca, sólo que el primero no tiene corresponsales bancarios en Estados Unidos y la demanda también indica que el conglomerado relacionado con el soborno cuenta con firma de medios de comunicación.
La demanda señala que el banco que pagó el soborno, como muchas otras, dependía de relaciones bancarias corresponsales para facilitar las transacciones con remesas.
El documento señala que la negociación para recibir los sobornos, lo cual implicó contratos falsos, consultorías no hechas y una empresa fantasma propiedad de la esposa de Cuéllar, comenzó desde 2014.
En el caso están implicados un ejecutivo del banco mexicano, quien fue vicepresidente entre 2014 y 2024, así como otros intermediarios como un político que representó a Nuevo León en la Cámara de Diputados y cuyos nombres no menciona.
El documento indica que Cuellar actuó en beneficio del banco, “para establecer relaciones bancarias corresponsales, legislación para bloquear regulaciones perjudiciales para la industria de préstamos de día de pago y legislación relacionada con transferencias electrónicas transfronterizas, entre otros asuntos”.
Los últimos pagos fueron hechos en 2019, según la demanda.
Aunque no se menciona en la demanda, meses después de esa fecha, en México, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México (BdeM), a fin de que el banco central mexicano adquiriera los dólares que las instituciones financieras en el país no pudieran cambiar en Estados Unidos.
El presidente Andrés López Obrador expresó su oposición, al sostener que se debía respetar la autonomía del banco central, mientras que la propia institución advirtió en noviembre de 2020 que de aprobarse la reforma a la Ley del banco central se abría la puerta al ingreso de “flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas”.
“Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la ley del BdeM. Uno de los más importantes es que no se vale reformar una ley para favorecer a una sola empresa”, dijo en un tuit Jonathan Heath, subgobernador del banco central en diciembre de 2020.
En ese mismo mes, la Asociación de Bancos de México (ABM) también advirtió que los cambios que se proponían ponían en riesgo al conjunto del sistema financiero del país, por un potencial incremento de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. A pesar de que la iniciativa fue aprobada por las comisiones del Senado, finalmente no fue presentada en el pleno y por tanto, fue desechada.
La demanda indicó que Cuellar y su esposa “utilizaron las ganancias de los esquemas de soborno para satisfacer sus deudas, pagar gastos familiares y realizar compras.”
Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana expresó un posicionamiento.
