Cuando la Critica se Vuelve Delito Ante un Poder que Elige el Camino del Totalitarismo

Redacción/CAMBIO 22

Si se confirma que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha emitido medidas de protección a favor de la alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, para “protegerla” de dos medios de comunicación críticos — Poder y Critica e Información S/Limite Quintana-Roo —, estaríamos ante una peligrosa distorsión de la justicia. Lo que aparenta ser una acción de “defensa de los derechos de las mujeres” es, en realidad, un acto de intimidación judicial contra la prensa. Y como ya saben que #MiPechoNoEsBodega en estas líneas #TeLoCuento

La carpeta FEMDE/06/2/2025, según versiones extraoficiales, fue atendida por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Electorales, y derivó en órdenes restrictivas para que periodistas no “molesten ni intimiden” a la edil isleña. Es decir, se está intentando penalizar la labor de los medios bajo el argumento de “actitudes hostiles”, una categoría tan subjetiva como peligrosa. Porque cuando el poder político define qué lo incomoda y criminaliza la incomodidad, la censura deja de ser un riesgo: se convierte en política de Estado.

La alcaldesa ya había intentado, sin éxito, que el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y el Tribunal Electoral (TEQROO) le otorgaran medidas cautelares por violencia política en razón de género. Ambas instancias se negaron: no hallaron en las publicaciones elementos violatorios de la ley. Entonces, el expediente tomó el atajo penal, y la Fiscalía de Raciel López Salazar parece haberle dado lo que las autoridades electorales no concedieron: silencio comprado con el peso del Estado.

Atenea Gómez, como funcionaria pública, debe rendir cuentas, no blindarse con denuncias penales. La figura de la violencia política de género es seria, urgente y legítima. Pero cuando se usa como muro de contención para frenar la crítica o disfrazar la molestia con persecución, lo que se debilita no es solo el periodismo: es el Estado de derecho.

No es un caso aislado. Lo que hoy ocurre en Isla Mujeres recuerda el patrón que la gobernadora Layda Sansores impuso en Campeche: usar la justicia como garrote contra voces incómodas. Bajo el disfraz de “campañas de odio”, Sansores ha perseguido periodistas y opositores que simplemente hacen lo que deben: cuestionar el poder, fiscalizar el gasto, poner el dedo en la llaga.

La Fiscalía de Quintana Roo, al parecer, ha decidido alinearse con ese modelo. ¿Qué sigue? ¿Medidas de protección para que ningún periodista vuelva a mencionar a un alcalde molesto? ¿Órdenes judiciales para censurar columnas incómodas? ¿Cárcel preventiva para quien investigue contratos públicos?

Y aquí es donde urge una respuesta ética:

¿Cuál es el papel del periodista en una democracia? ¿Aplaudir al poder o vigilarlo?

¿Qué clase de “violencia” es señalar corrupción, nepotismo o ineficiencia?

¿Desde cuándo pedir explicaciones a un funcionario público se volvió un delito?

¿Quién protege al periodismo cuando es el Estado quien lo acosa?

Si hay acoso real, que se sancione. Pero si hay crítica legítima, que se respete. Porque en democracia, el poder no tiene fuero moral frente a la prensa.

Y si la Fiscalía de Raciel López Salazar tiene tan claro el camino de la justicia, que empiece con las cifras reales:

¿Cuántos feminicidios resueltos hay en 2025?

¿Cuántos agresores sexuales detenidos?

¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar han sido llevados hasta las últimas consecuencias?

¿O es más cómodo proteger a una alcaldesa que se queja por columnas que enfrentar al crimen que mata mujeres todos los días?

El mensaje es claro y brutal: si criticas al poder, puedes terminar denunciado. Si lo haces desde un medio local, puedes ser censurado. Y si la Fiscalía entra en el juego, ya no es justicia: es sumisión institucional.

En Quintana Roo, la prensa no es el enemigo. Pero parece que el poder ya decidió tratarla como tal.

Fuente: JuanJo Sanchez / Facebook

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