Enrique Rodrigues /CAMBIO22

La tarde del jueves 11 de abril transcurrió con intensidad al interior del Poder Judicial de la Federación tras el bombazo que representó la noticia sobre el arranque de una investigación integrada por varias denuncias.

El acuerdo que admite el inicio del proceso indagatorio en el Consejo de la Judicatura Federal tiene fecha del martes 9 de abril y fue autorizado por la Ministra Norma Piña Hernández, presidenta de esa institución y de la Suprema Corte de Justicia. Fue asistida por Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigaciones Administrativas, como dice el documento de investigación J/108/2024 en poder de esta columna.

Irónicamente, esa unidad estuvo a las órdenes de los denunciados, entre ellos, un oscuro personaje empoderado por Arturo Zaldívar de nombre Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien se desempeñó como Secretario General de la Presidencia en la judicatura federal durante 4 años. Es decir, los que fueron perseguidores ahora podrían ser llamados a cuentas.

El documento de 15 cuartillas detalla diversas versiones anónimas, sin embargo, se integró con otras que sí muestran la identidad de los afectados, muchos de ellos jueces y magistrados federales, funcionarios cesados y amedrentados en la pasada administración, así como particulares que fueron vulnerados en sus derechos de defensa en litigios manoseados por personajes cercanos al expresidente de la Corte y, concretamente, por Carlos Alpízar. Sobre él pesan denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, corrupción, extorsión, desvío de recursos públicos para beneficio propio, violencia sexual y de género, así como “subordinación a un Poder distinto al Judicial Federal” (SIC).

Se dan detalles de las intervenciones de Alpízar para amedrentar a juzgadores en al menos 15 grandes asuntos entre los que se encuentran el de la cooperativa Cruz Azul, la empresa naviera TRESE, Ley de Hidrocarburos e Industria Eléctrica, Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya, Emilio Lozoya, Telecomunicaciones (diversos), persecución ilícita de la familia Jenkins y otros casos de trascendencia nacional.

El texto contiene descripciones detalladas de sus intervenciones para presionar a juzgadores, hacerles recomendaciones e incluso amenazarlos. Hay un párrafo que a la letra dice: “Las citas al Consejo no eran amistosas, era una extorsión. Los jueces en cateos, arraigos e intervención de vías de comunicación fueron los más presionados por conducto de Carlos Alpízar, las llamadas eran cotidianas, sobre todo en asuntos relativos a aseguramiento de cuentas, delitos financieros, solicitudes de información bancaria, cateos, intervención de teléfonos, entre otros, los jueces que se negaron a obedecer fueron readscritos y colocaron jueces a modo como es el caso de los jueces Artemio Zúñiga Mendoza y Juan Gonzaga Sandoval”.

“Periódicamente Carlos Alpízar citaba a los jueces especializados en esa materia y hasta magistrados que conocían esos temas, ya sea individualmente o de manera general les entregaba criterios recomendados por el ex ministro Arturo Zaldívar al momento de dictar sus determinaciones y les exigía ser laxos con la fiscalía, cuando sus solicitudes no cumplieran con la ley”.

Otros implicados en las denuncias son todavía funcionarios dentro del Poder Judicial. Son los casos de Edgar Manuel Bonilla del Ángel, actual director del IFECOM a quien se le señala por presunta corrupción, según el texto de referencia.

Netzaí Sandoval Ballesteros, por presunta corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito y uso indebido del cargo y las instalaciones durante la época en la que dirigió el Instituto Federal de Defensoría Pública. Actualmente es el coordinador de la ponencia de Lenia Batres Guadarrama en la Suprema Corte de Justicia.

También están implicados, según la fuente de referencia, jueces y magistrados que aceptaron las presiones de Alpízar o mantienen cercanía con él. Entre ellos se menciona a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la morenista Dolores Padierna Luna y esposa de René Bejarano conocido como “el señor de las ligas”.

Se describen puntuales denuncias respecto a Iván Aarón Zeferín Hernández, actualmente magistrado. A este personaje se le atribuyen intervenciones ilícitas y cargadas de parcialidad en asuntos como el de Cruz Azul, la indignante persecución contra integrantes de la familia Jenkins de Landa encabezada por Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República y otros litigios en los que se dice, el juzgador obedeció “instrucciones superiores” proporcionadas por Alpízar Salazar.

¿Qué sigue tras el inicio de la investigación, sin duda inédita? La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas tiene las más amplias facultades para recabar los medios probatorios que resulten necesarios en el esclarecimiento de las conductas denunciadas para establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, las implicaciones que resulten de dichos comportamientos.

Aunque la denuncia general que deriva en casos como los ya descritos tiene carácter anónimo es importante decir que el documento se enriquece de expedientes, quejas y actuaciones presentadas por las víctimas, entre las que se encuentran particulares, juzgadores, funcionarios en activo, ex funcionarios y hasta litigantes dispuestos a rendir testimonio y presentar elementos probatorios que serán considerados en la investigación.

Sobre los hechos presuntamente atribuibles a Zaldívar, actualmente asesor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República, el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigarlo y en su caso sancionarlo como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, será ante la Suprema Corte donde se evaluarán las eventuales faltas administrativas de las personas ministras, por lo que se enviará copia certificada de la denuncia para el trámite que corresponda ante el Tribunal Constitucional, lo que significa que será investigado en la máxima instancia.

La normatividad vigente permite que las quejas o denuncias puedan presentarse por cualquier persona, servidor público que tenga conocimiento de los hechos que acrediten la existencia de faltas administrativas. Expresamente se permite que las quejas o denuncias puedan ser anónimas. Durante la presidencia de Arturo Zaldívar en la Judicatura Federal se mandaron investigar 283 denuncias de carácter anónimo entre administrativas y jurisdiccionales, de 2019 a 2022.

¿Las consecuencias? Eventualmente el ex ministro de la Corte podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, si los ministros al analizar las denuncias determinan la existencia de responsabilidades administrativas.

Para los juzgadores y funcionarios en activo involucrados podrían recaer sanciones tan graves como la destitución. En el caso de Alpízar los resultados de la indagatoria podrían tener consecuencias de carácter penal en el caso de las denuncias por acoso, extorsión y violencia sexual y de género como se desprende del acuerdo de arranque de la investigación.

El próximo jueves continuaré con este tema en mi columna Libertad Bajo Palabra.

EDICTOS

Horas después de conocerse el contenido de los señalamientos, Arturo Zaldívar reaccionó durante una charla con Ciro Gómez Leyva, espacio periodístico del que es colaborador semanal en Radio Fórmula. Dijo, entre otras cosas: “Esto tiene una intencionalidad política muy clara, una especie de revancha contra la 4T, además de desprestigiar”. Dijo también que hará su defensa técnica, política y mediática.

 

 

Fuente : La Lista

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