Jimena Madrigal / CAMBIO 22

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) intensificó las acciones para combatir los desarrollos irregulares y prevenir fraudes inmobiliarios en Quintana Roo. En los últimos seis meses, la dependencia ha presentado dos denuncias penales y prepara al menos siete más contra empresas o personas que promueven proyectos sin los permisos correspondientes.

El titular de la Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, informó que durante este periodo se han realizado 125 visitas de inspección en diferentes municipios del estado, siendo Tulum y Playa del Carmen las zonas con mayor número de revisiones.

“Estamos reforzando las inspecciones y la presentación de denuncias penales. Hay personas que, a pesar de haber sido notificadas, continúan promoviendo desarrollos irregulares. No queremos entrar en confrontación, pero sí dejar claro que deben ponerse en orden”, advirtió el funcionario.

Detalló que entre 15 y 20 desarrollos han sido clausurados, la mayoría en la zona norte, por incumplir con la normatividad urbana o ambiental. Además, 116 fraccionamientos o proyectos se encuentran boletinados al detectarse que se promocionan en redes sociales, calles o medios de comunicación sin contar con permisos municipales ni estatales.

“Cuando identificamos un desarrollo irregular, consultamos al municipio y, si no tiene permisos, emitimos un boletín preventivo para alertar a la población y evitar operaciones de compra o venta. Algunos de estos proyectos ya se han acercado para regularizar su situación”, explicó Alonso Ovando.

El titular de la Sedetus recordó que la promoción y venta de desarrollos irregulares constituye un delito penal, de acuerdo con el Código Penal de Quintana Roo. Por ello, exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la legalidad de los proyectos antes de invertir o firmar cualquier contrato.

Asimismo, destacó que la dependencia trabaja en procesos de capacitación continua y campañas informativas para que promotores, vendedores y ciudadanos participen de manera activa en la prevención de fraudes inmobiliarios.

“La intención no es frenar la inversión, sino garantizar el desarrollo ordenado del estado y proteger el patrimonio de las familias quintanarroenses”, concluyó.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

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