Inicio / SCJN Concluye Relación con un Proveedor Histórico y Deja en Suspenso Vestimenta de Ministros Electos

La proveedora histórica que confecciona estas prendas reveló a Reporte Indigo que el Poder Judicial de la Federación (PJF) le notificó con retraso sobre el nuevo pedido, lo que derivó en la ruptura de la relación contractual.

“No aceptamos el pedido porque apenas nos avisaron y estamos llenos de trabajo”, aseveró Caridad Sombrita Villa García, la responsable del taller que ha ganado varios contratos de la SCJN en los últimos años para la elaboración de estas prendas.

De acuerdo con varios contratos alojados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Corte ha destinado varias bolsas presupuestarias para la elaboración de las togas que utilizan los 11 miembros del Máximo Tribunal Constitucional.

Y es que cada prenda judicial tiene un costo que oscila entre 23 mil y 25 mil pesos, de acuerdo con los contratos firmados en los últimos años. El precio de cada indumentaria varía según el uso previsto, es decir, si será destinada a sesiones especiales o al trabajo cotidiano.

Por ejemplo, en el periodo del 16 de abril de 2023 al 16 de abril de 2024, el precio unitario reportado para este tipo de vestimenta oscilaba en un máximo de 25 mil pesos cada pieza.

Mientras que en una respuesta fechada el 2 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación detalló que, tras un procedimiento de contratación identificado con la clave AD/MIN/DGRM/314/2023, se adquirieron tres togas mediante un contrato simplificado por un monto total de 84 mil 499.99 pesos.

El desglose establece que cada toga para ceremonias extraordinarias tuvo un costo unitario de 25 mil pesos, mientras que la toga para ceremonias ordinarias ascendió a 23 mil 922.41 pesos, ambos precios sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En una de sus últimas compras, la SCJN costeó seis togas más para los tres ministros que están por culminar sus funciones el próximo 31 de agosto del presente año, las cuales tuvieron un costo de 23 mil 500 pesos cada una.

En 2020, el Máximo Tribunal Constitucional desembolsó más de 211 mil pesos para vestir con estas togas a los todavía ministros en activo Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.

Adquisiciones que se encuentran reguladas por el Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la SCJN y los Acuerdos Generales de Administración que facultan a la Dirección General de Recursos Materiales para llevar a cabo la contratación de bienes y servicios.

Por ley deben vestir togas 

La toga es una prenda que ha generado polémica en los últimos meses, aunque el reglamento del Poder Judicial de la Federación establece como obligatorio que los impartidores de justicia porten prendas hechas en seda y con características especiales.

Según las especificaciones, la toga constituye un símbolo de seriedad y máximo respeto a los ministros que las portan en cada sesión de trabajo y las cuales deben resguardarse al término de cada jornada de trabajo.

Una Corte que busca romper la tradición 

El presidente electo de la SCJN, Hugo Aguilar, advirtió que el próximo 1 de septiembre, cuando asuma funciones en acato a la reforma judicial, lo hará sin toga y, en su lugar, con una guayabera, pues ha dejado en claro que esta prenda del PJF es sinónimo de las élites del poder.

Aunque esto contraviene la ley, ya que desde 1941 existe un decreto presidencial que estipula la obligatoriedad de portar toga para todos los ministros de la SCJN. El propio Aguilar ha señalado que buscará modificar esta disposición.

Senadores de Morena incluso propusieron en junio de este 2025 una iniciativa de reformas para finalizar con el uso obligatorio de la toga en las audiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En redes sociales, el debate sobre mantener o eliminar el uso de la toga ha dividido opiniones entre militantes y funcionarios de Morena, así como en sectores de la oposición e incluso en despachos de abogados.

“Me encanta la idea de que se reforme el decreto para que los nuevos ministros puedan usar toga o vestidos de gala indígena según decidan. Fin del comunicado”, sostuvo Viridiana Ríos, politóloga.

Un proveedor desde hace 30 años

Para el próximo 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá ahora nueve ministros en lugar de los 11 debido a la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la ley, cada impartidor de justicia debe recibir tres togas al iniciar sus períodos del Máximo Tribunal Constitucional del país. Prendas que pueden renovar las veces que así lo soliciten los ministros, según su criterio y no por cuestiones de deterioro.

Las togas, que históricamente se han encargado a un solo proveedor, provienen de un taller ubicado en la Ciudad de México que, entre sus especificaciones, establece que estas piezas de tela sean de seda mate negra, con cuello, vueltas y puños del mismo color.

Sin excepción, todas las prendas están diseñadas para cubrir casi por completo el cuerpo de las ministras y ministros de la SCJN.

En un recorrido realizado por este diario en el taller encargado de confeccionar las prendas del Poder Judicial, se constató que el inmueble permanecía con la cortina cerrada.

Austeridad en otras Cortes 

En tribunales de otros países, la práctica es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema adquieren sus togas de manera personal y, en ocasiones, simbólica —varios ministros han heredado prendas de antecesores, como muestra de continuidad institucional.

En tanto, en países europeos como España o Francia, los uniformes judiciales están regulados por ministerios de justicia, pero se adquieren mediante procesos de licitación periódicos que permiten la participación de varios talleres.

Si bien el decreto presidencial no establece sanciones explícitas, su incumplimiento puede interpretarse como un acto de desacato normativo. Aun así, los ministros electos de la SCJN podrían optar por no utilizarla.

La norma además no especifica el uso obligatorio de la toga para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesiones y actos oficiales, por lo que prescindir de ella tampoco invalidará las resoluciones emitidas.

¿Y los birretes?

Además de las togas, el birrete es otro símbolo que ha sido fuertemente cuestionado, por lo que se ha planteado eliminarlo también de la indumentaria de los nuevos impartidores de justicia.

Los registros oficiales de la Suprema Corte de Justicia detallan que los birretes que se han adquirido en los últimos años cuestan alrededor de mil 500 pesos cada uno. En suma, la Corte ha destinado casi 100 mil pesos solo para estos artículos en los últimos diez años.

‘La toga no hace al juez’

La toga es un atuendo solemne que por décadas ha distinguido a los jueces y magistrados del país, por ello es clave que se mantenga esta prenda judicial a pesar de los cambios o reformas.

Así lo sostuvo Adriana Carmona Carmona, jueza séptima de distrito de amparo en materia civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla, quien detalló que más allá de un accesorio, la toga representa un símbolo que infunde respeto, confianza y seriedad en el sistema de justicia.

“La toga judicial, con su sobria presencia, trasciende el mero atuendo para convertirse en un emblema de la investidura del juez, un recordatorio visible de la responsabilidad que recae sobre los hombros de quien la lleva: la de resolver conflictos con imparcialidad, proteger derechos y garantizar la verdad”, señaló la impartidora de justicia.

En entrevista con Reporte Indigo, la jueza recordó que, aunque poderosa en su simbolismo, la toga no hace al juez. “Más allá de su fuerza emblemática, lo que define a un juzgador es su preparación, su compromiso con la equidad y la honestidad inquebrantable que da sustento a su autoridad moral”, dijo.

Agregó que los justiciables deben confiar en que sus casos serán resueltos con independencia y transparencia, con o sin la presencia de la toga, pues confía que los nuevos jueces y ministros que lleguen el próximo 1 de septiembre se comprometan en todo momento con la verdad.

“La toga puede ser un distintivo, pero es el carácter íntegro y la capacidad de decidir con base en la ley y la razón lo que verdaderamente define a un juez”, externó Adriana Carmona.

Por ello, hizo un llamado a que, si los ministros deciden prescindir de la toga en este momento histórico, lo hagan bajo una condición: que la honestidad, la independencia, la rectitud y la integridad se conviertan en su nueva vestimenta. “La sociedad mexicana confía en que así sea”, advirtió.

Para la jueza poblana, el verdadero desafío no está en mantener o eliminar la indumentaria, sino en garantizar que cada resolución judicial refleje imparcialidad, compromiso con la ley y respeto irrestricto al Estado de Derecho.

“Al final, lo que importa no es si los ministros visten toga o no, sino que cumplan con su deber constitucional: impartir justicia con independencia, imparcialidad y apego a la ley. No podemos permitir que distractores superficiales desvíen la atención de lo esencial”, concluyó Carmona.