Graciela Machuca Martínez/Cambio 22 

**Crece la burocracia anticorrupción a la par del desvío de recursos públicos y se consolida la impunidad.

**Gobierno federal y estatal diseñarán el Programa Estatal de los Derechos Humanos.

**Es necesario que el gobierno estatal pida asesoría en materia de DDHH, porque no se puede repetir el 9-N.

La burocracia que se ha ido conformando durante los últimos años para observar y sancionar a las personas servidoras públicas en caso que incurran en irregularidades en Quintana Roo, solo juegan un papel ornamental, porque hasta el momento no ha justificado los recursos que les paga el pueblo para operar, incluso, es común escuchar entre la población que esas personas servidoras públicas se han convertido en cómplices de quienes tienen que vigilar.

Las facultades y los objetivos de estas instituciones están justificados ante el grado de corrupción que impera en la entidad, pero no han sido capaces de justificar el presupuesto erogado, porque van y vienen gobiernos, el dinero público desaparece y las dependencias creadas para observar, vigilar, investigar y castigar son omisas.

Quienes están frente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, la Secretaría de la Contraloría del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, cada una con sus respectivas facultades, las cuales están delimitadas por la ley, deben explicarle a la sociedad quintanarroense que han hecho para cuidar el patrimonio del estado y sanciones a las personas servidoras públicas que han violado la ley y han usado los recursos públicos como si fueran de su propiedad.

Un caso que debe ser investigado de inmediato es lo que está sucediendo al interior de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, institución en la que su oficial mayor Erick Armando Poot Alcocer recibió observaciones de parte de la Auditoria Superior del Estado sobre la construcción de un edificio, para lo cual no tiene facultades legales.

De acuerdo a la investigación dada a conocer por el periodista Gonzalo Hermosillo, Poot Alcocer, como oficial mayor del organismo, avaló la construcción de un cajón tipo bodega para después acondicionarlo como oficinas, con un sobreprecio detectado por la referida Auditoria Superior, pero como la obra no se hizo con los lineamientos de la Secretaría de Obras Públicas, pues no hay forma de seguir procedimientos administrativos o penales, porque la obra, además, de presentar un sobreprecio, fue hecho con materiales de pésima calidad.

Dicha construcción la realizó por asignación la comercializadora de la cual es socio Eduardo Magaña Cárdenas, yerno de Norman Ángulo McLiberty, conocido ahora empresario, socio de Joaquín Ernesto Hendrick Díaz, exgobernador de Quintana Roo.

A pesar de las observaciones de la Auditoria Superior al oficial mayor de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo no le importa que la obra se le esté cayendo, ya que se ufana en decir que a él nadie le puede hacer nada, porque su esposa, la diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella, lo protege.

Millán Estrella, es presidenta de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos; secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; vocal de las comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Educación, Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Precisamente, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, es un organismo autónomo.

Las investigaciones sobre lo que sucede, antes y después, de que no hay titular de esa comisión, debe ir a fondo, porque desde que Eduardo Martínez Arcila, mandaba en el Congreso del Estado, decidió que el PAN se apoderada de la estructura de ese organismo, después hizo alianza con el Verde Ecologista, pero por su ambición de quedarse con el presupuesto, por medio de un proceso de elección sucio, ese organismo no tiene titular. Una consecuencia de ello, es que el oficial mayor siga haciendo de las suyas con el presupuesta de esa institución que debe velar por los derechos humanos del pueblo quintanarroense y no para llenar los bolsillos de servidores públicos deshonestos.

GOBIERNO FEDERAL ASESORARÁ AL DE QUINTANA ROO PARA ELABORAR EL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Mientras en la XVII Legislatura de Quintana Roo a trabajar para su peculio, el gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación del gobierno federal elaborarán el Programa Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, por medio de esquemas de colaboración y apoyo técnico, un instrumento diseñado con las directrices de la 4T, proyecto político que en todo momento ha despreciado la cultura de los derechos humanos. Desde luego que todo esfuerzo por los derechos humanos vale la pena darle el beneficio de la duda.

Para tal efecto, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Gobierno, sostuvo una reunión con el Director General de Política Pública de Derechos Humanos (DGPPDH) de la SEGOB, José Luis Calderón Ríos y la Directora de área de la DGPPDH, Norma Contreras Félix.

La servidora pública estatal dijo que en el marco del Nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, se han emprendido acciones puntuales para que no exista ningún tipo de discriminación al momento de brindar servicios a los ciudadanos.

En tanto, el director General de Política Pública de Derechos Humanos de la SEGOB, ofreció asistencia Técnica para consolidar una política de estado en materia de derechos humanos, así como contribuir al fortalecimiento institucional de la entidad.

Se acordó conformar un cronograma de trabajo, que comprenda talleres de capacitación y la generación de indicadores, para la creación del Programa Estatal de Derechos Humanos del Estado, así como la capacitación de personas servidoras públicas en materia de obligaciones constitucionales de derechos humanos.

Durante el encuentro también participaron la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, María de los Milagros Álvarez Vidal y la directora de Derechos Humanos, Izaire Nayely González Silva.

El gobierno estatal no solo requiere la asesoría del federal, sino de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, porque las violaciones a derechos humanos contra activistas y periodistas el 9 de noviembre de 2020 en Cancún, no se puede volver a repetir, tomando en cuenta que en esa ocasión Mara Lezama gobernaba el municipio de Benito Juárez, y ahora gobierna el estado.

 

 

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