SEMARNAT Reconoce Daño Ambiental por Tren Maya, lo que AMLO Negó

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

El doble discurso, el cinismo y la mentira sobre los daños que ha causado y sigue provocando la construcción del tren llamado Maya a lo largo de su ruta, se ha expuesto de manera recurrente por expertos ambientalistas, quienes recurrieron a las instancias legales nacionales e internacionales para denunciar ese agravio al derecho de la humanidad a vivir en un medio ambiente sano, pero el expresidente de México decidió, a pesar de estar informado, seguir con el ecocidio.

Ahora, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce los daños ambientales causados por el Tren Maya, por lo cual manifiesta su intención de poner en marcha un plan integral de restauración en la Península de Yucatán.

Organismos internacionales como Greenpeace advierten que sería un paso en la dirección correcta, “pero es fundamental que este proceso incluya el involucramiento activo de la ciudadanía, comunidades locales y especialistas para garantizar soluciones efectivas y sostenibles”.

Una intervención gubernamental para mitigar los daños requiere que ahora sí sean escuchados y tomados en cuenta los pueblos y comunidades, personas científicas, así como activistas y organizaciones que han recabado durante décadas la información necesaria para conservar uno de los principales pulmones del planeta.

Olvidarse de las voces ciudadanas y de expertos sería un atentado más al tan deteriorado medio ambiente de la región, que además, de los daños por el paso del Tren Maya se enfrenta al deterioro permanente por la actividad turística, así como la agropecuaria que de manera intensiva han diseñado empresas transnacionales.

Greenpeace sostiene que la propuesta de decretar el sistema de cavernas y cenotes de Quintana Roo como reserva de la biósfera representa una oportunidad clave para ampliar el nivel de ambición en la protección integral del acuífero de la Península de Yucatán. Este acuífero es una de las principales fuentes de agua para la región, un conector entre diversos ecosistemas y un contenedor de vestigios arqueológicos y paleontológicos de incalculable valor.

La comunidad científica y las personas defensoras del medio ambiente lo tenían muy claro desde antes del 2018 y buscaron al nuevo gobierno de ese entonces para que apoyaran sus proyectos, sin embargo, solo fueron ignorados y criminalizados de manera constante.

Por ello, el organismo internacional, por medio de un comunicado de prensa difundido este dos de abril, sostiene que la protección de este acuíero debe abordar con urgencia la contaminación proveniente de los diversos puntos de la región más allá del estado de Quintana Roo.

El plan de protección del acuífero debería ser integral, contemplando también poner un alto al uso intensivo de agrotóxicos en monocultivos industriales en Campeche que también han provocado muertes masivas de abejas, así como los desechos generados por las cientos de mega granjas porcícolas en Yucatán. La contaminación de este sistema hídrico pone en riesgo la vida de comunidades y ecosistemas que dependen de él, por lo que cualquier estrategia de protección debe contemplar medidas concretas para frenar estas fuentes de contaminación.

La eliminación de mallas en las vías y la mejora de los pasos de fauna son un avance, pero persisten dudas sobre las medidas concretas que se implementarán para garantizar la reproducción y supervivencia de especies amenazadas, como el jaguar. Especialistas han reiterado la necesidad de trabajar en la instauración de corredores biológicos para lograr esas condiciones para la fauna de la región.

El Tren Maya por sí mismo, con sus 1500 kilómetros de vía, sigue siendo un elemento fragmentador del ecosistema y es urgente asegurar que las especies puedan moverse libremente en su hábitat sin obstáculos artificiales que pongan en riesgo su existencia, considerando también que no solo se trata de un tren turístico sino de un ferrocarril de carga que tendrá conexión con Puerto Progreso y cuyas operaciones se harán aún más intensas de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno de México.

Greenpeace se pregunta: ¿Se está abordando la raíz del problema? Si bien Semarnat ha reconocido la necesidad de atender el impacto de las mega granjas y el desarrollo inmobiliario en la Península de Yucatán, es necesario aclarar si estas acciones incluyen medidas más allá de la gestión de desechos y descargas. La expansión descontrolada de estas industrias está modificando irreversiblemente el territorio, afectando no solo la calidad del agua, sino también la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales.

El anuncio sobre la reforestación como parte del Plan de Restauración Integral es un compromiso importante, pero hay preguntas clave que deben responderse: ¿Qué especies de árboles se utilizarán? ¿Cuál será el proceso de plantación y seguimiento para garantizar su éxito? ¿Cuántos árboles serán plantados considerando que para la construcción del Tren Maya se derribaron aproximadamente 10 millones? ¿En qué zonas específicas se llevará a cabo esta reforestación? Sin un plan detallado, este esfuerzo podría quedar en una acción simbólica sin un impacto real en la recuperación del ecosistema.

Desde 2022, Greenpeace y diversas organizaciones señalaron los riesgos ambientales de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Aún siguen vigentes las alertas sobre el Tramo 5 Sur y sus implicaciones, como la construcción sobre terreno kárstico, la afectación al sistema de cuevas y ríos subterráneos, la contaminación del acuífero por la perforación del suelo para instalar pilotes y estructuras, el alto volumen de deforestación y la pérdida de biodiversidad. De continuar las operaciones en las mismas condiciones, será altamente improbable revertir estos impactos.

Otro aspecto que requiere atención inmediata es la proliferación de bancos de materiales pétreos a los que se conoce como “sascaberas”, los cuales abastecen a la industria inmobiliaria y de construcción, así como a la propia construcción del Tren Maya. Es alarmante constatar que tan solo en la Gaceta Ecológica de la Semarnat emitida el 27 de marzo pasado, se enuncian las resoluciones para 20 bancos de material pétreo promovidas por la Sedena para el Tren Maya durante 2024 y 2025, así como la construcción de 4 hoteles a cargo de esa misma institución, y que están devastando miles de hectáreas de selva todos los días. ¿Cuál será el plan para frenar los cambios de uso de suelo que se están dando de manera indiscriminada para alimentar este modelo? La extracción sin control de estos recursos sigue impulsando la degradación del ecosistema y la pérdida de biodiversidad.

Estos son solo algunos de los puntos y preguntas esenciales para abordar en espacios de trabajo convocados por las autoridades, en conjunto con especialistas y comunidades locales. Se requieren acciones concretas y un diálogo transparente e incluyente con las comunidades locales que garantice que la restauración ambiental sea efectiva y se base en la ciencia y el conocimiento de quienes habitan y protegen estos territorios. Hasta aquí parte del análisis de Greenpeace sobre el daño ambiental que provocó la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán y que ya reconoció oficialmente la Semarnat.

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