Señala Observatorio Legislativo de Quintana Roo vacíos en la iniciativa de Ley General contra la extorsión

• No hay claridad sobre qué Ministerio Público, si el federal o el estatal, serán los responsables de iniciar carpetas de investigación de manera oficiosa, lo que puede generar conflictos de competencia 

• La obtención de pruebas del delito y el ingreso de autoridades a domicilios sin orden judicial son otros asuntos donde se requiere mejorar la reglamentación

Redacción / CAMBIO 22

CHETUMAL, 29 de octubre.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo A. C. señaló que la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, presentada por la titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, presenta vacíos operativos y procesales que deben corregirse antes de su aprobación a fin de garantizar su eficacia.

La iniciativa fue aprobada el martes por la Cámara de Diputados, que la turnó a la Cámara de Senadores, y deriva de la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión a emitir una ley general en la materia.

La asociación civil expone que entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentra que plantea tipificar la extorsión con un catálogo amplio de modalidades, estableciendo un tipo penal único aplicable en toda la República, sin importar el lugar donde se cometa.

También redefine este delito más allá del ámbito patrimonial, al reconocer los daños físicos, psicológicos y sociales que sufren las víctimas.

Resalta como uno de los puntos más innovadores la propuesta de que la extorsión sea investigada y perseguida de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, y mediante el uso de líneas anónimas como el 089.

Sin embargo, en este punto el Observatorio Legislativo advierte que la iniciativa no especifica qué Ministerio Público, si el federal o el estatal, deberá iniciar las carpetas de investigación de manera oficiosa, lo que podría generar conflictos de competencia y obstaculizar la atención inmediata de los casos.

Asimismo, aunque se contempla la confidencialidad de los denunciantes y medidas de protección física y psicológica, se subraya que la presentación de pruebas y declaraciones seguirá siendo un obstáculo por el temor a represalias, por lo que se sugiere fortalecer los protocolos de resguardo y acompañamiento.

El Observatorio también propone incluir la extorsión en el catálogo de delitos de delincuencia organizada, lo que permitirá la aplicación de prisión preventiva oficiosa y una mayor coordinación interinstitucional; aunque cabe mencionar que desde finales del 2024 fue incluido entre los delitos que merecen esa medida cautelar en el catálogo dispuesto en la Constitución federal.

Por otra parte, la reforma establece la obligación de diseñar políticas de prevención en los estados, a través de las Secretarías de Seguridad, con recursos presupuestales y humanos específicos para detectar y desmantelar las redes criminales.

Otro apartado ordena reforzar la vigilancia en reclusorios y centros de detención, ante la evidencia de que muchas extorsiones se orquestan desde el interior de las cárceles mediante teléfonos celulares o contactos externos, pero este punto requerirá, según los expertos, ampliar normas reglamentarias y recursos financieros para garantizar su cumplimiento efectivo.

En contraparte, el Observatorio Legislativo advirtió de que algunos artículos del proyecto generan preocupación entre juristas y defensores de derechos humanos, como el artículo 27, que establece que los jueces podrán anular o excluir pruebas obtenidas con violación a derechos humanos, lo que podría abrir la puerta a la liberación de imputados si las investigaciones no se integran adecuadamente.

Por su parte, el artículo 28 permite el ingreso de autoridades a domicilios sin orden judicial bajo ciertos supuestos, lo que exige un control procesal riguroso para evitar abusos y simples “cantonazos”.

En total, la iniciativa está conformada por 44 artículos normativos que pretenden insertar el fenómeno de la extorsión en todo el marco judicial y procesal del país.

Sin embargo, especialistas advierten que su implementación será gradual y dependerá de la capacidad institucional de las entidades federativas.

Aunque el Observatorio Legislativo la reconoce como un gran avance para atender un problema que afecta la estabilidad económica, la inversión y la seguridad ciudadana, el reto será garantizar la protección real de las víctimas, fomentar la confianza en las autoridades y promover una colaboración estrecha entre sociedad y gobierno.

Solo así esta nueva ley podrá traducirse en resultados tangibles frente a un delito que se ha extendido en todos los niveles sociales y económicos del país, advierte.

De acuerdo con la exposición de motivos, la extorsión ocupa el tercer lugar en incidencia delictiva a nivel nacional y el 97 % de los casos no se denuncia lo que evidencia la desconfianza ciudadana y la falta de mecanismos de protección.

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