SEMA y PPA Inician Operativo Tras Hallazgo de Crematorio Clandestino que Funcionó sin Control Oficial en Chetumal

Jimena Madrigal / CAMBIO 22

Luego de que un crematorio clandestino de mascotas operara sin permisos, sin supervisión y sin una sola denuncia oficial ante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), la dependencia inició junto con la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) apenas ahora un operativo de inspección y vigilancia para detener posibles nuevos casos en la capital del estado.

El establecimiento fue descubierto tras denuncias ciudadanas por fraude en la entrega de urnas con cenizas falsas, situación que derivó en la detención de los presuntos responsables por daño ambiental y usurpación de funciones. Sin embargo, el caso dejó en evidencia la falta de control institucional en un servicio que debería estar regulado bajo estrictos lineamientos ambientales.

Óscar Rébora, titular de la SEMA, reconoció que la dependencia nunca recibió solicitud, trámite o aviso de operación, a pesar de que un crematorio requiere manifestación de impacto ambiental, licencia de funcionamiento y estudios de riesgo, entre otros requisitos.

“No contaban con ningún tipo de permisos por parte de nosotros… Nunca se emitió una solicitud”, señaló el funcionario.

Fue hasta que ciudadanos denunciaron irregularidades en redes sociales y ante la Fiscalía cuando las autoridades ambientales reaccionaron. Tras confirmarse el funcionamiento ilegal, la SEMA pidió a la Procuraduría de Protección al Ambiente iniciar inspecciones, rastrear publicidad en internet y recopilar evidencia.

El titular admitió que el caso también es delicado por el daño causado a las familias que confiaron en el servicio. A pesar de ello, la autoridad no precisó por cuánto tiempo el crematorio operó sin control, ni cuántos propietarios resultaron afectados.

La SEMA informó que el operativo se mantendrá activo para localizar más establecimientos irregulares, mientras se espera que la Fiscalía concluya los procesos para judicializar las carpetas de investigación.

El caso reaviva cuestionamientos sobre la vigilancia ambiental en la capital y la facilidad con la que negocios sin autorización logran operar, aun con actividades que generan residuos y requieren controles sanitarios y ambientales estrictos.

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