abril 19, 2024 16:48

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Renán Castro Madera, Director General

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Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo.- Por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos a favory 2 en contra del dictamen de inconstituciolidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del decreto que contiene la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

Este revés para el proyecto electoral del presidente de México anticipa que toda la reforma electoral que impulsó sobre la legislación secundaria se caerá, puesto que la segunda parte del Plan B, que contiene las modificaciones a la estructura operativa del INE, adolece de los mismos vicios de constitucionalidad que hoy se le señalaron al procedimiento de origen.

El proyecto de declaratoria de invalidez estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, que admitió las acciones de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, 30, 31, 37, 38, 43 y 47/2023, y basó su argumentación en violaciones graves al procedimiento legislativo.

Dado que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que el ministro Alberto Pérez Dayán debía dispensarse de participar en la discusión, primero el Pleno determinó por unanimidad que no había impedimento para que participara,con lo que se dio paso a la discusión del proyecto, desechando la petición de AMLO.

En primera instancia se dio lectura a la legitimación de los actores para impugnar, en donde también se determinó por unanimidad que existía, pues los legisladores de oposición cumplieron con los requisitos solicitados por la ley como el que la demanda debe estar firmada por 33 por ciento de los órganos legislativos.

En cuanto a la violación de los procedimientos legislativos, que es el Tema 3 del estudio de fondo, la ministra Margarita Ríos Farjat coincidió con el argumento del proyecto en este rubro, pues no se observó la doctrina constitucional que ha establecido la Suprema Corte en torno a la dispensa de los trámites.

Consideró que no se dieron razones para que se procediera directamente a la discusión y aprobación de estas dos normas sin pasar a comisiones, un hecho que debió haber sido observado desde la Cámara de Diputados.

Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá coincidió con la propuesta del ministro Pérez Dayán, quien respaldó los precedentes en cuanto a los vicios legislativos en los cuales se incurrió.

“¿Qué deliberación puede existir sobre aquello que no se conoce?”, cuestionó el ministro, al recordar que la iniciativa fue discutida a sólo unos minutos de que se informó que había presentado modificaciones.

En ese mismo sentido se pronunció el ministro Luis María Aguilar Morales, quien señaló que se encuentran acreditadas múltiples irregularidades y violaciones al procedimiento legislativo que por sí solas serían suficientes para declarar la invalidez de todo el decreto.

Mientras que el ministro Arturo Zaldívar señaló que el hecho de que no se diera el tiempo suficiente para que todos los legisladores pudieran analizar y discutir en plenitud y con fondo las reformas, la violación queda convalidada.

En el análisis de este caso particular, Zaldívar Lelo de Larrea consideró que la premura del legislativo generó una especie de efecto corruptor, que lo llevó a votar por la “invalidez total de este decreto y en el sentido del proyecto”, pero con un voto concurrente.

En cambio, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, afín al presidente de la República y cuestionada por el plagio de su tesis de licenciatura, consideró que las violaciones al proceso legislativo no fueron graves e incluso señaló que hubo una anuencia por parte de quienes integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en cuanto a cómo se procedería en el trámite de esta ley.

En ese sentido, acusó que los partidos accionantes desconocieron los acuerdos a los que llegaron sus respectivos coordinadores en la Jucopo.

Mientras que la ministra Loretta Ortiz, también considerada afín al gobierno de la 4T, igualmente se pronunció a favor de la validez del Plan B electoral, al señalar que no existe normativa que permita que la Suprema Corte someta a escrutinio la decisión de los legisladores de hacer suya una iniciativa y hacerle modificaciones, las cuales consideró que “fueron mínimas”, además de que a su parecer los legisladores sí conocieron las reformas que se votaron.

Javier laynez Potisek consideró que no es posible garantizar que los legisladores conocieran el contenido de las iniciativas que se aprobaron y desdeñó el argumento de la ministra Yasmín Esquivel en torno a la reunión de la Jucopo, sobre lo cual señaló que se realizó por la mañana, cuando el debate aún no había iniciado el debate sobre la norma.

“Se corrobora que fue concluida la sesión matutina cuando el señor presidente envía sus dos iniciativas a la Cámara de Diputados y en sesión se anuncia este envío y se envían a dictaminación de las comisiones respectivas”, pero luego de que Morena las hiciera suyas y presentara nuevas iniciativas, fue donde se dispensaron los trámites.

Al final de la discusión se pronunció la ministra Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte, quien inició manifestando su voto a favor del proyecto que declara la invalidez del Plan B electoral.

“Advierto que el decreto impugnado efectivamente fue emitido sin observar algunas de las reglas constitucionales y legales del proceso democrático que dan lugar a un potencial invalidante”, dijo.

Añadió que la votación se dio sin que todos los partidos pudieran conocer la iniciativa y se dispensaron los trámites sin justificar la medida.

Con información de Infobae

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