• El hoy asesor de Xochitl Gálvez en “materia de seguridad” estaría detrás del proceso de desestabilización en Cozumel y otros puntos de la entidad.

 

 

• Las graves acusaciones lo señalan de estar detrás de la filtración de los videos y llamadas que involucran a los hijos del Presidente de México

 

Redacción/CAMBIO 22

Alberto Capella, del equipo de Xóchitl Gálvez, estaría detrás de proceso de desestabilización en Quintana Roo.

Uno de los jefes de Seguridad de la campaña de Gálvez, el ex Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Carlos Joaquín, presuntamente estaría detrás de una operación para desestabilizar algunos municipios del Caribe mexicano, principalmente Chetumal, Solidaridad y Cozumel,También estaría implicado con la campaña mediática y política contra los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las Acusaciones que surgen e involucran a Alberto Capella Ibarra, miembro del equipo de campaña de la candidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, estaría detrás de una supuesta operación para desestabilizar Cozumel, Solidaridad y Chetumal, especialmente en el contexto de una campaña de desprestigio contra los hijos del presidente López Obrador.

La estrategia, que involucra operaciones mediáticas y electorales, tiene como objetivo generar violencia y cuestionar las gestiones de las actuales presidentas municipales de Othón P. Blanco y Cozumel, Yensuni Martínez y Juanita Alonso, y buscar recuperar el territorio en manos de partidos opuestos.

Se señala que Capella Ibarra, supuestamente respaldado por Xochitl Gálvez, habría difundido un video falso a través de WhatsApp, de un supuesto grupo criminal generando incertidumbre en la región y buscando influir en el proceso electoral del dos de junio de 2024.

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Con un historial previo de corrupción, ineficiencias y represión como secretario de seguridad en Quintana Roo, Capella enfrenta críticas por su gestión durante su desempeño en el anterior gobierno del panista-perredista Carlos Joaquín, incluyendo acusaciones de violencia policial y presunta responsabilidad en situaciones de conflicto.

A pesar de las denuncias en su contra, ha mantenido su influencia en la región, enfrentando incluso problemas legales que cuestionan su actuación durante su gestión en Quintana Roo y su paso por el gobierno del estado de Morelos.

Las acciones violentas de las recientes semanas como ejecuciones y otras hechos delictivos llegaron hasta la conferencia de prensa del presidente en Palacio Nacional, donde se cuestionó la seguridad en la isla de Cozumel, pasando por alto el estado de descomposición heredada luego de la administración del empresario y ex-alcalde priísta, Pedro Joaquín Delbouis.

Aunado a lo anterior, Alberto Capella, actuando presuntamente bajo el amparo de Xóchitil Gálvez, candidata presidencial de la Alianza PAN-PRI-PRD a la presidencia de México y de la panista Lili Campos Miranda, presidenta municipal del municipio de Solidaridad en Quintana Roo, habría estado a cargo de la difusión de un falso video el pasado domingo a través de WhatsApp, donde un supuesto grupo de choque anunciaba su llegada a Cozumel, Chetumal y la Ciudad de México.

Alberto Capella también sería parte de la guerra sucia que emprende la coalición Fuerza y Corazón por México en contra de los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar que los principales operadores mediáticos y políticos de la administración municipal pasada se replegaron en Solidaridad buscando recuperar el territorio.

Entre sus antecedentes, Alberto Capella se desempeñó como secretario de seguridad en Quintana Roo durante la gestión del ex-priísta y ex miembro del PRD, Carlos Joaquín González, quien fue designado por el presidente López Obrador como embajador de México en Canadá y es señalado como el principal responsable de la ola de violencia que desde entonces aqueja a dicha entidad.

Ola de corrupción, ineficiencia y represión

Entre los antecedentes del ex funcionario del Carlos Joaquín se recuerda que la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos, dirigida por Adonai Carrión Estrada, inicialmente otorgó a Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, el beneficio de no acción penal por presuntos actos de corrupción durante su desempeño como jefe policiaco en dicha entidad.

Sin embargo, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) impugnó este acuerdo, alegando irregularidades, lo que llevó el caso al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

En la audiencia de impugnación, se detectaron problemas en la administración previa de la FGR, incluyendo retrasos en las notificaciones a la parte jurídica del CES y la falta de investigación por parte del Ministerio Público. Como resultado, el juez desestimó el acuerdo de la FGR y ordenó la reapertura de la investigación contra Capella Ibarra.

Este desarrollo tendrá importantes implicaciones en el caso en curso.

El 9N, casi 4 años de impunidad

En septiembre de 2019, el entonces gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció la designación de Alberto Capella como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, tras la renuncia de Rodolfo del Ángel.

Este hecho fue punta de lanza durante la protegida administración del nacido en Tijuana, quien en repetidas ocasiones fue beneficiado de la cercanía que tenía con el exgobernador del estado.

El exgobernador Joaquín González resaltó la destacada carrera de Alberto Capella a nivel nacional e internacional, reconocido por su “exitoso” trabajo en la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Lo que se le olvidó decir es que se trataba del alumno más avanzado de Genaro García Luna, como así mismo se calificaba.

Alberto Capella, previamente, había ocupado dos veces el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en Tijuana: primero de 2007 a 2008 y luego de 2010 a 2013. Sin embargo, antes de asumir su cargo en Quintana Roo, Había enfrentado críticas por su desempeño como secretario de Seguridad Pública en el estado de Morelos.

En su estancia en Quintana Roo, el funcionario fue participe de muchos atropellos hacia la ciudadanía del estado, habiendo casos como la muerte de la joven Alexis en Cancún y la excesiva represión policial que se vivió el 9 de septiembre de 2020 en el palacio municipal de Benito Juárez, cuando cientos de manifestantes exigían justicia por el caso anterior.

Pese a demasiadas acusaciones, el entonces Secretario de Seguridad, fue bien protegido por Carlos Joaquín González y eso era demasiado evidente; el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró la destitución de Capella Ibarra, durante su conferencia “La Mañanera”, del 11 de noviembre de 2020.

Herencia de privilegios

En el inicio de la actual administración de la gobernadora Mara Lezama, también arrancó la remoción, reubicación y recorte de privilegios al personal que fue traído del estado de Morelos por el extitular de la dependencia Jesús Alberto Capella Ibarra.

Y es que en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aún labora un gran número de personas, de las más de 200 que fueron traídas por Capella Ibarra, cobrando jugosas compensaciones económicas.

Jesús Alberto Capella Ibarra no se ha ido ni pretende alejarse del estado, producto de los malos resultados obtenidos aún cuando manejó uno de los presupuestos en materia de seguridad más abultados en la historia de este país, señala un jefe policiaco que pidió no ser identificado..

De 2016 a 2018 los homicidios se cuadruplicaron y hasta el final del sexenio siguieron siendo el triple del 2016.

Tras el escándalo por los disparos que hicieron elementos policiacos, pretextando que “era para dispersar” a manifestantes que exigían justicia por el asesinato de Alexis, una joven de 20 años que desapareció el sábado 7 de noviembre de 2010 y fue encontrada muerta al día siguiente, el tijuanense Alberto Capella Ibarra fue separado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Codehqroo) presentó una denuncia penal por la represión con disparos de armas de fuego contra personas que ayer protestaban por los femicidios en Cancún.

“Es algo histórico porque nunca se había hecho”, dijo el presidente del organismo, Marco Antonio Toh Euán, e indicó que la denuncia es contra quien resulte responsable y por “lo que resulte”.

El ombudsman estatal señaló en ese momento que hubo flagrancia en la presión con armas de fuego a las manifestantes.

“Lo que vi en el video es horrible. De policías que están en la barbarie total, como si no existiera un estado de derecho en ese momento”

Además, dijo que en algunos videos se observa la intervención de policías federales, lo que implica que el caso sea atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que a su vez realizaría las denuncias que correspondan.

Refirió que personal de la Codehqroo hizo un acompañamiento durante el tiempo que duró la manifestación de los colectivos feministas, de donde se tomaron las pruebas necesarias que se aportarán al Ministerio Público.

Precisó que unas 10 personas presentaron lesiones, desde golpes hasta heridas de bala, incluidos dos reporteros, pero el número de afectados podría ser mayor.

“Las detenciones son ilegales, no puedes criminalizar una protesta”, subrayó.

Por otra parte, medio centenar de reporteros protestaron al día siguiente de la represión por las lesiones que sufrieron sus colegas Cecilia Solís y Roberto Becerril, ambos heridos de bala, mientras que Selene Hidrogo fue golpeada brutalmente por elementos de la policía municipal.

Tras marchar de la fuente conocida como “El Ceviche” hasta el palacio municipal, fueron recibidos por la alcaldesa Mara Lezama.

Los periodistas se quejaron de la brutalidad policiaca, el uso de armas de fuego contra los manifestantes y que reporteros también fueron víctimas de la represión.

La entonces alcaldesa de Morena y hoy gobernadora Mara Lezama les dijo que el gobierno municipal dio la instrucción de no reprimir a los manifestantes y que hubo una “contraorden” en la línea del Mando Único a cargo de Capella Ibarra.

 

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