Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 23 de octubre.- En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Sergio Avilés Demeneghi, fue cuestionado dura y reiteradamente por representes de Morena y el PVEM por haber impugnado la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confirmó la inelegibilidad de Luis Gamero Barranco por tener una sanción vigente por violencia política de género.

El primero en cuestionarlo fue el diputado Omar Rodríguez, amigo de la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; seguido por la diputada Elda Xix Euán, también con vínculos con la alcaldesa capitalina y que, por cierto, está acusada por su exnuera de coludirse con su hijo para hacerla víctima de violencia vicaria.

Pero también se unieron a cuestionar su papel en este caso la diputada morenista Mildred Ávila Vera; la verdecologistas Susana Hurtado; y el sin partido Julián Ricalde; y además fue cuestionado por el nombramiento de la magistrada en funciones Maogany Acopa Contreras, que lo acompañó en la impugnación, por los diputados Hugo Alday, del PT; Hugo Aldana Navarro, de Morena; y del PVEM, Estefanía Mercado.

Ante los cuestionamientos, que inclusive lo señalaron de actuar como abogado de un sancionado por violencia política de género y defender a un violentador de mujeres, Sergio Avilés Demeneghi dijo que la impugnación que presentó fue para defender la autonomía y la competencia del Teqroo; que no era la primera vez que lo hacían y que lo seguirán haciendo.

Dijo que su impugnación no fue para que se atendiera el fondo del caso Gamero, ni fue por interés político ni por fobia; y que al final el TEPJF declaró que no tenía legitimación activa para emprender el juicio.

No obstante, alegó nuevamente, como hizo en su impugnación, que aunque el caso Gamero está jurídicamente cerrado, no fue debidamente juzgado, porque inclusive el magistrado ponente de la sentencia que rechazó su impugnación emitió un voto particular, en el que dijo que propuso eso porque ha sido el criterio de la mayoría del TEPJF, pero él consideraba que la Sala Xalapa si fue omisa en examinar la constitucionalidad del artículo de la Ley Electoral impugnado por Gamero, a la luz de la reciente reforma al artículo 38 de la Constitución federal conocida como 3 de 3 contra la violencia de género.

Asimismo, Avilés Demeneghi insistió en que para él la inscripción en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género no es una sanción, sino sólo un acto de reparación y de efecto publicitario, y que la cancelación del registro de candidatura realizada por el Ieqroo es la sanción que recibió Gamero, a pesar de que en su sentencia final la Sala Xalapa reiteró que en el caso de Quintana Roo la inscripción si constituye sanción, porque la ley local así lo establece, al determinar la inelegibilidad del inscrito.

De todos modos, insistió en que en ningún momento acudió al tribunal para impugnar la resolución de fondo del caso Gamero, y pidió a los diputados y diputadas leer la resolución del TEPJF.

Asimismo, en el mismo contexto, fue cuestionado de si en este tipo de resoluciones actúa por agradecimiento a la senadora Marybel Villegas Canché por haber cabildeado su nombramiento como magistrado electoral, con el riesgo de meterse en los conflictos internos de Morena; a lo que Avilés Demeneghi contestó que la senadora Villegas no hizo cabildeo por él, sino que él mismo cabildeó su designación con los senadores, y finalizó aseverando que los magistrados electorales no lo deben el cargo a una persona y seguirán “juzgando de forma imparcial, sin presión de ningún grupo político”.

A pesar de sus explicaciones, Avilés Demeneghi fue reprendido por la diputada Elda Xix, que le dijo que las mujeres esperan que el tribunal sancione a los violentadores de mujeres, no que defienda a los violentadores, y que los violentadores sancionados se defiendan por su propio derecho, por lo que le pidió que no se vuelva a repetir que el tribunal actúe como abogado defensor de violentadores de mujeres.

Además, la diputada Mildred Ávila Vera lo acusó de incurrir en violencia política por no consultar a la magistrada Claudia Carrillo Gasca el nombramiento de la secretaria general de acuerdos, Maogany Acopa Contreras. como magistrada en funciones.

Como esta magistrada en funciones acompañó a Avilés Demeneghi en la impugnación cuestionada en la comparecencia, fue objeto de la desacreditación de las legisladoras y legisladores por considerar que no le correspondía el cargo por inexperiencia y falta de probidad, y que pone en riesgo las sentencias del tribunal, porque tenía solo 4 meses como secretaria de acuerdos y carecía de experiencia jurisdiccional cuando la elevaron a su actual posición; y porque había una secretaria de estudio y cuenta con 10 años de experiencia en el tribunal que podía haber sido designada en su lugar; además que criticaron que le pagaran los mismos que a un magistrado nombrado por el Senado.

En este caso, Avilés Demeneghi defendió el nombramiento de la magistrada en funciones indicando que la profesionista tiene 15 años de experiencia en la materia electoral y cumple con todos los requisitos para el cargo, además de que se cumplió el procedimiento marcado por la ley, pero no contestó por qué no consultó a su par Claudia Carrillo Gasca.

Lo que sí hizo es aprovechar este punto para dar vuelta a los argumentos promujeres de los legisladores, al afirmar que si se desacredita a Acopa Contreras de esa forma también se desacredita a la magistrada Claudia Carrillo Gasca, porque cuando fue designada ella tampoco tenía experiencia jurisdiccional, y se colocó en el papel de defensor “a capa y espada” de sus compañeras de pleno como excelentes mujeres profesionistas, además de expresar que no son improvisados los que están en el tribunal.

Explicó también que la figura de magistrada en funciones está prevista en ley, con una prelación sobre quien puede ocupar el cargo, y que es para casos extraordinarios como la vacancia en una magistratura, como en este caso que está vacante la que dejó Víctor Vivas Vivas en diciembre del año pasado, pero el problema es que el Senado no ha cumplido con nombrar a los relevos en 31 estados del país.

Pero no sólo por su polémica actuación fue cuestionado Avilés Demeneghi, sino por el bono de un mes de sueldo que cada 3 meses se paga a los magistrados electorales y altos mandos del Teqroo, y que no es parejo para todo el personal.

Al respecto, reconoció que existe como una prestación extraordinaria y que se entrega desde que inició sus funciones el Teqroo y que son garantías judiciales que se están protegiendo con este pago, y sólo para esos niveles para cubrir a cabalidad el desempeño del cargo.

 

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RHM

 

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Diario Cambio 22 - Península Libre