Diego Castañón Prepara su Sucesión; Impulsa al Diputado Foráneo y Desconocido Enrique Vázquez Navarro, Sin Arraigo en Tulum

• El caso más reciente ocurrió en Tulum, donde el diputado Enrique Vázquez realizó un informe legislativo sin resultados claros, con apenas una iniciativa atribuida a su nombre —la cual, según fuentes internas, habría sido elaborada por el presidente municipal Diego Castañón—. El acto buscaba posicionarlo políticamente, pero terminó exhibiendo precariedad: sin trabajo legislativo propio, sin arraigo en el municipio y sin el respaldo político clave de la gobernadora Mara Lezama, cuya ausencia marcó el evento

Redacción / CAMBIO 22

TULUM a 02 de diciembre.— La posibilidad de que el diputado federal Enrique Vázquez Navarro sea impulsado como candidato a la presidencia municipal en 2027 encendió nuevamente una discusión que en Quintana Roo ya ha dejado antecedentes legales y conflictos políticos: la imposición de aspirantes que no cumplen con los requisitos de residencia establecidos en la ley.

La legislación vigente es clara. El Artículo 10 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, reformado en junio de 2024, establece que para integrar un Ayuntamiento se debe contar con ciudadanía quintanarroense y residencia mínima de cinco años en el municipio antes del inicio del proceso electoral. En términos prácticos, cualquier aspirante a la alcaldía de Tulum debió haber estado inscrito en el padrón local desde 2022. Este requisito no es menor: en 2018 fue determinante para frenar la candidatura de José Luis “Chanito” Toledo en Benito Juárez, tras demostrarse que su domicilio real no pertenecía al municipio donde buscaba competir.

Pese a ello, en Tulum empiezan a circular señales de presión política para abrir paso a perfiles externos, aun cuando el municipio cuenta con figuras locales con arraigo, trayectoria y conocimiento territorial —desde exalcaldes hasta líderes empresariales y legisladoras en funciones— que cumplen con la residencia mínima y gozan de reconocimiento comunitario.

El problema se agrava con otro componente legal: la proliferación de actos anticipados de precampaña. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe cualquier manifestación que llame al voto antes del periodo oficial de precampañas. Sin embargo, diversos aspirantes han comenzado actividades públicas, eventos disfrazados de informes y campañas de posicionamiento, desafiando abiertamente la normativa y alimentando la percepción de que las reglas solo se aplican cuando conviene.

El caso más reciente ocurrió en Tulum, donde el diputado Enrique Vázquez realizó un informe legislativo sin resultados claros, con apenas una iniciativa atribuida a su nombre —la cual, según fuentes internas, habría sido elaborada por el presidente municipal Diego Castañón—. El acto buscaba posicionarlo políticamente, pero terminó exhibiendo precariedad: sin trabajo legislativo propio, sin arraigo en el municipio y sin el respaldo político clave de la gobernadora Mara Lezama, cuya ausencia marcó el evento.

El escenario dejó un mensaje contundente: mientras algunos actores intentan abrir paso a proyectos externos mediante vacíos legales y simulación de informes, la ley y los antecedentes recientes recuerdan que Tulum tiene perfiles locales capaces y que la residencia no es un trámite opcional, sino un requisito constitucional diseñado para evitar imposiciones políticas.

En un municipio con profundas tensiones electorales, el respeto al marco legal será decisivo para evitar que la contienda de 2027 repita viejas prácticas que ya han sido frenadas en tribunales.

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